Ha pasado un año y medio desde que se le prometió a los mexicanos la creación de un organismo encargado de combatir la corrupción, sin embargo, al día de hoy, las prioridades del Ejecutivo y del Legislativo han sido otras.

A principios de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que ordenó, entre otras cosas, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, estableciendo en un artículo transitorio, que ésta vivirá hasta que el organismo encargado de combatir la corrupción sea creado y se encuentre funcionando.

Es así que hoy la Secretaría de la Función Pública es un ente moribundo preocupado más por su inminente, y a la vez incierta desaparición, que por impulsar la mejora de la gestión pública, la transparencia, la rendición de cuentas, las contrataciones públicas, la ineficiencia administrativa y sobre todo, el combate a la corrupción.

Al respecto, el Ejecutivo Federal, desde los primeros días de su sexenio, ha destacado la “imperiosa” necesidad de contar con un “nuevo sistema de rendición de cuentas, de responsabilidades administrativas y del combate a la corrupción”, pero los hechos dejan ver una mera promesa discursiva, pues su iniciativa es limitada, y en año y medio ha pasado absolutamente nada, además, la Secretaría de la Función Pública, que hoy es la encargada de velar por estos temas, es la única dependencia de la Administración Pública Federal que se mantiene acéfala con un encargado de despacho, y hasta hace unos meses contaba solamente con uno de sus tres Subsecretarios.

El Legislativo no se queda atrás, la iniciativa está atorada en la Cámara de Diputados, y parece no importar, no creo que sea casualidad que reformas constitucionales como la Hacendaria; de Telecomunicaciones; o  Energética, que se presentaron con posterioridad a la de Anticorrupción, hayan salido antes, ¿a quién le afecta que esta reforma vea la luz?, ¿Dónde están los partidos de oposición?

La simple lógica hace pensar que se requiere de un sistema de responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción sólido y eficiente, previo a la aprobación de reformas de alto calado como la energética y de telecomunicaciones, que por su naturaleza impulsarán la apertura económica y por tanto moverán grandes cantidades de dinero a través de contratos, es precisamente ahí  donde está la corrupción.

Entiendo que hoy el tema que ocupa la atención de los mexicanos es la desaceleración económica que padecemos, en este sentido, no hay que olvidar que precisamente la corrupción se constituye como un gran inhibidor de economías, según datos del Banco Mundial en 2012, este mal le cuesta a los mexicanos alrededor del 9% del PIB al año, y equivale al 80% de los impuestos recaudados por el gobierno federal, por lo que no debe considerarse como tema menor.

En fin, por un lado, el Ejecutivo ha enfocado sus políticas principalmente en temas de economía, seguridad, turismo y medio ambiente, y por otro, la  LXII Legislatura del Congreso de la Unión tiene la vista puesta en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energética, pregunto, ¿y el combate a la corrupción apá …?

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