Hoy voy a hablar de tres temas: una ocurrencia electoral, una tragedia por corrupción y un dilema judicial, en los tres subyace indefinición, podredumbre y simpleza.

Ocurrencia electoral. Un senador de Morena, antes del PRD-Zoe Robledo- se le ocurre que para la elección 2018 en cada casilla haya servicio de internet y que cada presidente de casilla tenga un teléfono celular para que a través de este medio tecnológico con acceso a internet se pueda vigilar y dar cuenta de la legalidad de la jornada electoral. Para muchos suena algo muy lógico, creativo, innovador y de vanguardia, pero que visto con detalle sólo responde a la paranoia de la desconfianza electoral de los políticos, que no confían en ellos mismos, pero veamos los detalles:

  • ¿Cuánto nos va a costar el equipo y la capacitación para el manejo del mismo?, ¿no les basta lo caro del sistema electoral?, ¿Por qué no confían en los ciudadanos que están en las casillas? ¿Qué no hay observadores electorales con celulares? ¿En todo caso no serían mejor casillas electrónicas si es que la intención es utilizar tecnología?
  • Ahora resulta que las elecciones deben ser la justificación idónea para que haya “internet para todos”, cuando la política de inclusión digital se debe basar en otros criterios y parámetros.
  • Afirma que se puede utilizar la “Red Compartida” cuando se trata de un proyecto gubernamental –salpicado de corrupción e ineficiencia- que está en construcción, y que simplemente para el 2018 no estará lista ni por asomo.
  • Propone utilizar los sitios del programa México conectado para instalar las casillas, cuando son solo 100 mil puntos y para la elección se requieren cerca de 145 mil puntos, sin considerar que este programa apenas sufrió un recorte presupuestal de casi 80%.
  • Con independencia del costo y factibilidad del proyecto, ¿cómo se va utilizar y procesar la información que se capte y se envíe de la casilla hacía la autoridad electoral? ¿puede haber fraude o algún resquicio para la corrupción?

En mi opinión, caemos en la política del absurdo y de la simpleza con frases como “sin internet no hay elección”. Estoy completamente seguro que el proponente sabe bien que su propuesta pasa por una reforma legal al régimen electoral, misma que ya no puede ser aprobada dada la cercanía del proceso electoral. Y finalmente, ¿la propuesta nos asegura gobernantes honestos?

En conclusión, se trata sólo de ruido electoral de un político que desea ser candidato al Gobierno de Chiapas, donde su padre ya fue Gobernador –por el PRI-, por lo que busca temas mediáticos para posicionarse, aunque sabe bien que su propuesta no tiene posibilidad real.

Tragedia por corrupción. Dos personas fallecen asfixiadas después de caer a un hoyo enorme que se abrió en una carretera recién inaugurada por el gobierno federal, surgen versiones de falta de capacidades técnicas de las empresas involucradas, sobreprecios en los costos de las obras, avisos y prevenciones de que había defectos y detalles en la construcción que podían poner en peligro la seguridad de las personas, todo huele y se percibe como corrupción, lo que al tiempo se podrá corroborar; hasta el momento se aprecia una cadena de irregularidades y omisiones que tuvo una consecuencia fatal.

Por lo pronto, a la clase política lo que le urge es que renuncie un Secretario de Estado, nuevamente simpleza, no interesa la seguridad de las personas, lo que importa en lo inmediato es defenestrar al opositor, salir en espacios mediáticos pidiendo cabezas, juzgando y condenando.

La cordura y el sentido común debiesen encaminarse a que lo primero sería garantizar que la obra pública no contenga otro vicio que pueda provocar una nueva tragedia, pero ello no vende y ni da dividendos políticos.

Dilema judicial. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante si a uno de los juicios más importantes desde que entró en vigor la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, donde el monopolio de Telmex-Telcel impugnó la prohibición legal que tiene de cobrar por las llamadas que terminan en su red (interconexión) provenientes de otras compañías. Esta prohibición legal se le impuso como una medida asimétrica a un monopolio que controla el 70% del mercado y que tiene por objeto lograr mejores condiciones para que haya competencia efectiva que derive en mejores precios, calidad y mayores servicios para los usuarios.

La defensa de Telmex-Telcel se basa sustancialmente en señalar que la prohibición impuesta le daña económicamente y que debe ser una decisión técnica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien estudie costos y estructuras económicas para definir el monto de la tarifa de interconexión; en contraposición la medida asimétrica se justifica como una decisión legítima del Congreso de acabar con cualquier monopolio en telecomunicaciones, lo que ha permitido bajar tarifas a los usuarios y ha propiciado un entorno para que haya nuevos inversionistas.

Con la decisión de este caso se podrá justipreciar la independencia, sensatez y sentido común que debe privar en las decisiones públicas. Esperemos que el criterio judicial se incline por el interés público y social de que haya mejores servicios de telefonía e internet frente al interés privado de conservar ganancias exorbitantes derivado de una posición monopólica de muchos años.

DESPEDIDA. Ojala que las ocurrencias y propuestas electoreras no sean el discurso y tónica de las elecciones 2018; que haya una genuina e inmediata preocupación por garantizar la seguridad de las personas que circulan y colindan con el llamado “paso express” a Cuernavaca y, que la Suprema Corte decida sin ambages en contra de un monopolio que ha extraído bienestar a los mexicanos a través de tarifas caras, ventas atadas y promociones engañosas.

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