Centro Público

Pendiente aún

La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia; la posibilidad de manifestar un sentir, una opinión o una razón es esencial para que haya discusiones públicas sobre los temas que interesan a la sociedad.
Esta libertad pública no se limita o modula con el derecho de réplica o de corrección sobre las expresiones falsas, inexactas o parciales, sino que se robustece al permitir que haya un diálogo y la posibilidad del disenso.
En la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007 se instauró expresamente el derecho de réplica en el artículo sexto constitucional, en donde se contempló la emisión de una ley que rigiera su ejercicio; la misma que se refrendó en la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión publicada el 11 de junio de 2013.
No obstante, aún no se ha concretado tal esfuerzo legislativo. Un primer paso ya se dio en la Cámara de Diputados, pues en diciembre de 2013 fue aprobado el dictamen de la Ley Reglamentaria en Materia de Derecho de Réplica.
El tema ahora está pendiente en el Senado de la República, donde fue turnado a comisiones unidas de Gobernación, Justicia y Segunda de Estudios Legislativos, que presiden los senadores María Cristina Díaz Salazar, Roberto Gil Zuarth y Alejandro Encinas, respectivamente.
Muestra de la necesidad de la nueva ley que regule el ejercicio del derecho de réplica, fueron las discusiones de la semana pasada en la Suprema Corte, en las que se pedía invalidar distintas disposiciones de la legislación electoral de los estados de Michoacán y Guerrero, entre las que destacaba la regulación del derecho de réplica en materia electoral; particularmente el punto se centró en si los congresos locales tienen atribuciones para legislar en dicho rubro.
De los nueve ministros presentes en la sesión, seis votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de la atribución que permite a las legislaturas locales regular el derecho de réplica, pero al no alcanzarse una mayoría calificada (exigida por el artículo 105 constitucional) de ocho votos, las normas estatales se mantendrán vigentes, por lo que se dispersó la noticia de que los congresos locales pueden legislar sobre derecho de réplica.
El derecho de réplica es un asunto de competencia federal, no sólo por lo complicado del tema en cuanto a la interpretación de principios constitucionales, sino también en cuanto a la uniformidad legal que debe existir, además de que dicha atribución federal se puede derivar directamente del propio texto constitucional, en el artículo 6, párrafo primero.
A fin de que no haya dudas ni lagunas legales que propicien la tentación de algunos congresos estatales para legislar en esta materia de manera diversa y con distintos niveles de técnica jurídica y de debido acatamiento a los principios constitucionales, es mejor concluir con el proceso legislativo actualmente a cargo del Senado de la República, y expedir en breve tiempo la ley reglamentaria del artículo 6o constitucional en materia de derecho de réplica.

Federico González Luna Bueno

Federico González Luna Bueno

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados.

Su trayectoria profesional inicia en el sector financiero en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para 1995 se desempeñó como Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta el año 2000, destaca su participación en la coordinación del grupo legal que elaboró la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, del Reglamento de Comunicación Vía Satélite y del Reglamento de Televisión y Audio Restringido, entre otros ordenamientos.

Encabezó diversos grupos de trabajo que llevaron a cabo la negociación de diversos tratados bilaterales y multilaterales internacionales en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y satélites.

Fundador de la firma legal González Luna y Álvarez del Castillo, S.C., miembro fundador y expresidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones; igualmente fue integrante en el Consejo Consultivo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Mercantil en la UNAM, además de conferencista en diversos foros de México y el extranjero.

Colabora editorialmente para el periódico “El Financiero” y en el programa de televisión “Economía de Mercado” en temas de telecomunicaciones.

Actualmente es diputado federal por la LXII legislativa, donde es presidente de la Comisión de Radio y Televisión y secretario de la Comisión de Comunicaciones.

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