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¿Se eliminó el fuero de la Constitución?

En la tercera semana de abril de 2018, la clase política –incluidos los candidatos a la Presidencia de la República- a coro, se llenaron de regocijo e informaron que en la Cámara de Diputados se había gestado una “reforma constitucional histórica”, la primicia consiste en que se había eliminado el fuero de los altos funcionarios públicos; presurosamente todos se adjudican la paternidad y logro en esta época electoral, incluso ya empiezan a repartirse culpas en caso de que no se concrete todo el proceso de reforma constitucional, aún falta la aprobación del Senado de la República y la eventual anuencia de las Legislaturas de los Estados que son controladas por los gobernadores.

Al leer el texto de la reforma aprobada, advierto que sólo se eliminó el procedimiento de declaración de procedencia, lo que comúnmente se conoce como juicio de desafuero. Ahora se dice que los altos servidores públicos podrán ser procesados penalmente, pero ¡oh sorpresa!, aunque el delito merezca prisión preventiva no podrán ser privados de su libertad ni separados del cargo público. Tal pareciere que la supuesta igualdad ante la ley y combate a la impunidad se diluye, y no sólo por la nueva redacción constitucional, sino porque en los hechos al continuar en el cargo, claramente el servidor público podrá ejercer todo su poder político para evitar la acción de la justicia.

En cualquier sistema jurídico, existen plazos para iniciar la acción penal, lo que significa que transcurrido cierto tiempo si no inicia el procedimiento penal opera la prescripción y la persona ya no puede ser juzgada. Actualmente la Constitución dice que durante el tiempo que se ostenta el cargo público no corren los plazos de la prescripción, ello es lógico y justo dado que no se le puede juzgar penalmente y sólo hasta que concluye su tarea pública existen condiciones para que pueda ser enjuiciado. ¿Qué cree usted que propone la reforma aprobada? Que se elimine la regla de que no corre la prescripción, de tal manera que, de facto, la persona que detente el poder público podrá obstaculizar el inicio de la acción penal y ahora con el beneficio de que el tiempo corre a su favor, y si es un trapecista político, que brinca de un cargo a otro, el tiempo transcurrirá y los delitos que presuntamente se le imputan quedaran sin castigo.

En otras palabras, un servidor público podrá robar recursos públicos, incluso violar o asesinar estando en el cargo público, o bien ser detenido en flagrancia, sin embargo, no pisará la cárcel, sino que será juzgado en libertad y no podrá ser separado de su cargo, y en una de esas, si el delincuente consigue que no se inicie el procedimiento penal y pasa el tiempo, operara la prescripción a su favor. ¡Vaya demonio de reforma!

Eliminar el concepto de fuero del lenguaje constitucional y crear un nuevo modelo de inmunidad no constituye un cambio de fondo sino sólo discursivo, y las buenas intenciones claramente se ponen en tela de juicio al revisar a detalle la propuesta de reforma constitucional.

En la cosmovisión mexicana, el fuero constitucional se ha alimentado de un sistema político que dispensa canonjías y privilegios que la misma clase política se otorga, generando excesos al grado de que ciertos servidores públicos cometen delitos a sabiendas de que no serán procesados penalmente, y no por la existencia o inexistencia de normas jurídicas que castiguen sus conductas indebidas sino por el poder político que saben tener y alimentar.

No dudo que hubo legisladores bienintencionados que pretendían proteger la libertad de expresión, la disidencia política y la estabilidad de los gobiernos, al mantener cierto trato deferente a los servidores públicos, pero lo cierto es que se eliminó un contrapeso constitucional (juicio de procedencia), lo que facilita que las fiscalías y jueces sean utilizados con mayor facilidad para ser órganos de venganza a manos de gobernadores y de quien detente la Presidencia de la República sin un contrapeso político desde el Congreso, quien festino mutilarse una atribución que protege de mejor modo a quienes son incómodos para los gobiernos.

De acuerdo a Don Jesús Reyes Heroles[1], los privilegios capitalizan el odio. En ellos coincide el malestar general. Los fueros son antiigualitarios y niegan la dignidad del hombre. Efectivamente, el uso de las instituciones en beneficio propio así como la simulación de principios republicanos, es precisamente lo que mayor descontento y desconcierto produce en los ciudadanos ya que en forma directa afrenta la dignidad de los ciudadanos que ceden libertades y depositan su confianza y esperanza en los representantes populares.

En suma, creo que el fuero continuaría y con más perversiones que las que actualmente existen.

Marcos Manrique

Marcos Manrique

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el grado de maestría aprobado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad, además tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la misma Facultad, cursó el Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y acreditó el Curso Básico de Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, como mejor promedio de la generación 2011, actualmente en cursa el Diplomado en Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

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