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A 20 años del genocidio en Ruanda

El dilema de qué hacer con los extraños sujetos de crueldades y vejaciones por parte de sus gobiernos surgió después de la II Guerra Mundial, pero el contexto normativo en el ámbito internacional ha cambiado sustantivamente desde entonces.[i] Con el fin de la Guerra Fría –y el triunfo del liberalismo emblemático de los países occidentales y sus instituciones–, se enfatizó la importancia de los derechos humanos en el sistema internacional; se decía que la soberanía no podía justificar la no intervención en un Estado donde se violaran masiva y sistemáticamente los derechos humanos.[ii] Sin embargo, hace 20 años, el genocidio que de abril a julio de 1994 provocó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en Ruanda (un país un poco más extenso que el Estado de México, situado en la región de los Grandes Lagos, en el corazón del continente africano), se caracterizó por la inacción y la insensibilidad de la comunidad internacional, poniendo en entredicho la universalidad de la defensa de los derechos humanos en un país que se desmembraba sin tregua. A 20 años de este fracaso internacional, propongo hacer una breve revisión con mira a recordar los resultados más funestos que las limitaciones —por no decir inmovilidad— de la comunidad internacional pueden causar.

Antecedentes del conflicto

En 1899 Ruanda se convirtió en colonia alemana, pero al término de la I Guerra Mundial, Alemania perdió sus colonias en África y la Sociedad de Naciones otorgó a Bélgica la administración de Ruanda, bajo la forma de mandato internacional que, años más tarde, con la creación de la ONU, asumió la forma de protectorado internacional. La administración belga instituyó un sistema de clasificación étnica completamente rígido, basado, entre otras cosas, en la medición de la nariz y el cráneo a partir de la idea de que los tutsis “eran más similares” a los europeos, lo que originó el mito de asociar ciertas características físicas con un grupo específico y la imposición un sistema obligatorio de identificación en el que se establecía la pertenencia étnica.[iii] Esta situación, aunada al acceso privilegiado de los tutsis a la educación, a los puestos de trabajo en la administración y en el ejército, acentuó las diferencias entre la parte central y sur del país y el extremo noroccidental, además de volver más complejo y profundo el conflicto entre tutsis y hutus. Los twa, la escasa minoría (1% de la población), quedaron relegados al estrato más bajo, sin privilegios ni prestigio social.[iv]

Los años que precedieron a la independencia de Ruanda (1961-1962), estuvieron marcados por una cruenta tensión étnica en el país, a la que la administración belga respondió apoyando ¡a los hutus!, considerando que, gracias a su benéfica acción civilizadora, éstos habían empezado a perder sus complejos de inferioridad frente a una élite tutsi cada vez más radical.[v] Al independizarse Ruanda, cerca de dos millones de tutsis se exiliaron en países vecinos como Burundi, Tanzania y Uganda; dando pie a que, durante la primera república (1962-1973) bajo la presidencia de Gregoire Kayibanda y la segunda república, liderada por Juvenal Habyarimana (1973-1994), se institucionalizara la discriminación y la violencia antitutsi en el país.

Sin embargo, la comunidad internacional consideraba el sistema político ruandés más o menos democrático, legitimado con la celebración de elecciones regulares y con aparentes mecanismos que armonizaban intereses étnicos y regionales disímiles. Adicionalmente, el discurso hacia el exterior enfatizaba el apoyo al desarrollo rural, para beneplácito de los liberales de occidente. Las agudas diferencias sociales y económicas cobraron fuerza en estos años, pues, con excepción de la élite hutu, la mayoría de la población (hutu, tutsi y twa) resintió las carencias de una economía contraída y de una brutal hambruna, que afectó tanto a habitantes rurales como al sector urbano promedio.[vi]

Ya desde 1992 comenzaban a surgir las primeras revelaciones de la colusión del régimen del presidente Habyarimana en las matanzas de tutsis en zonas rurales del país.[vii] Por ello, en 1993, el gobierno se vio obligado a firmar —en virtud de presiones del Fondo Monetario Internacional y de los países vecinos— el Acuerdo de Arusha, dándole un fin formal a la guerra civil.[viii] Este acuerdo también sentó las bases para que Naciones Unidas interviniera en el conflicto [se formó la Minuar I (Misión de las Naciones Unidas de Asistencia para Ruanda)], que llegó a Kigali, la capital, en noviembre de ese año con 2,500 cascos azules sin equipo, ignorantes de la naturaleza del conflicto y sin indicaciones precisas sobre las actividades de mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria y apoyo general al proceso de paz que llevaban a cabo.[ix] Paralelamente, en Naciones Unidas y en la Organización de la Unidad Africana no era desconocida la complicidad de Habyarimana quien, de manera paralela a las pláticas de paz, incitaba a la población y al ejército hutu a perpetrar matanzas de tutsis y hutus moderados.[x]

El conflicto y la (in)acción internacional

El 6 de abril de 1994, el avión donde viajaba el presidente Habyarimana fue derribado sin saberse, hasta la fecha, quién fue el responsable del atentado. Con este simbólico hecho se desencadenó el genocidio que, entre abril y julio de ese año, tuvo como resultado aproximado un millón de ruandeses (entre hutus y tutsis) masacrados y alrededor de 300 mil mujeres violadas. Esto sucedió ante la presencia atónita, primero, de la Minuar I y, posteriormente, de la Operación Turquesa (liderada por Francia y avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU) quienes, finalmente se retiraron del territorio, ante la orden de Naciones Unidas de no haber condiciones seguras para su desempeño.[xi]

La comunidad internacional se limitó a observar la tragedia —con medios de comunicación atribuyendo el conflicto a “impulsos primitivos y odios tribales” que únicamente dieron amplia cobertura al suceso mientras que sus connacionales (europeos) lograban escapar del país—, mientras que el Consejo de Seguridad no reconoció sino hasta octubre de ese año, que se enfrentaban, posiblemente, a actos de genocidio.[xii]

Sin lugar a duda, la capacidad de las Naciones Unidas para reducir el sufrimiento humano en Ruanda estuvo gravemente limitada por la falta de voluntad de los Estados miembros para responder a las nuevas circunstancias, debilitando a la Minuar en vez de contribuir con tropas adicionales. Kofi Annan, entonces a la cabeza de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en Naciones Unidas, tenía conocimiento certero, desde enero de 1994, de la formación de grupos paramilitares hutus, con clara intención de exterminar a los tutsis del país. Annan instruyó a Romeo Dallaire, Comandante en Jefe de la Minuar, a apegarse a su mandato, ignorando toda señal de alarma.[xiii] A pesar de que el entonces Secretario General, Boutros Boutros Ghali, instó al Consejo de Seguridad a reexaminar su decisión para restaurar la ley y el orden y poner fin a las matanzas, la respuesta del Consejo fue que no había ningún país dispuesto a enviar tropas al país africano.

Para 1999, una vez Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan mostró un cambio de actitudes que se pudo constatar al señalar el dilema ético desprendido del fracaso rotundo, no sólo de la ONU, sino de la comunidad internacional en su conjunto, en el caso del genocidio en Ruanda.[xiv] Certero, durante el genocidio, el más grande liberal de la “década liberal” —Estados Unidos— actuó como una potencia reacia a contribuir y ejercer su liderazgo político en Naciones Unidas. Su ambivalencia hacia el multilateralismo es legendaria: la administración de Bush (padre) se comprometió a entrenar tropas para operaciones multilaterales de mantenimiento de la paz e intervenciones humanitarias; no obstante, los magros resultados en Somalia y Bosnia pronto cejaron ese compromiso inicial de tal suerte que, desde 1994, el Congreso estadunidense se negó a pagar sus cuotas y retrasos a Naciones Unidas, volviendo sus respuestas sumamente contradictorias y selectivas.[xv]

En Europa, los más interesados en los acontecimientos en Ruanda, Bélgica, por sus vínculos coloniales con el país, y Francia —el país de los droits de l’homme—, por su involucramiento en la política interna y su apoyo a los paramilitares hutus  (o porque en 1990 ninguno dudó en enviar tropas para defender el régimen de Habyarimana), permanecieron inmóviles ante la matanza de cientos de miles de inocentes. De manera notable, Francia pasó de apoyar políticamente al régimen, al apoyo militar para los grupos armados hutus, al desentendimiento frente al genocidio (sólo aminorado por la Operación Turquesa, misión de tintes humanitarios aprobada mediante la resolución 929, repleta, a su vez, de deficiencias y reproches) a hacer oídos sordos ante genocidio.[xvi]

Consideraciones finales

El dilema de la intervención humanitaria nos recuerda la complejidad de la política internacional, que involucra fenómenos propios de cada Estado (como la historia, la política interna y la cultura) y la presencia (o no) de fenómenos que trascienden las fronteras estatales: organismos internacionales, regímenes, organizaciones no gubernamentales, entre otros. A pesar de la “máxima liberal universal” (la intervención es válida cuando la condición o conducta de un Estado representa graves amenazas a la paz y seguridad de otros Estados y sus poblaciones, además de graves violaciones a los derechos humanos), los esfuerzos para fortalecer el orden internacional pueden justificarse en términos de la búsqueda de justicia y moral, pero también porque Estados Unidos y otros estados democráticos (occidentales y liberales) tienen interés en desarrollar un orden internacional determinado.[xvii]

No obstante, una máxima demasiado expansiva tiene muchas posibilidades de derivar en fracasos vergonzosos o en fiascos por las acciones emprendidas. Sumado a esto, otro obstáculo —en mi opinión, el más evidente en el caso de Ruanda— es la inconsistencia obtenida cuando se intenta medir todas las situaciones con el mismo rasero: la violación de los derechos humanos de las minorías se ha tratado de manera muy selectiva.[xviii] Paradójicamente, en teoría el principio de soberanía estatal (que no es esencialmente liberal) antecede a las normas liberales de autogobierno y autodeterminación.[xix] Por estas razones, las inconsistencias y la hipocresía —en asuntos de intervención humanitaria— son difíciles de evitar, pero esto es propio del liberalismo en la  política internacional, que, a diferencia del realismo, considera el interés nacional en términos exclusivamente de poder.[xx]

En este escenario complejo, Naciones Unidas tiene que lograr un equilibrio entre realismo e idealismo: su dilema es evitar desplegar fuerzas armadas en las que el riesgo de fracaso sea muy alto, pero no ser tan vacilante como para convertir cada dificultad en una excusa para la inacción.[xxi] De la misma manera, uno de sus principales desafíos es mantener su capacidad de responder por los intereses de todos sus miembros, sobre todo de aquellos en crisis, y no por intereses políticos y económicos particulares.[xxii]

Las catástrofes producto de una guerra civil causan reacciones heterogéneas en la comunidad internacional. En ocasiones, como en Ruanda, la respuesta unánime es no hacer nada; permanecer impávido ante las calamidades más atroces. También puede ocurrir que no haya una combinación de elementos que, en otras circunstancias, conducirían a la intervención humanitaria: la importancia estratégica del país en conflicto, el liderazgo político de un tercero, recursos financieros o disposición militar. Basta que falte alguno de estos elementos para relegar una crisis humanitaria, a pesar de sus implicaciones internacionales y de generaciones enteras incapaces de reponerse a tales heridas, a la profunda oscuridad de la indiferencia.


[i] Nicholas Wheeler, Saving strangers: humanitarian intervention in international society, Nueva York, Oxford University Press, 2000, p. 1, (énfasis mío).

[ii] Elizabeth Sidiropoulos (ed.), “Introduction and Aknowledgments”, A Continent Apart: Kosovo, Africa and Humanitarian Intervention, South African Institute of International Affairs/ The Independent International Comission on Kosovo, 2001, p. xix.

[iii] Hilda Varela, “De crisis humanitarias ignoradas y mitificadas: Rwanda 1994”, Revista de Estudios de Asia y África, v. 35, no. 3 (113) (2000), p. 455.

[iv] Loc. cit.

[v] Ibíd., p. 457.

[vi] Ibíd., p. 462.

[vii] No obstante, Francia y Bélgica respaldaban el régimen de Habyarimana, pues ante los primeros signos de conflicto, enviaron tropas a Ruanda para proteger a sus ciudadanos; Hilda Varela, art. cit., p. 464.

[viii] Varela, art. cit., p. 469; el acuerdo se basaba principalmente en la formación de un gobierno de transición con cuadros tanto del gobierno de Habyarimana como del FPR (Frente Patriótico Ruandés).

[ix] Ibid., p. 470.

[x] Loc. cit.

[xi] Varela, art. cit., p. 471.

[xii] Ibid., p. 447; véase el Reporte del Secretario General Boutros Boutros-Ghali (S/1994/1133) al Consejo de Seguridad, p. 3.

[xiii] Simon Adams, “The UN, Rwanda and the ‘Genocide Fax’-20 Years Later”, disponible en www.globalr2p.org, consultado en marzo de 2014.

[xiv] Simon Chesterman, “No más Ruandas versus no más Kosovos: intervención y prevención”, en Ana Covarrubias y Daniel Ortega (eds.), La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, México, El Colegio de México, 2007, p. 175.

[xv] Karen Mingst, “Peacekeeping and the Changing Role of the United Nations: Four Dilemmas”, en Ramesh Thakur y Albrecht Schnabel (eds.), United Nations Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent Engagement, Tokio, United Nations University Press, 2001, pp. 232-233.

[xvi] Marie-Anne Paveau, « Le discours de la presse nationale française sur l’Opération Turquoise », Fondation pour les Études de Défense, 1995, passim.

[xvii] Stanley Hoffman, The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention, Indiana, University of Notre Dame Press, 1996, p. 23.

[xviii] Ibid., p. 34.

[xix] Hoffman, World disorders…, p. 78.

[xx] Loc. cit.

[xxi] Ramesh Thakur y Albrecht Snabel (eds.), United Nations Peacekeeping Operations. Ad Hoc Missions, Permanent Engagemente, Tokyo, The United Nations University Press, 2001, p. 23.

[xxii] Loc. cit.

Monica Martinez

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