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Secretaría de la Función Pública: Crónica de una muerte anunciada ¿Desaparición necesaria?

El día que la iban a matar, la Secretaría de la Función Pública abrió sus puertas en horario normal, todos sus empleados conocían el inevitable destino que iba a sufrir, era un 3 de enero de 2013 y entraba en vigor la aprobación del Congreso de la Unión sobre su desaparición.

Todo comenzó una mañana del 14 de noviembre de 2012 cuando el Presidente electo anunció que presentaba su iniciativa de desaparición, misma que presentaría a través de Legisladores Federales de su partido. Ese día la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió la primera cuchillada.

Pasaron los días y el 13 de diciembre de 2013 recibió otra fuerte apuñalada, los Diputados Federales aprobaron de manera definitiva que dicha Secretaría dejaría de existir.

Finalmente, el 3 de enero de 2013 fue herida de muerte con la entrada en vigor del decreto que ordenó su desaparición, la SFP cayó al suelo y murió.

No obstante, antes de morir, su desaparición quedó condicionada a la creación de un órgano anticorrupción que la sustituiría, por lo que su espíritu permanece y permanecerá hasta que esta condición se cumpla, digo su espíritu porque hoy, no tiene ni la mitad de la fuerza que tenía, no tiene Secretario y sus funciones se ven disminuidas.

Esta triste historia abre el espacio a la pregunta: ¿esta muerte anunciada pudo evitarse? o más bien, ¿esta muerte era verdaderamente necesaria?

Desde mi punto de vista la respuesta es NO y digo por qué.

Entiendo la idea de creación de una Comisión Anticorrupción como un mensaje del Ejecutivo Federal de que la Secretaría de la Función Pública no logró combatir la corrupción contundentemente, y por tanto, se debe empezar de nuevo con un órgano distinto. De esta forma será más fácil que la sociedad perciba que se está haciendo algo diferente para disminuir este mal.

En este sentido, efectivamente a la SFP le faltó pericia en su función, sin embargo no tanto como para desaparecerla y optar por otra opción, era o es una institución que lo tiene todo con relación al ejercicio de la función pública: sanciona a servidores públicos por incurrir en faltas administrativas; realiza auditorías; recibe y da seguimiento a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios; impulsa la mejora de la gestión; resuelve consultas; maneja todo el Sistema de Contratación Pública Federal y el Servicio Profesional de Carrera; combate la corrupción; implementa y elabora la política pública en materia de transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, entre muchas otras cosas.

No es una Dependencia que exclusivamente se dedica al combate a la corrupción, sino que envuelve todo lo relativo al buen ejercicio de la función pública. Al optar por desaparecerla, todas estas facultades -que deben estar en una misma institución- se desmantelan y pierden sentido, algunas se envían a la Secretaría de Hacienda, unas al futuro órgano anticorrupción y otras simplemente desaparecen.

Esto preocupa no sólo porque algunas funciones se eliminan, sino porque además la Secretaría de Hacienda no tiene el “expertise” necesario para ejecutar estas atribuciones, su enfoque es financiero, fiscal, de gasto, de ingresos, de deuda; es ajeno a la naturaleza del mejoramiento de la gestión pública y del control interno.

Por esta razón, la SFP no debió desaparecer sino fortalecerse, darle más dientes y corregir todos aquellos errores que la hacían no lograr sus objetivos plenamente. Pongo tres ejemplos:

  • La carencia de profesionalización y especialidad de muchos de los Titulares de los Órganos Internos de Control y sus Titulares de Área, en donde no tenían la experiencia ni los estudios adecuados para ejercer el cargo, provocando investigaciones y procedimientos administrativos deficientes, que no llevaban a nada.
  • La insuficiencia de elementos para que la SFP pudiera realizar la gestión de cobro de las sanciones económicas que impone. Esta situación se tradujo en que de 2010 a 2013, hubo sanciones por mil 419 millones de pesos, de los cuales el SAT solo ha recuperado aproximadamente el 0.1 por ciento.
  • La falta de coordinación y seguimiento de los casos en donde se presumen delitos de corrupción; peor aún, la mala integración de expedientes enviados a la PGR, provocando que en su mayoría sean desechados.

Desde luego hay más casos en los que debe optimizarse, como la parte preventiva, las sanciones a instituciones, la auditoría de escritorio, la efectividad del servicio profesional de carrera, etc., pero son situaciones identificadas y totalmente corregibles.

En fin, espero estar equivocado y que la muerte de la SFP sirva para que los mexicanos podamos contar con instituciones que logren verdaderamente la consolidación de un gobierno honesto, eficiente, transparente y que rinda cuentas. Urge que así sea.

Iván Gutiérrez Herrera

Iván Gutiérrez Herrera

Soy Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la misma Universidad; Asesor Jurídico y Político de cabecera; Los puntos de vista y opiniones que aquí expreso son estrictamente personales y no se encuentran vinculadas de manera alguna con el sentir de las instituciones actuales o pasadas con las que he colaborado.

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