Los días recientes hemos sido testigos de diferentes movilizaciones en contra de las reformas establecidas por el Ejecutivo Federal, principalmente de campesinos inconformes con algunos puntos que atentan contra su fuente de empleo: la tierra.

Las reformas que han tenido lugar durante la administración peñista marcan un hito en la historia de nuestro país, no sólo por su naturaleza sino por tener como finalidad la generación de competencia y el mejoramiento de los servicios.

Sin embargo, una de ellas, la energética, deja desprotegido de forma considerable al sector agrario, el cual desde hace ya varios años ha estado en el olvido. Esto es una traición a la corriente del pensamiento que dio origen al Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política que ha apoyado fuertemente las reformas del presidente de la República.

Parece ser que más de 85 años (1929-2014), 12 años de alternancia (2000-2012) y su regreso al poder, separan al PRI de los ideales revolucionarios que forjaron las bases del partido en favor de la lucha social: la no reelección, repartición de las tierras y el derecho agrario; los cuales han ido desapareciendo con el paso de los años.

El Partido Revolucionario Institucional, se ha transformado de una institución que velaba por los derechos y principios emanados de la revolución, a un partido que trabaja para las corporaciones y el sector privado, dejando de lado los intereses para los que debería trabajar.

En específico, la Reforma Energética otorga al Estado la capacidad de expropiar al sector agrario de los principales mantos acuíferos que bañan nuestra nación y despojar a los campesinos de sus tierras, ante la posibilidad de la existencia de hidrocarburos en ellas.

Ante esto, pareciera que en perspectiva el campo no es del interés de la administración actual ya que no parece urgente buscar una regulación al uso del agua nacional, ni una Reforma al campo que salde la deuda con los trabajadores agrícolas y del campo que en los días recientes se han manifestado haciendo sentir su inconformidad.

Ahora bien, el único mecanismo con valor legal (amparado en convenios internacionales) que “protege” de cierta forma a los campesinos de una posible expropiación de sus recursos naturales y patrimonio familiar es la “Consulta de los Pueblos Indígenas”.

Sin embargo esto sirve de muy poco, ya que a nivel nacional no existe legislación alguna en la materia, por lo que el gobierno sigue beneficiando a empresas privadas sin tomar en cuenta a quienes trabajan la tierra, que por derecho tendrían que ser consultados y no vulnerados.

El Partido Revolucionario Institucional le ha dado la espalda a todos aquellos que lo consolidaron hace 85 años, y sepultó tanto las ideas que le dieron identidad política, como su compromiso social.

El PRI ha copado el interés empresarial dejando de lado la voluntad del pueblo y las políticas públicas que le benefician. Hoy se gobierna con y para el dinero, el “Partido de la Revolución” se ha convertido en el “Partido de las Corporaciones”.

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