Centro Público

Telecomunicaciones de vanguardia y antenas de conejo

Desde el año pasado, el ámbito legislativo se vio envuelto en una inusual dinámica de Reformas constitucionales que buscan la reactivación económica y el desarrollo –estancado- del país.

Con casi 90 días de retraso, el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, la legislación secundaria de telecomunicaciones, misma que tiene como objeto la regulación del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales, de las redes públicas de telecomunicaciones, la convergencia y la competencia entre diferentes concesionarios así como, la defensa de los derechos de los usuarios y las audiencias en la materia.

Dicha regulación busca abrir el mercado para nuevos inversionistas y por lo tanto, nuevos competidores. Lo que traerá como consecuencia una mejoría en los servicios y disminución de los precios que actualmente pagamos como consumidores –después de crear 3 billonarios en 20 años…-.

También busca mejorar y ampliar los servicios de banda ancha, eliminar cobros de larga distancia en llamadas y terminar con la exclusividad de algunas cadenas o canales para transmitir eventos deportivos relevantes.

Todo esto se supone, colocará al país en mejor situación para competir y producir a un menor costo –la idiosincrasia mexicana no será objeto de este texto-.

En 312 artículos, 46 capítulos y 22 disposiciones transitorias, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contempla el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como, establecer de manera clara y equitativa el espectro radioeléctrico, elimina cobros entre concesionarios de telecomunicaciones -mismos que aumentaban los costos en detrimento de la economía de los usuarios-, regula los bienes del Estado para el despliegue y creación de infraestructura y regula la ya existente, para el desarrollo del sector y de los agentes no preponderantes.

Conceptualiza para México los dudosos y sospechosos términos “must offer” & “must carry”; regulariza la creación de contenidos y la publicidad y, obliga a los concesionarios a colaborar con las autoridades en materia de localización de equipos -con los que se realicen ilícitos (o sean de adversarios políticos)-, intervención de llamadas (idem) y bloqueo de señales en centros de readaptación social (no aplica para la Cámara de Diputados).

Por parte del gobierno, intervienen y tienen injerencia directa el Instituto Federal de Telecomunicaciones –como órgano encargado regular y promover la competencia en telecomunicaciones, así como, vigilar el correcto uso y aprovechamiento del espectro, las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión-; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –quien otorgará concesiones y planeará políticas públicas en materia de telecomunicaciones-; la Secretaría de Gobernación –como administrador de los tiempos del Estado y monitor de la publicidad-; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –que podrá dar “visto bueno” sobre las contraprestaciones por el otorgamiento y/o prórroga de concesiones-; la Secretaría de Educación Pública –continuará promoviendo la transmisión de programas culturales, cívicos, educativos y recreativos (¿(…)?)-; la Secretaría de Salud –que supervisará la trasmisión de propaganda comercial y medicinal- y finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor –que protegerá los derechos de los usuarios y defenderá a las audiencias de Bozzo, Sabadazo y la barra cómica del canal de las estrellas (sólo que estas, lo quieran…)-.

Sin lugar a dudas, la agenda de la ley secundaria parece prometedora y sumamente amplia; sin embargo, existen grandes pendientes. Para que México se proyecte a la vanguardia en materia de telecomunicaciones, se debe segmentar el duopolio televisivo y radiofónico, des monopolizar la telefonía fija y móvil, el Estado deberá intervenir directamente con políticas de contenidos de calidad para radio y televisión, así como, fortalecer los canales y estaciones de televisión y radio pública –otros afirman, crear medios regionales, autóctonos y comunitarios que permitan la diversidad de contenidos, en lo personal no me queda muy claro quien vería o escucharía estos “canales”-.

La regulación y mejoramiento de estos aspectos, constituye saldar una deuda del Estado mexicano con el sector y con nosotros los usuarios y audiencias; sin embargo, considero que el factor realmente importante es garantizar a la población, el acceso libre y de calidad a la “nube”. Que será el espacio donde se librará el interés público y la libertad de expresión –así como su crítica-, por lo tanto, donde los concesionarios verán el negocio.

El gobierno federal afirma que para enviar esa primera aproximación a ley secundaria, se tomaron en cuenta 33 propuestas de actores de la industria como la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CANIETI), la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la televisión (CIRT) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Ahora viene la responsabilidad de las actuales Legislaturas tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, para hacer que esta Ley, realmente potencialice el crecimiento y desarrollo del país.

Para los que esperábamos el tan ansiado apagón analógico, deberemos esperar hasta el 2017. El mercado de antenas de conejo, continuará…

Eduardo Cervantes

Eduardo Cervantes

Fiel creyente de la crítica como medio para superarnos. No soporto las injusticias ni la mediocridad. Corredor X Convicción y Fiestero X Tradición. #Mezcalier

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