Para la gobernabilidad de un país, el indicador básico es el Estado de Derecho, como un principio de respeto al orden constitucional, a las leyes y a los derechos de los ciudadanos, pero muy especialmente los derechos humanos.

Así, podemos considerar el derecho como un conjunto de normas, a las que llamaremos leyes, que rigen la actividad humana en sociedad y cuya inobservancia amerita algún tipo de sanción, sólo existe derecho en sociedades que han logrado definir una «regla de validez o de reconocimiento» a partir de la cual se justifica cada principio legal de una sociedad dada. Tal regla supondría la existencia de un sistema legal, judicativo y policial ausente en sociedades primitivas.[1]

Las normas del derecho tienen la función de organizar la vida colectiva, garantizando el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad impone a sus miembros.

Históricamente, es casi imposible encontrar algún tipo de sociedad que carezca de un sistema de derecho (también llamado jurídico o legal), toda vez que la coexistencia social exige ciertos principios de conducta que la ordenen y regulen.

En el orden liberal, el análisis del Estado de derecho lo vincula con problemas de fundamentación moral y política que muchas veces quedan fuera de los enfoques que se limitan a lo jurídico. Los fundamentos del Estado de derecho en los principios de derechos individuales fundamentales y gobierno limitado, propios de la tradición liberal. El que en nuestra época existan figuras como el Estado social de derecho (llamado también «Estado de bienestar»), que, en aras de un modelo social más justo, han agregado derechos sociales y libertades positivas a la tradición liberal, no es obstáculo para sostener que los principios liberales satisfacen los requisitos mínimos del Estado de derecho.

Esta última premisa es la que me lleva a escribir lo presente, el hecho de que el ejercicio de los derechos sociales no excluye a los miembros de la sociedad del cumplimiento de las leyes ya que romperían con la regla de validez del derecho.

El rollo teórico precedente, que nos debiera permitir el análisis del momento socio-político actual de México, en el cual el desarrollo social está detenido porque el desarrollo económico también lo está, nos lleva a la conclusión de que no hay respeto al estado de derecho porque, como en las sociedades primitivas, no hay una institucionalidad que haga valer tal estado de derecho.

Me explico, en un país, cuya sociedad reconozca el Estado de derecho, no solo pide que se respete, sino que con el cumplimiento al mismo, la calidad moral y política de esa sociedad le permite exigirlo a los gobiernos. Bajo esta premisa fundamental es que no se puede tolerar que un grupo de vividores profesionales de la disidencia, profesionales porque de eso viven y alguien les paga por disentir de todo, controlando los movimientos sociales, que algunos a pesar de ser legítimos en su origen por lo justo de sus demandas, terminan por ser ilegales por los planteamientos de quienes los controlan, esos profesionales de la disidencia. Decíamos que es intolerable que pidan respeto a derechos quienes no respeten el derecho de todos, ni de la ley ni del orden constitucional.

Por otra parte, la misma demanda, el respeto al estado de derecho, esta solicitada en los discursos de los miembros de un gobierno que no respeta ese mismo estado de derecho, porque en el orden constitucional, y en las leyes, se le impone al gobierno la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos, de TODOS, no de unos cuantos y ese mismo orden legal le da las facultades para el uso de la fuerza pública para hacer respetar las leyes y los derechos de toda la sociedad, y en el caso del México actual, el gobierno es omiso.

Los ejemplos son muchos, Oaxaca, dónde los sedicentes maestros imponen el caos, violan los derechos de los ciudadanos, vandalizan, golpean, matan y el gobierno es inexistente; Michoacán no se diga, Tamaulipas dónde la ley la imponen los narcos, si un periodista habla o escribe de ello lo matan y hasta los ciudadanos están impedidos de hablar de los narcos y sus acciones, la prueba el caso de la twitera asesinada ni siquiera por denunciar sino por comentar con fotografías los actos de los criminales.

Así pasa en la Ciudad de México, encapuchados que se dicen estudiantes, paran le tránsito y destruyen unidades de autobuses sin demanda alguna, solo para provocar el que la policía intervenga y se digan mártires; los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, cuyas demandas parecían legítimas, ahora son tripulados por esos profesionales de la disidencia y dicen no a todo, a pesar de que el Gobierno claudica a su prerrogativa de imponer el órden y les da todo, y esos profesionales ahora van por más y ya involucran a la UNAM , a la UAM y a quien quieran, ellos lo pueden mientras el gobierno claudica.

Y en Guerrero, el crimen es gobierno, así ha sido desde hace mucho, desde Caballero Aburto, Rubén Figueroa y otros tantos, hasta el actual gobernador, y los actuales presidentes municipales de “tierra caliente”, y el gobierno deja que paren autopistas, que destrocen e incendien las propias instalaciones de la PGR y el palacio Municipal de Chilpancingo, y otros edificios particulares, roben mercancías y saqueen comercios y no actúa. Y ya se avisó que siguen sus actos hasta en la Ciudad de México, con programa y todo, no hay autoridad ni local ni federal, ya digamos que los detenga, ni siquiera que les advierta y exhorte a respetar a los derechos de los demás ciudadanos.

Para concluir, el Estado de derecho liberal que reclaman los inversionistas para hacer realidad los sueños de Peña Nieto, se basa en: a) el derecho a poseer bienes como una extensión natural del derecho a la vida, es decir, se requiere de una eficiente definición de los derechos privados de propiedad; b) el derecho a la utilización de los bienes mientras que en el ejercicio de esa libertad no se atente en contra de los derechos de terceros; c) el derecho de transferir los recursos en mercados competitivos, lo que implica que todas las transacciones son voluntarias, y, d) los tres derechos anteriores están garantizados por un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito.

Y el Estado de derecho social, en el que se den las garantías de derechos a la salud, al trabajo, a la pensión universal, a la universidad pública gratuita y a todos esos reclamos que implican menor desigualdad, también exige respeto a las leyes, pero sobre todo RECURSOS ECONOMICOS, que solo salen del pago de impuestos, y si no hay empresas, y si no hay empleo, ¿Quién paga impuestos?

Se debe solucionar Guerrero y TODO el país, para llegar al desarrollo. ¿Alguien sabe como hacerlo?, porque el actual gobierno NO.


[1] véase el texto clásico de H. L. A. Hart, The Concept of Law (1961), Clarendon Press, Oxford, 1994 (hay versión en español: El concepto de derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990).

Etiquetas

Sobre el autor

Eduardo Escutia

Eduardo Escutia

E. Eduardo Escutia J, es maestro en Administración Pública por el INAP, Licenciado en Administración por la UAM; curso la Licenciatura en Sociología en la UNAM y ha realizado diferentes cursos y diplomados. Laboró por más de 35 años en el sector público y es asesor de diferentes Organizaciones como la Caja de Previsión y Ahorros del Sindicato del IMSS, fue asesor investigador externo del Instituto Belisario Domínguez, de Investigación Legislativa del Senado de la República, ha realizado diferentes investigaciones y estudios para el sector público y fue docente de diferentes universidades públicas y privadas desde 1978 a 2012 Es un apasionado de los temas de la Democracia, la Gobernabilidad y las políticas públicas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *