Centro Público

Resistencias al cambio

Una vez presentada la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por parte del Ejecutivo federal hace unos días, surgen muchas opiniones al respecto. Cuantitativamente más en contra que a favor, como era de esperarse.

La iniciativa afecta seriamente diversos intereses económicos, lo que, a su vez, ocasiona críticas numerosas, muchas de estas, por machaconas que sean, carentes de sustento jurídico o técnico.

La iniciativa es amplia, bien armada, seria y, por supuesto, perfectible. Respeta los mandatos de la Constitución derivados de la reforma del 11 de junio de 2013, uno de los cuales, quizá el más importante, era precisamente la promoción decidida de la competencia. Quien niegue que la iniciativa acata tal mandato actúa de mala fe o con ignorancia.

La iniciativa enfrenta resistencias de intereses creados que buscan debilitar sus propuestas esenciales, aquéllas que atañen a la competencia. La cuestionan en muchos frentes técnicos o políticos, diaria y copiosamente.

Una de las críticas más recurrentes y sin sustento tiene que ver con el concepto de preponderancia, figura esencial que permitirá regular a los dos grandes operadores de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión del país.

La crítica va en el sentido de que esta figura debiera ser aplicable por mercados y no por sectores. El efecto de semejante propuesta es que podrían resultar preponderantes no solamente los dos mayores agentes económicos de la radiodifusión y las telecomunicaciones (Televisa y Telcel/Telmex) sino cualquier otra empresa, lo que debilitaría tanto la regulación a los preponderantes (al hacer extensivo el uso de esta medida) como la figura de poder sustancial de mercado.

La preponderancia es una figura excepcional, no de aplicación general sino especial. La tozudez de ciertos operadores de telecomunicaciones para ser regulados específicamente condujo a ella. Para el resto de las empresas se tiene la figura de la declaración de agente económico con poder sustancial de mercado prevista por la legislación en materia de competencia económica, de amplio desarrollo técnico y legal, idónea para regular específicamente a las empresas que pueden incidir negativamente en un determinado mercado.

La Constitución es muy clara. De acuerdo con el tercer párrafo del artículo octavo transitorio (decreto del 11 de junio de 2013):

“Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes en los términos de este Decreto…” es decir, el poder sustancial es una figura aplicable a los mercados (geográficos, por servicio, etc.) a diferencia de la preponderancia, cuya aplicación (menos refinada y técnica) se hace por sector de acuerdo con la fracción III del mismo artículo transitorio. Ante la obviedad del texto constitucional y su incorporación en la iniciativa presidencial sorprenden tantos ataques en este rubro.

En el fondo, estas resistencias (y sus críticas asociadas) deben tranquilizar. Señal de que vamos avanzando.

Federico González Luna Bueno

Federico González Luna Bueno

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados.

Su trayectoria profesional inicia en el sector financiero en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para 1995 se desempeñó como Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta el año 2000, destaca su participación en la coordinación del grupo legal que elaboró la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, del Reglamento de Comunicación Vía Satélite y del Reglamento de Televisión y Audio Restringido, entre otros ordenamientos.

Encabezó diversos grupos de trabajo que llevaron a cabo la negociación de diversos tratados bilaterales y multilaterales internacionales en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y satélites.

Fundador de la firma legal González Luna y Álvarez del Castillo, S.C., miembro fundador y expresidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones; igualmente fue integrante en el Consejo Consultivo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Mercantil en la UNAM, además de conferencista en diversos foros de México y el extranjero.

Colabora editorialmente para el periódico “El Financiero” y en el programa de televisión “Economía de Mercado” en temas de telecomunicaciones.

Actualmente es diputado federal por la LXII legislativa, donde es presidente de la Comisión de Radio y Televisión y secretario de la Comisión de Comunicaciones.

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