El principio de presunción de inocencia constituye el pilar fundamental en el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deriva del consenso de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor internacionalmente hasta el 23 de marzo de 1976. En su artículo 14, apartado 2, señala: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley”. Y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8, apartado 2, casi en términos semejantes refiere: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”

En junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que implicó cambios profundos a diez artículos, siete de ellos en materia penal [16 al 22], sentando las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático en México, ad hoc con estándares de derechos humanos constitucionalmente reconocidos. La parte nuclear de la reforma está contenida en el Artículo 20 constitucional, donde se establecen los principios procesales y los derechos de las personas víctimas e imputadas de delito. Ahí se establece el principio de presunción de inocencia, al tiempo que se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas, relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y sus datos personales e impugnación de acciones del Ministerio público.

Sin embargo hoy vemos que la contradicción en el avance de nuestra democracia se hace nuevamente presente, pues, con dudas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala el arraigo (Excelsior, digital, 14 de abril 2014); Los ministros reconocieron que dicha figura jurídica, que permite a la PGR solicitar a un juez el arraigo hasta por 40 días del sospechoso, restringe gravemente la libertad de las personas.

“CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril.- Tras un intenso debate y tres sesiones de discusión, el arraigo en casos de delitos graves fue finalmente avalado por la mayoría de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Y si leemos entre líneas el acuerdo, nos deja como en tiempos de Calderón, donde esta figura legaloide llenó el país de injusticias y de fallos en el debido proceso, haciendo que haya algunos inocentes en la cárcel y muchos delincuentes libres.

A favor del arraigo votaron los ministros Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora, exprocurador general de la República.

El ministro Juan Silva Meza señaló que ésta acción constituye una privación de la libertad, no impuesta como sanción penal, y que incide en otros derechos constitucionales, como el de libertad, libre tránsito y reconocimiento de inocencia, por lo que su aplicación debe darse “bajo supuestos perfectamente claros y determinados”, razón por la cual votó por la inconstitucionalidad.

Además de Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar, Juan Silva Meza, José Ramón Cossío y Luis María Aguilar, presidente de la SCJN, votaron por la inconstitucionalidad de este artículo.

Aquí vemos el resultado de una “votación mayoriteada” en el Senado, recientemente, que llevó a la portación de la toga ministerial a dos amigos, perdón, él dice que no tiene amigos, digamos afines de Peña Nieto, así se politiza la justicia en México, pues se trata de cubrir la incompetencia del sistema judicial mexicano, donde la fabricación de culpables es lo que cuenta para la estadística (prueba de eficacia, según dicen), y queda muy lejos la justicia.

Cabe señalar que el pasado 13 de mayo de 2014, la entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, adelantó a medios nacionales la creación del nuevo organismo, como parte de una reestructuración institucional encaminada a modificar el perfil del investigador de cara a la Reforma Judicial que comprende los juicios orales.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el 25 de septiembre el acuerdo que crea la nueva dependencia y establece los detalles de su funcionamiento y estructura.

La Agencia de Investigación Criminal adscribirá a su estructura las unidades administrativas y el órgano desconcentrado de la Policía Federal Ministerial, así como a la Coordinación General de Servicios Periciales y al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Y que responde a una necesidad (que la misma PGR reconoce), la necesidad de crear la agencia viene de la falta de “una coordinación eficaz” entre unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR encargados del ámbito policial, pericial y de análisis de información relativa a la delincuencia, según el acuerdo.

Esta descoordinación causa que los resultados de las investigaciones “se diluyen generando productos insuficientes” para apoyar la actuación de la fiscalía cuando intenta probar delitos, se afirma en el acuerdo. Es decir no tenemos un sistema de investigación pericial y confiable.

Lo que en vez de subsanarse, se encubre con la aprobación del arraigo, es decir, te detengo y si no hay un delito te lo puedo fabricar en 40 días.

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