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Infraestructura Electoral vs Infraestructura Telecom

Durante esta semana, la noticia más preocupante para el sector de las telecomunicaciones es que seguimos sin legislación secundaria, debido a que los partidos de oposición (PAN y PRD) están enfrascados en definir la legislación sobre infraestructura electoral que les permita tener una mejor posición en las elecciones del 2015, así como en organizarse a su interior, ya sea para elegir sus dirigencias o evitar su fragmentación, lo que ha sido aprovechado claramente por los intereses monopólicos dominantes que mantienen resistencias al cambio.

Además, seguramente después de la jornada electoral de 2015, y de cara a la elección presidencial de 2018, para sorpresa de muchos ciudadanos, las fuerzas políticas no estarán contentas con la infraestructura electoral creada, perseguirán que el Instituto Nacional Electoral (INE) se convierta en un Instituto Técnico Electoral (ITE) o un Instituto Mexicano Electoral (IME), ya que existen altas posibilidades de que los servicios electorales sean de la misma calidad que los que venía ofreciendo el Instituto Federal Electoral (IFE) o tal vez peores, al tiempo.

Lo anterior, indebidamente ha postergado la definición de cómo generar el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones, dando bases legales que permitan inversiones para el tendido de cables, obtención y pago de derechos de vía, colocación de antenas, instalación de centrales tecnológicas, renovación de estudios de grabación o de equipos transmisores, entre otros; en resumen, seguiremos teniendo al menos por un tiempo, las mismas opciones y precios en los servicios de telefonía, internet, radio o televisión, persistiendo la falta de competencia y el control artificial de los mercados.

Indudablemente ambas infraestructuras son importantes, por lo que el debate legislativo no debe versar sobre si primero se discute y aprueba una reforma antes que la otra, cada legislación debe discutirse en su lugar y circunstancia; pero eso sería en un mundo ideal, en el realidad existen: intereses, razones, ideologías y pasiones, mismos que se deben conjugar con el dialogo y la negociación.

Tanto la legislación electoral como la de telecomunicaciones deben estar orientadas a la prestación de un servicio eficiente y de calidad que tenga por objeto satisfacer las necesidades de los usuarios y audiencias por lo que atañe a las telecomunicaciones, y en lo que corresponde al marco jurídico electoral, a compensar a los electores con gobiernos que presten servicios públicos eficaces.

Es casi natural pensar, que en el caso del entramado político existe la tendencia a crear un diseño que mantenga el poder y satisfacción de los partidos políticos, tan es así, que en México hemos llegado al extremo de que después de cada elección a fin de consolar a la fuerza política minoritaria que perdió en las urnas, se ceda ante sus exigencias para modificar las reglas legales que supuestamente le fueron adversas, a cambio de que la mayoría ganadora que accede al cambio, obtenga mayor legitimidad.

Esta práctica no debe continuar, si como Estado aspiramos a una mayor estabilidad y crecimiento, es inaudito que cada 3 años se estén cambiando los cimientos de las instituciones electorales, lo que implica un alto costo político de negociación que deja de lado y rezaga otros temas, lo que además conlleva un elevado costo económico que se sufraga con los impuestos que pagamos, tan sólo para este 2014 el Instituto Nacional Electoral tiene un presupuesto 11.8 miles de millones de pesos (mmdp), lo que se puede contrastar con el gasto autorizado para el IFE en 2012 que fue de 15.9 mmdp, con la diferencia de que este año no tenemos elecciones federales.

Y si la inversión (costo) de la democracia podría resultar o parecer elevada, en telecomunicaciones las inversiones son aún más sustanciales, urgentes y necesarias para que haya un mercado en competencia.

De acuerdo a la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, México requiere una inversión de 8,500 millones de dólares al año entre 2013-2020 para alcanzar a los países desarrollados, estaríamos hablando de inversiones cercanas a 110 mmdp al año para cerrar la brecha digital

Tan sólo en el Programa Nacional de Infraestructura de México para el periodo 2014-2018 (publicado el 29 de abril pasado en el Diario Oficial de la Federación) dentro de la estrategia para desarrollar infraestructura en telecomunicaciones, se anunciaron 4 grandes proyectos que conjuntan inversión pública y privada con un monto total de 166.5 mmdp, desglosados de acuerdo a lo siguiente:

  • Ampliación de la red troncal de fibra óptica con una inversión de 9.7 mmdp;
  • Instalación de la red compartida de servicios móviles con una inversión de 130 mmdp para los próximos 10 años, su instalación comienza en 2014 e inicia operación en 2018;
  • Proyecto México Conectado, para proveer servicios de banda ancha a sitios espacios públicos como escuelas, hospitales, clínicas, bibliotecas, ayuntamientos, plazas, entre otros, para ello se estima una inversión de 18.6 mmdp, y
  • Sistema Satelital Mexsat de comunicaciones satelitales fijas y móviles en todo el territorio nacional a través del despliegue de tres satélites con inversiones entre 2013 y 2018 que asciende a 8.2 mmdp.

Si se toma en consideración la recomendación internacional del tamaño de las inversiones por año frente al despliegue de los proyectos citados, es indispensable que haya otras fuentes de financiamiento para el desarrollo del sector que permitan en el mediano plazo lograr que las personas tengan internet, llamadas telefónicas o videos en línea en sus hogares con mejor calidad y precio; y la solución no es otra, sino atraer a empresarios nacionales y extranjeros.

Pero más necesario aún, es que primero haya certeza sobre la existencia de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establezca las reglas para fomentar dichas inversiones, por lo que ojala y no se siga postergando su aprobación a cambio de expectativas sobre ganancias electorales o de seguir permitiendo beneficios indebidos del monopolio en telecomunicaciones.

Interferencia perjudicial, para la población mexicana al perder 576 millones de pesos al día debido a la falta de competencia en telecomunicaciones según datos de la OCDE. Si dicho monto se dividiera entre el total de la población (aunque no todos tienen acceso tecnológico) cada uno estaríamos pagando un sobre precio de alrededor 5 pesos diarios o 150 mensuales por tarifas excesivas en servicios como telefonía e internet.

Interconexión, para la población si el preponderante en telecomunicaciones acepta las tarifas de interconexión impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en su momento, las que establezca la nueva ley.

Marcos Manrique

Marcos Manrique

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el grado de maestría aprobado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad, además tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la misma Facultad, cursó el Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y acreditó el Curso Básico de Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, como mejor promedio de la generación 2011, actualmente en cursa el Diplomado en Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

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