Centro Público

Escuchemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones

El pasado 24 de marzo, casi instantáneamente a la presentación de la iniciativa de ley secundaria sobre telecomunicaciones y radiodifusión por parte del Ejecutivo Federal, hubo voces que, como acto reflejo, descalificaron el proyecto; mismas voces que criticaron el diseño de la ruta que habrá de seguirse en el Senado de la República para su análisis, discusión y su caso aprobación; mismos críticos que urgieron a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se pronunciará sobre la iniciativa, y que ahora, son los mismos que se oponen a su aprobación en este periodo legislativo.

La opinión del IFT es de gran valía, ya que es técnica, respetuosa, y sobre todo de colaboración con los trabajos del Poder Legislativo, debiendo referir que no sólo se enfoca a la iniciativa de ley convergente del Ejecutivo Federal, sino que también aborda y contrasta con otras propuestas legislativas, lo que sin lugar a dudas, enriquece la discusión y el análisis con argumentos. El informe se puede encontrar en el siguiente vinculo: http://www.ift.org.mx/iftweb/2014/04/opinion-del-pleno-del-instituto-federal-de-telecomunicaciones-en-temas-generales-sobre-temas-que-se-estiman-relevantes-en-las-diversas-iniciativas-que-seran-analizadas/

Ahora que el órgano constitucional se ha pronunciado sobre el proyecto de iniciativa del Ejecutivo Federal y sobre otros proyectos legislativos, extrañamente, las voces críticas han guardado silencio, o al menos, no se lanzaron con el denuedo mediático en contra de la referida opinión del IFT.

Las razones de la afonía, tal vez se deban a que en más de un tema, el IFT no les concedió la razón; en otros tópicos fue coincidente con el proyecto del Ejecutivo Federal, y sobre otros tantos rubros que enarbolan los críticos, simplemente no fue del interés del regulador opinar sobre ellos; veamos algunos detalles de las 16 observaciones que se formularon.

Lo primero que hizo el IFT, fue reconocer que existían aspectos muy importantes encaminados al desarrollo del sector y del bienestar público, entre las que resaltan las facultades del regulador para imponer medidas específicas a los agentes económicos con poder en los mercados, y aquellos agentes que tienen el carácter de preponderantes, por su participación mayoritaria ya sea en el sector de telecomunicaciones o de radiodifusión.

El documento pasa a referir que se debe matizar sobre la asignación directa de recursos orbitales y concesiones a entes públicos, ya que si bien, se debe garantizar al Estado su adjudicación, también se debe considerar la factibilidad técnica establecida en planes y programas; asimismo se reitera la atribución que debe tener el IFT para autorizar cesiones de títulos concesionarios.

Una excelente noticia para los radiodifusores del país, es que el IFT opina que respecto de las concesiones sociales, se debe cuidar en todo momento que no existan prácticas de especulación comercial contrarias a los fines sin lucro que persiguen las concesiones sociales, lo que evitará que se constituyan como competidores desleales de la industria de la radio comercial; En lo que atañe a las concesiones sociales indígenas, se propone que dicha calidad y finalidad se asegure través de un mecanismo de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; además, destaca el pronunciamiento del IFT en contra de reservar un porcentaje del espectro radioeléctrico para las concesiones sociales por ser una disposición rígida y contraria a una eficiente administración del espectro radioeléctrico, cabe referir que esta propuesta está contenida en otras iniciativas distintas a la del Ejecutivo Federal.

En la línea del bienestar social que se persigue, el IFT busca tener atribuciones para definir obligaciones de cobertura social, sin perjuicio de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo Federal para definir las políticas públicas del sector, lo que refleja un pleno respeto y colaboración del órgano regulador con los otros Poderes con atribuciones en la materia.

Bajo el mismo sentido de bienestar, al abordar los derechos de las audiencias y usuarios, el IFT reitera las medidas que deberá cumplir el agente económico preponderante, como el desbloqueo de equipos, (tu equipo sólo funciona con mi compañía), la prohibición de ventas atadas, (paquetes con servicios que no queremos), el desglose transparente de los cobros facturados, entre otros.

En la misma tesitura del interés de la población, en la opinión se resalta que el nuevo marco legal por lo que toca al apagón analógico se deba asegurar que haya suficientes condiciones de penetración en cada región, y no se puede poner en riesgo la continuidad del servicio de televisión para la población, en consideración propia es adecuado, ya que pone en primer orden el interés social frente al interés formal de cumplir con un calendario.

Por otra parte, un eje fundamental de la opinión del IFT es que haya flexibilidad para el ejercicio de su función regulatoria, ya que los mercados de telecomunicación son muy dinámicos, y la rigidez de una ley al establecer medidas muy concretas, puede excluir otras posibilidades validas en otro momento y bajo otras circunstancias, lo que sin duda es un punto que hay considerar en el diseño de las atribuciones que ha de tener el órgano regulador en la nueva ley convergente.

En concordancia con lo anterior, el IFT resalta el caso de las atribuciones para limitar la concentración de frecuencias y reglas en la propiedad cruzada de medios, donde refiere que la ley sólo debe dar formulas generales y flexibles, lo cual es concordante con la iniciativa del Ejecutivo Federal cuando aborda el mismo tópico en la exposición de motivos señalando que debe operar un sistema facultativo al Instituto para que analice y determine, según las circunstancias, la necesidad de imponer límites a la propiedad cruzada. De esta forma, el Instituto podrá analizar las circunstancias y los pormenores de la situación que justifiquen la necesidad, en términos de competencia y pluralidad, de aplicar las medidas limitantes.

Un rubro esencial del documento que se comenta y que debe orientar los trabajos legislativos al definir el concepto de preponderancia en la ley secundaria, es que el IFT reiteró que la declaratoria de preponderancia es por sectores, ya sea telecomunicaciones o radiodifusión, y no por cada uno de los mercados de servicios, de acuerdo a la Constitución y a los dictámenes de la reforma constitucional; que dicho sea de paso, tal apuntamiento del regulador refuta a aquellos que critican con denuedo la iniciativa del Ejecutivo Federal y que siguen machacando con una declaratoria en mercados específicos.

En cuanto al debatido tema de los contenidos, el IFT refiere que constitucionalmente sólo le compete vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos de mensajes comerciales y supervisar el cumplimiento de la ley en programación y publicidad infantil, y reconoce que nada impide que haya mecanismos de colaboración con otras autoridades que también son competentes, y pone como ejemplo a las autoridades electorales o las sanitarias, lo que contraviene a quienes tienen la visión de un gran y único regulador de contenidos, aclarando que esta última visión, sí se aleja de un modelo democrático de reparto del poder, y que se acerca más, a los paradigmas de regímenes autoritarios y de censura.

Por otra parte, resultan muy atinentes los comentarios del IFT sobre dar uniformidad en el régimen de competencia económica, entre la nueva ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión con la Ley Federal de Competencia Económica, y por ejemplo, cita el caso de que se equiparen las reglas de contacto entre servidores públicos del IFT y particulares, con las que ya están previstas en la referida ley de competencia.

Como se aprecia, las observaciones y comentarios del IFT abonan y suman al proceso legislativo de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, y que por su origen y modulación con que se formularon, merecen ser escuchadas por los argumentos y justificación que contienen.

Habrá quienes se nieguen a escuchar, y en lugar de contrastar argumentos y dialogar se encorralen en clichés, diatribas, y descalificaciones, o bien, recurran a la movilización de personas, tal vez algunas bienintencionadas, pero mal informadas.

Interferencia perjudicial

Si no hay ninguna, en Pascua tendremos proyecto de ley aprobado en el Senado.

Interconexión

Con otros temas de agenda legislativa e intereses, que condicionan su aprobación.

Marcos Manrique

Marcos Manrique

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el grado de maestría aprobado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad, además tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la misma Facultad, cursó el Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y acreditó el Curso Básico de Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, como mejor promedio de la generación 2011, actualmente en cursa el Diplomado en Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

1 comment

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  • buenos dias mire quisiera que me in formara como puedo octener mi codificador ya que me urge octenerlo para poder tener la señal de telavision dijital les dejo mi numeros en verdd me urge ya que no cuento con los recursos para pode con prar otra tele 20747468131 y 2741171185

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