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Pronto la nueva ley de telecomunicaciones

La aprobación de la nueva ley sería una excelente noticia para los usuarios de telefonía, televisión por cable, usuarios de internet, radioescuchas y televidentes, en conclusión para todos, y existen dos hechos recientes que parecen apuntar hacia ese objetivo, ayer jueves 24 de abril se anunció por parte del Ejecutivo Federal y por los líderes del Congreso, dos apuntamientos que deben leerse en forma conjunta.

Primero, el Jefe del Ejecutivo afirmó que la nueva legislación es clave para elevar la competitividad de nuestra economía, por lo que se confirma la necesidad de impulsar los cambios en este sector, a fin de que haya más competencia, inversión e innovación…Ese es, precisamente, el compromiso del Gobierno de la República y estoy seguro de que también lo comparten los legisladores, que actualmente están trabajando en las leyes secundarias de esta reforma, y para sustentar lo anterior se basó en los indicadores del reporte anual sobre tecnología del Foro Económico Mundial, que coloca a México en una posición poco competitiva y con grandes retos en el ámbito de impulsar las tecnologías de la información, dicho reporte lo puede consultar en http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2014/.

En lo que toca al anuncio de los coordinadores de las principales fuerzas del Congreso, se anunció un acuerdo para continuar los trabajos para discutir y aprobar la nueva ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión en un periodo extraordinario de sesiones, que bien podría iniciar inmediatamente en mayo próximo; si bien, lo ideal hubiera sido que la nueva ley se hubiese aprobado dentro del periodo ordinario antes del 30 de abril, ello no fue posible dado que dentro de la ruta de prioridades legislativas habrá de aprobarse primero la reforma político-electoral y la de competencia económica, ojala los acuerdos se sigan generando y concretando.

Si tales intenciones se conjuntan, puede haber pronto razones de agrado para usuarios y audiencias, ya que de aprobarse la nueva ley, traería consigo beneficios tangibles y casi inmediatos para la población, entre los que destacan: La eliminación de la larga distancia; reglas claras para el apagón analógico que den paso a una televisión con una señal digital de mejor calidad, reducción de tarifas de interconexión que es un costo de las empresas de telefonía (al reducirse dicho costo, el precio final al usuario disminuye), próximas cadenas de televisión, así como nuevas estaciones de radio y empresas de telecomunicaciones que realizaran inversiones que detonaran un claro desarrollo económico y generación de empleos, inclusive hay beneficios, como la retransmisión de contenidos, que algunas empresas lo han hecho parte de sus campañas publicitarias refiriendo la frase: gracias a la reforma de telecomunicaciones…

Además, la población en general tendríamos la percepción de que las batallas entre los intereses económicos y políticos por la definición de la nueva ley ha concluido, al menos en ese punto, para dar paso a la ejecución y cumplimiento de los principios de la reforma constitucional.

La nueva ley, también sería una excelente noticia para la gran mayoría de concesionarios e inversionistas que le apuestan al sector, como son las estaciones de radio, empresas de televisión por cable, empresas de radiocomunicación, pequeñas telefónicas y todas aquellas relacionadas con las tecnologías de la información, ya que habría certeza sobre las normas legales que rigen sus actividades.

Los inconformes, que seguro los habrá, tendrán por supuesto la posibilidad de acudir ante tribunales a defender su posición, o bien, de reflejar libremente su inconformidad en medios de comunicación; pero lo que de ningún modo se justifica en un Estado democrático es la manifestación pública violenta o irrespetuosa que es contraria a la Constitución, como bloqueo de calles, pintas o afectaciones a terceros.

Es evidente que habrá quien no comparta la visión de lo necesario de la nueva ley, en razón de que se abre paso a la competencia efectiva en radiodifusión y telecomunicaciones, lo que probablemente no es cómodo en una lógica de negocios pero necesario en cualquier mercado eficiente que busca servicios de calidad y de precios competitivos para los usuarios y mejores programas de radio y televisión para las audiencias, de ahí que le siguen apostando a que la nueva ley se postergue.

El impasse que se abrió para aprobar la nueva ley de telecomunicaciones en un periodo extraordinario permite que haya mayor dialogo y conocimiento por parte de los legisladores sobre el tema, lo que abona a la legitimidad democrática cuando se concrete su aprobación, y echa por la borda cualquier reclamo de un proceso legislativo irregular, apresurado o irreflexivo, permitiendo la libre expresión de aquellos legisladores, y de cualquier ciudadano, que deseen abonar a la construcción de una mejor legislación.

Hasta el momento el proyecto de iniciativa se está puliendo y se siguen escuchando opiniones valiosas, como podría ser definir de mejor manera las bases de la transición a la radio digital, aclarar el esquema de infracciones y sanciones, precisar aún más las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), definir de mejor manera la política de administración del espectro radioeléctrico, otorgar mayor condiciones de accesibilidad a personas con discapacidad, mejorar la viabilidad de las concesiones sociales, evitar que los gobiernos impongan línea editorial en medios públicos, entre otras, pero las mismas deben ser debatidas.

Además, las principales críticas formuladas hasta el momento se van diluyendo, como la limitación de atribuciones al IFT, la censura en internet y las invasiones indebidas a la privacidad, primero porque el IFT no respaldo en su opinión oficial la existencia de tal disminución de atribuciones, y porque los ajustes que hasta el momento se han realizado en el Senado han adoptado en gran medida los comentarios del IFT, y se enfatiza que se eliminó las posibilidades de bloqueo de señales como estaban previstas en el apartado de obligaciones de colaboración de los concesionarios con la justicia.

Por tanto, las discusiones tomaran nuevos matices y banderas, cada vez se van perfilando más las filias y las fobias, los intereses y las ideologías, los argumentos y los contraargumentos, pero lo que en una democracia logra avances, son los votos que generan decisiones, y la resolución debe ser generar mayores condiciones de competencia que logre que haya diversas empresas que presten servicios que se ganen al cliente por calidad y precio en tarifas.

Tan sólo en el reporte internacional del Foro Económico Mundial que aludió el Ejecutivo Federal, coloca a México en el lugar 129 de 148 en el rubro del costo promedio de tarifas en telefonía celular, y aun así, hay resistencias para que haya medidas asimétricas al preponderante en telecomunicaciones que tiene una amplia participación en el cobro de dichas tarifas, o el lugar 90 en la disponibilidad de acceso a internet en escuelas.

He ahí los fenómenos que debemos cambiar, no obstante se sigue dispersando la atención con temas vagos o demasiado técnicos que a veces la población no logra entender del todo, pero cuya discusión se ancla en frases de impacto o clichés que se tratan de reducir a menos de 132 caracteres, y que se repiten una y otra vez hasta que por fuerza de repetición, la gente comienza a creer que encierran algo de verdad; o bien con base en descalificaciones personales.

Un tópico que no ha jugado mucho mediáticamente, y al que deberíamos apostarle aún más,es que el Estado está diseñando una política de inclusión digital que pronto habrá de aterrizarse, y que de concretarse en bases legales solidas se podría avanzar no sólo en mejorar la disponibilidad de internet en escuelas sino en diversos sitios públicos como parques, hospitales, oficinas gubernamentales, plazas públicas, bibliotecas, entre otros.

Finalmente, reiteramos que la reforma de telecomunicaciones ha logrado hasta el momento, que exista una decidida vocación para que haya libre competencia tanto en televisión como en los servicios de telefonía e internet, al crear condiciones para que haya nuevos canales de televisión y bajen los precios de la telefonía e internet, lo que no es cosa menor para un Estado, si se logra entender el tamaño y fuerza de los intereses económicos que se están afectando.

Interferencia perjudicial, si las pugnas internas partidistas de los partidos de oposición siguen evitando que haya avances legislativos, no sólo en telecom sino en otras materias.

Interconexión, si se logra concretar en el corto plazo una ley necesaria para dar seguridad jurídica y que promueva las inversiones.

Marcos Manrique

Marcos Manrique

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el grado de maestría aprobado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad, además tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la misma Facultad, cursó el Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y acreditó el Curso Básico de Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, como mejor promedio de la generación 2011, actualmente en cursa el Diplomado en Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

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