Campo Elías Chagua recoge hoja de coca y recibe a cambio unos 460 dólares por kilo. Lleva cultivando coca desde hace 20 años. Juan Arredondo para The New York Times

Después de décadas de conflicto, las Farc y el gobierno buscan que los agricultores colombianos sustituyan sus campos de coca por cultivos legales, pero las ganancias de la coca siguen siendo demasiado tentadoras y muchos desconfían de las promesas de las autoridades.

Más o menos cada tres meses, Javier Tupaz, padre de seis hijos, baja la colina desde su casa de tablones de madera para trabajar en su laboratorio de cocaína en la jungla.

Al igual que todos en su poblado, Tupaz depende del negocio de la coca para obtener efectivo, y ha sobrevivido durante décadas de guerra en Colombia. La producción no se detuvo durante el conflicto que parecía no tener fin entre los guerrilleros y el gobierno colombiano, que trató de destruir sus cultivos de coca en múltiples ocasiones. Él simplemente volvía a plantarla.

Sin embargo, Tupaz cree que hay una cosa a la que sus cultivos podrían no sobrevivir: la paz.

El acuerdo de paz que se firmó el año pasado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Farc, puso fin al conflicto más antiguo del continente americano. Pero el gobierno colombiano también ve en la paz la mejor oportunidad que Colombia ha tenido en décadas para acabar de una vez con el tráfico de drogas controlado por los guerrilleros, y poder sustituirlo con cultivos legales, aunque sean menos lucrativos.

“Celebramos el acuerdo; después de todo, el conflicto terminó”, dijo Tupaz, de 44 años, al lado de uno de sus enormes barriles de droga. “Pero, por otra parte, las Farc tenían el control aquí; uno podía cultivar coca, tener un laboratorio y estaba protegido”.

Pedro Emilio Culchas con sus cultivos de pimienta, que comenzó a sembrar en 2007 en sustitución de la coca Juan Arredondo para The New York Times

Pedro Emilio Culchas con sus cultivos de pimienta, que comenzó a sembrar en 2007 en sustitución de la coca Juan Arredondo para The New York Times

La paz significa que los soldados ya no tienen que abrirse paso a tiros en el territorio de los rebeldes para arrancar plantas de coca ni desmantelar laboratorios de droga. Ahora las Farc, que formalmente entregaron las armas en junio, han unido fuerzas con el gobierno para que los campesinos dejen de cultivar coca, en una de las primeras colaboraciones entre los hasta hace poco enemigos.

Afuera de Los Ríos, la comunidad en la que vive Tupaz, los rebeldes ahora aparecen vestidos de civiles junto a los funcionarios del gobierno, intentando convencer a los campesinos de que planten cultivos como la pimienta negra y el palmito.

“Sin la guerra con las Farc se nos presenta una gran oportunidad”, explicó el vicepresidente Óscar Naranjo, un general retirado que pasó buena parte de su carrera luchando contra los guerrilleros.

Hay cierta urgencia detrás de los esfuerzos por sustituir los cultivos. El año pasado, incluso cuando el gobierno y las Farc estaban negociando la paz, el cultivo de coca en Colombia se disparó: una cantidad récord de tierras fueron destinadas a este cultivo, señaló la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca.

Ahora, como parte de su plan de reconstrucción de los departamentos colombianos en la jungla y asolados por la guerra, el gobierno promete entregar dinero a las primeras 50.000 familias productoras de coca que acepten la oferta de sustitución: un pago mensual de unos 325 dólares por el primer año que los campesinos abandonen el cultivo de coca, seguido de subsidios para plantar nuevos cultivos y educación sobre cómo hacerlos crecer.

Colombianos que cultivan coca en La Florida durante un seminario de buenas prácticas para la sustitución Juan Arredondo para The New York Times

Colombianos que cultivan coca en La Florida durante un seminario de buenas prácticas para la sustitución Juan Arredondo para The New York Times

Pero, aunque haya incentivos, el general Naranjo advirtió que no desaparecerá el uso de la fuerza.

“No todos querrán sustituir sus cultivos”, dijo, en especial aquellos que tienen fuertes lazos con la industria del narcotráfico. “Y para ellos habrá erradicación manual forzada”.

Desde el pequeño terreno cercano a su pueblo, Tupaz dice que le parece como si la historia se repitiera.

Tupaz recuerda que a principios de 2000 el gobierno le entregó dos vacas a cada familia para que dejaran de producir coca, un plan que condujo a que los precios del ganado se desplomaran cuando la gente vendió los animales. O cuando a los funcionarios se les ocurrió la idea de cultivar vainilla, proyecto que fracasó porque en Los Ríos nadie sabía cómo cultivarla. Luego hubo una ocasión en 2010 cuando Tupaz, después de tantas fumigaciones a sus plantas de coca, prefirió abandonar el cultivo de droga y recorrer un camino lodoso hasta el banco local del pueblo para solicitar un préstamo con el fin de plantar 8000 metros cuadrados de cacao.

“Tenían apenas este tamaño cuando también los rociaron”, dijo, levantando la mano unos cuantos centímetros del suelo, mientras relataba cómo los aviones militares arrojaron químicos que acabaron matando sus cultivos legales.

Las fumigaciones se detuvieron en 2015 porque la Organización Mundial de la Salud vinculó el herbicida utilizado para esa labor, el glifosato, con el cáncer.

Mary Fanny Ruales y su familia fueron de los primeros en sustituir sus cultivos cuando aún no se ofrecían subsidios. Juan Arredondo para The New York Times

Mary Fanny Ruales y su familia fueron de los primeros en sustituir sus cultivos cuando aún no se ofrecían subsidios. Juan Arredondo para The New York Times

Para muchos en la Colombia rural se trata de una cuestión matemática: la hoja de coca que se usa para hacer cocaína es mucho más rentable que cualquier otra cosa que se pueda cultivar aquí.

Para llegar a Los Ríos, una comunidad de 32 familias, hay que caminar por lodazales y ríos durante más de una hora; no hay hospitales ni mercados cerca, ni prácticamente ninguna industria, con excepción de la de las drogas. Los lugareños dicen que los tiempos de paz los ponen entre la espada y la pared: la criminalidad de la coca o la pobreza aún más profunda que enfrentarían al plantar otra cosa.

“Lo hemos aceptado: ganaremos menos con otros cultivos”, dijo Edward Cuaran, un joven de 23 años que cultiva coca y regresó a Los Ríos, a pesar de haber obtenido un título universitario, porque no pudo encontrar trabajo. “Pero ¿qué otra cosa se puede hacer aquí?”.

Los precios de la coca ya han disminuido debido a la gran cantidad de coca plantada y a que actualmente hay menos guerrilleros metidos en el narcotráfico, lo cual deja a muchos agricultores sin comprador.

El gobierno legalizó la marihuana —que los rebeldes han traficado desde siempre— para fines médicos, dejándola principalmente en manos de las grandes empresas. Hasta ahora se han otorgado pocas licencias, y los pequeños agricultores se quejan de que se les ignoró en el proceso. Esto ha hecho que se tengan que tomar decisiones difíciles en lugares como Corinto, un pueblo a 482 kilómetros de Los Ríos, ubicado a los pies de montañas cubiertas de arbustos de marihuana.

Una persona lava las hojas de coca, primero con gasolina y después con agua, para recopilar el extracto en barriles y después acidificarlo y mezclarlo con cemento. Juan Arredondo para The New York Times

Una persona lava las hojas de coca, primero con gasolina y después con agua, para recopilar el extracto en barriles y después acidificarlo y mezclarlo con cemento. Juan Arredondo para The New York Times

Hace poco, en una reunión de decenas de campesinos, una mujer comenzó con una oración para pedir a Dios que los ayudara “a sustituir los cultivos ilegales por legales”. Edward García, el alcalde de Corinto, explicó en términos generales un paquete gubernamental para los lugareños sobre un pizarrón blanco, mientras algunos tomaban notas. “No van a esperar para siempre a que nos sumemos”, dijo, advirtiendo que el ejército ya estaba patrullando los límites del pueblo.

Unos cuantos campesinos han logrado una sustitución exitosa en el transcurso de los años. Cerca de la frontera con Ecuador, Pablo Ángel Cuaran cortó de un machetazo una pequeña palmera y después abrió el tronco para mostrar su interior jugoso: el palmito, que había comenzado a cultivar hacía una década. Ahora planta este cultivo junto con otros miembros de una cooperativa de campesinos que negoció con el gobierno local para que por fin les llevara energía eléctrica a cambio de poner fin a sus cultivos de coca.

Ahora los cultivos legales se extienden a lo largo de 80 hectáreas de llanos, que incluyen una fosa común donde los combatientes paramilitares enterraron a decenas de víctimas.

Una enorme cruz marca el lugar, que ahora está cubierto con un nuevo cultivo de palmas. Cuaran dijo que cuando era niño y los campos eran de coca se podía ver a un hombre con una bata blanca en el camino, desmembrando cuerpos con un machete.

“Antes uno tenía mucho dinero pero nunca estaba en paz”, dijo Cuaran.

Pablo Angel Cuaran cultiva palmito desde 2007. Juan Arredondo para The New York Times

Pablo Angel Cuaran cultiva palmito desde 2007. Juan Arredondo para The New York Times

A unas cuantas horas en auto, en La Carmelita, una región con un puñado de poblados al lado de un campo de desmovilización rebelde, 500 familias ya se inscribieron en el nuevo programa de sustitución de cultivos del gobierno. En junio comenzaron a arrancar sus plantas de coca, dijo Aldemar Yandar, coordinador local del programa.

“Mucha gente piensa que, si no es coca, no se puede plantar aquí, y eso simplemente no es cierto”, dijo Yandar. “La gente pronto verá lo que su vecino está haciendo y querrá hacer lo mismo”.

Sin embargo, el atractivo de la hoja de coca siempre está cerca. La cantidad de trabajadores de una planta de procesamiento de caña de azúcar subsidiada por el gobierno cerca de La Carmelita ha disminuido; ahora emplea a una docena de los más de 30 que tenía el año anterior. La mayoría de los empleados se fueron a cultivar hoja de coca y la planta azucarera ya no pudo encontrar quien cubriera las vacantes, explicaron los trabajadores. La producción ha caído a la mitad.

“Estamos rodeados de campos de coca”, dijo Alirio Hernández, un líder en la asociación local de productores. “Pagan el doble”.

El vicepresidente Naranjo se mantuvo optimista. Dijo que, dado que el gobierno ya no está enfocado en la guerra con los guerrilleros, por fin podrá construir los caminos y la infraestructura necesaria para crear mercados para los cultivos legales, mientras asesta el golpe final a los narcotraficantes restantes.

No obstante, Naranjo reconoció que eso tal vez no le funcione a todos, como en el caso de las poblaciones que no están conectadas a caminos o las comunidades que se asentaron en los parques nacionales de manera ilegal, donde el cultivo de coca se ha expandido en años recientes.

“A estas familias habrá que reubicarlas”, sentenció el vicepresidente.

Factores como el que el Putumayo esté retirado y que haya una falta de acceso a caminos han contribuido a que muchos campesinos continúen cultivando coca. Juan Arredondo para The New York Times

Factores como el que el Putumayo esté retirado y que haya una falta de acceso a caminos han contribuido a que muchos campesinos continúen cultivando coca. Juan Arredondo para The New York Times

Campo Elías Chagua, un agricultor de coca de 50 años que vive a las afueras de un pueblo llamado La Hormiga, espera no tener que irse.

Una mañana hace poco, Chagua se encontró con que ya se había extendido una densa selva de enredaderas y aves tropicales en su campo de coca, salpicado de árboles de cacao y de carambolas, una fruta verde en forma de estrella. Su hijo de 27 años y él pasaron el día recolectando la cosecha de los arbustos de coca en el terreno, mientras otro agricultor de coca, Arnulio Quiñones, los miraba.

“Las Farc mantenían el orden”, dijo la esposa de Chagua, Mariana Narváez, recordando los viejos tiempos. Pero ahora se preguntan: ¿lo hará el gobierno? Aquí todavía no hay energía eléctrica ni agua corriente. Y ahora los funcionarios les están pidiendo que dejen de cultivar coca.

“Tal vez regresemos a la violencia si el gobierno no mantiene su parte de este acuerdo”, dijo Chagua.

Aquel día visitaron el laboratorio de un vecino, que estaba procesando pasta de cocaína con ayuda de una persona a la que había contratado para ello. El olor a gasolina y hojas frescas inundaba el aire.

“Él simplemente no podría subsistir de la pimienta negra”, dijo Quiñones.


Fuente: NYTimes / Nicholas Casey

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