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Regulación y Respuesta: La decisión de América Móvil

La regulación crea incentivos, así como crea o destruye el valor de las empresas en el mercado. El anuncio de América Móvil es claro ejemplo de cómo las empresas actúan para minimizar los costos que les impone la regulación, aunados a los costos de los pasivos laborales, en particular de TELMEX, y al costo en oportunidades de mercado que ha significado el verse impedido de incorporar el servicio de video en su red, lo que le ha restado productividad en sus activos. El costo de las disposiciones regulatorias establecidas en la inminente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a ser aplicadas al preponderante en telecomunicaciones son de tal magnitud que América Móvil decidió proceder a recurrir a lo establecido en el Art. 276 y en el transitorio 12º como vehículo para evitar la posición de preponderante y con el objeto de minimizar los costos que le impone, decidiendo enajenar activos de Telmex y de Telcel. Es una alternativa dispuesta en Ley y a la cual recurre el concesionario por decisión propia.

Muchos dirán que esto es un logro de la Ley aún antes de haber entrado en vigor, pero las preguntas son ¿es procompetitivo que ninguna red desee superar el 50% del “sector” por los costos regulatorios que ello implica? y ¿cuáles son los costos en eficiencia por la separación estructural de activos de una red con el alcance de la red de TELMEX?

Los nuevos concesionarios que surgirán NO serán preponderantes, no están sujetos a la gratuidad en interconexión, se sujetarán a términos libremente negociados entre las redes, no estarán obligados a la desagregación y compartición de infraestructura, podrán ofrecer dar servicios convergentes (video) libremente, no tendrán obligaciones de servicio universal como el resto de las redes y la nueva red podrá ser 100% de capital extranjero. Seguramente, tanto los que diseñaron la legislación como los que la aprobaron en ambas Cámaras anticiparon este escenario como una alternativa factible a la regulación.

La decisión es superior a la inmovilidad y sujetarse una regulación que implicaba la transferencia de ingreso a sus competidores, a disminuir aún más su valor de mercado, restar capacidad de inversión, comprometer sus responsabilidades laborales y estar obligado a “soportar al esquema de negocios” de sus competidores por tiempo indefinido tal y como establece el Art. 271.

La mejor respuesta a la regulación es la decisión de América Móvil, es una reacción racional de un competidor respecto a su entorno regulatorio, no es resultado de una decisión impuesta por el regulador. Es un resultado inevitable de la carga regulatoria y de las opciones ofrecidas en la próxima Ley. Sus competidores hubieran preferido la permanencia del preponderante por las ventajas regulatorias de su existencia. Sin embargo, un entorno sin asimetrías regulatorias es de mayor eficiencia, el tamaño y la concentración dejarán de ser argumento de los rivales y el “sector” evolucionará a una competencia restringida a que ninguna red supere el umbral del 50%.

Ningún agente económico en una economía que dice aspirar a ser de mercado puede obligar a permanecer en una situación regulatoria que le implica disminuir de valor sistemáticamente a favor de otros. Si bien el IFT puede evaluar, y en su caso aprobar el plan de separación de activos y de su enajenación, no puede obligar a no realizarla y que permanezca como “preponderante”, es decir no puede aprobar si procede o no separar activos su venta, sólo el aprobar la modalidad de la desincorporación de activos y que en efecto resulte en una disminución de su participación por debajo del 50% del “sector” telecomunicaciones. Es esta decisión corporativa, y no el octavo o el noveno transitorio de la nueva Ley, la que hará factible la convergencia en todas las redes, dado que no existía garantía de que se otorgara la autorización a la convergencia de servicio para la red “preponderante”.

Tal separación tendrá costos en eficiencia, toda división de una red en dos redes de menor tamaño tendrá costos en productividad actual y potencial, habrá servicios de interconexión con un costo entre dos redes que antes eran una sola. Pero, dada la regulación, tales costos podrán ser menores que los beneficios de evitarlos.

Este cambio en la estructura de mercado, exigirá nuevas interpretaciones a los dispuesto en la nueva Ley, así como nuevas exigencias, sobre todo respecto a la cobertura universal y su financiamiento. La lección de este evento corporativo es que las empresas siempre reaccionan ante el entorno regulatorio, presente o futuro, y eligen la mejor alternativa respecto a las restricciones que enfrentan.

Ramiro Tovar Landa

Ramiro Tovar Landa

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestria en Economía por Duke University, Terry Sanford Institute of Public Policy y Maestría en Políticas de Desarrollo Internacional (Center International Development Research). Profesor Numerario del Depto de Economía y Asesor de la Oficina de Rectoría (ITAM)

Especializado en temas de política de competencia y regulación económica. Consultor para diversas empresas y asociaciones empresariales. Asesor del Líder del Senado en la LXI Legislatura y ahora Diputado Coordinador en la LXII Legislatura Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Las opiniones expresadas en este artículo, son mi responsabilidad y no reflejan la posición de Centro Público al respecto.

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