Siguen las voces que instigan en tono imperativo, casi en calidad de mandato, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) interponga una controversia constitucional en contra de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo el argumento de que se vulnera la autonomía de dicho instituto, pero tal pareciere que los “defensores” del IFETEL buscan tal cometido, precisamente atacando su independencia y autonomía.

La decisión de acudir a un juicio es estrictamente personal, no depende de un tercero o de supuestas opiniones especializadas, mucho menos de aquellos a los que la controversia constitucional planteada les pudiese ofrecer beneficios personales al retardar la aplicación de la ley o al menos deslegitimar su aplicación.

Hay que recordar que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aprobó por la mayoría de un Congreso, fue un ejercicio de consenso y negociación donde participaron las diversas fuerzas políticas; su legitimidad no sólo es formal sino que es material al constituir el nuevo paradigma exigido por los ciudadanos, bajo un estándar de mejores servicios en internet, radio, televisión y telefonía.

En una democracia, las leyes son dictadas por las mayorías y los inconformes tienen vías legales de defensa, mismas que se encuentran expeditas, pero siempre será más redituable, al menos políticamente, desgastar a las autoridades.

La apuesta es clara, ganar en medios de comunicación lo que no se pudo ganar en la arena del Congreso, tónica que ahora se repite: lo que no se pueda ganar en tribunales se pretenderá ganar en la arena mediática.

Pero es claro que tales posiciones reaccionarias poco a poco se van desdibujando, y para muestra, la reciente acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promovida por el Instituto de Transparencia del Distrito Federal, la cual fue desechada por notoria improcedencia, debido a que dicho instituto local única y exclusivamente puede interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales dictadas por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el inciso H de la Fracción II del Artículo 105 Constitucional, siendo obvio y notorio que la ley impugnada es federal.

No obstante la claridad del texto constitucional que delataba a todas luces la improcedencia de dicho medio de defensa, hubo quien lo publicitó con bombo y platillo, celebrando que haya quienes se presten a su juego fatuo a sabiendas de que es una acción fútil, pero es claro que solo buscan generar leña mediática para seguir defenestrando a las instituciones. Ahora, incluso, se acusará a la Corte de que también se dobló, pero no se deje sorprender, las leyes que nos rigen simplemente no permiten tales recursos legales.

Pero la iracunda defensa de la autonomía del IFETEL y de sus facultades, no para ahí; sus “defensores” han anunciado que ahora serán algunos municipios (afines a ellos) los que buscaran interponer controversias constitucionales.

Ojalá y alguien les avise a los cabildos municipales, que los municipios sí pueden interponer controversias constitucionales pero sólo respecto de actos que afecten o invadan su ámbito de competencia, y propiamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no afecta de ningún modo a los municipios.

Los defensores de la autonomía del IFETEL seguirán en sus entuertos legales, tal vez después presenten demandas testimoniales, o creen un Tribunal “legítimo” que resolverá a su favor, pero recuerde, sólo es ruido, que en telecomunicaciones se conoce como interferencia perjudicial.

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