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Lo que no entienden los candidatos mexicanos sobre migración

Un grupo de migrantes de Centroamérica pasa por carteles de las campañas electorales en Hermosillo, México, el 21 de abril de 2018. John Moore/Getty Images

Por primera vez en la historia electoral mexicana se dedicó un debate presidencial a temas de migración y fronteras. Los candidatos a la presidencia tenían una oportunidad ineludible: abundar sobre la posición de México en el mundo y sobre sus migrantes. Esto es un reflejo de la importancia que ha ganado la migración en la agenda mexicana e internacional en las últimas décadas y de la complejidad y urgencia que ha adquirido, especialmente en tiempos de Donald Trump. Hoy, la migración está al centro de la conversación pública en México. Ya era hora.

Sin embargo, fue un debate frustrante: ni Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, ni Ricardo Anaya, de Por México al Frente, ni José Antonio Meade, de Todos por México, ni el independiente Jaime Rodríguez Calderón ofrecieron respuestas específicas ni propuestas novedosas para tratar uno de los asuntos que el gobierno ha desatendido desde que en los noventa, en el contexto del TLCAN, comenzó un éxodo masivo de mexicanos a diferentes países del mundo, especialmente a Estados Unidos.

El domingo 20 de mayo hubo oportunidad para profundizar en las distintas aristas de la migración y la seguridad fronteriza, pero los candidatos no estuvieron a la altura de las expectativas: sus propuestas demostraron desconocimiento y falta de sensibilidad ante las comunidades migrantes y las organizaciones de la sociedad civil que llevan años llenando el vacío que ha dejado el gobierno mexicano. Han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han elaborado diagnósticos, han empujando el tema en la agenda pública y han presentando proyectos de políticas públicas que los aspirantes a la presidencia deberían conocer y estudiar para responder a los retos actuales de la migración.

Todos los candidatos admitieron que hay una falta de coherencia —y, por lo tanto, una falta de autoridad moral— entre los derechos que exigimos para los mexicanos en Estados Unidos y la situación de vulnerabilidad de los migrantes y refugiados en México. Aunque sea una obviedad, es el primer paso que el gobierno mexicano debe tomar: dar a los migrantes que llegan a México lo mismo que se exige a Estados Unidos. Pero para ello, los candidatos tienen que ir más allá de las generalidades y diseñar leyes y mecanismos para que la política migratoria mexicana cumpla con el principio de proteger y promover los derechos de los migrantes, dentro y fuera del país.

López Obrador advirtió que es necesaria una visión a largo plazo sobre las causas estructurales de la migración: “La mejor política exterior es la interior”, dijo. Sí, hay que fortalecer la economía interna, combatir la pobreza y crear oportunidades de empleo digno para que las personas no tengan que salir “a buscarse la vida”. Esa es la realidad que los gobiernos anteriores han evadido, pero también es una visión estrecha: hay 36 millones de personas de origen mexicano fuera del país (el 98 por ciento en Estados Unidos) y, de ellas, casi 12 millones nacieron en México.

Aunque México lograra crear oportunidades económicas y las condiciones de seguridad necesarias para reducir la migración y promover el retorno, tenemos una diáspora de mexicanos. Así que solucionar todo con políticas locales del combate a la pobreza no es suficiente.

Es indispensable una política que responda a las necesidades de esos millones de mexicanos fuera del país, con protección consular, sí, pero también que atienda sus derechos sociales y económicos. La visión estructural que esbozó López Obrador también se queda corta si no se plantean estrategias para combatir la cultura de discriminación y racismo contra los migrantes: tanto los mexicanos en el exterior, los que regresan a México, así como los extranjeros que recorren o se quedan en el país enfrentan situaciones de exclusión y abuso por su apariencia, acento o por no tener papeles.

Al hablar de migración, refugiados y trata de personas, quedó claro que pese a que tenemos una Ley de Migración actualizada y apegada a los marcos internacionales, carecemos de la infraestructura para cumplirla. Por ejemplo, se habló durante el debate de la corrupción de la policía y de las autoridades migratorias mexicanas, pero no de cómo combatirla. López Obrador propuso trasladar el Instituto Nacional de Migración a Tijuana, pero sin explicar el razonamiento ni mencionar la necesidad de reformar la institución desde dentro.

Nuestra política de seguridad en la frontera es responsable de miles de deportaciones de personas que regresan a países donde corren peligro —como El Salvador, uno de los epicentros de mayor violencia del mundo—, pero ninguno de los candidatos cuestionó el actual modelo, el Programa Frontera Sur, enfocado en el endurecimiento del control de esa frontera, una estrategia de seguridad fronteriza que se extiende hasta Chiapas y está pensada desde Estados Unidos para detener el flujo de migrantes de Centroamérica. Al contrario, Ricardo Anaya celebró que ningún terrorista haya cruzado a Estados Unidos por la frontera de México y José Antonio Meade insistió en que tenemos que ser cuidadosos con los migrantes que son delincuentes. De este modo los candidatos reproducen un discurso que criminaliza a las personas que migran.

Hay mucho que aprender de la experiencia que se tiene en los consulados y la infraestructura que México ha desarrollado en Estados Unidos, Canadá y otros países. Todos los candidatos hablan de dedicarles más presupuesto, pero ¿para qué exactamente? López Obrador propuso convertir a los consulados en procuradurías de justicia, pero, ¿en qué sentido es distinto este esquema de la infraestructura de protección consular que ya tenemos?

La protección y defensa de los mexicanos que viven en condiciones precarias en Estados Unidos es una prioridad, pero se trata de una política reactiva, que ahora más que nunca responde al discurso antiinmigrante de la Casa Blanca. Por eso es necesario reconocer y discutir el otro lado de esa política: el empoderamiento de los migrantes en Estados Unidos (no solo los dreamers) y la necesidad de apoyarlos para fortalecer sus organizaciones comunitarias y de proveer mejores herramientas para que luchen por sus derechos: que tengan acceso a salud y educación; que se protejan sus derechos laborales; que obtengan la ciudadanía; que voten, y que su fuerza política y económica se reconozca para que logren transformar leyes en ambos lados de la frontera.

Cada contexto estatal en Estados Unidos es distinto, como acertadamente advirtió Meade, y por ello hay que enfocarse en estrategias a nivel local. Yo agregaría: hay que hacerlo en conjunto con la comunidad migrante y sus organizaciones. Anaya fue el único que se comprometió a dar representación en el Congreso a los migrantes y Meade también sugirió que es necesario trabajar con las iglesias; que, supongo, se refería a la extraordinaria red de albergues a lo largo de la ruta migratoria y a las congregaciones religiosas y activistas que se arriesgan a diario para ofrecer apoyo, sin recursos ni protección por parte del Estado.

El gobierno debe escuchar y forjar alianzas con las distintas organizaciones que están trabajando con los migrantes, dentro y fuera de México, para crear mejores estrategias que resguarden los derechos humanos de los migrantes. Es su experiencia la que debe dirigir los esfuerzos públicos mexicanos para diseñar una nueva política migratoria acorde con los tiempos.


Fuente: NYTimes /Alexandra Délano Alonso 

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