El pasado 20 de noviembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que tres grupos empresariales radiofónicos, Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac, Cadena Tres y Grupo Radio Centro, de un total de ocho inicialmente interesados en participar en la licitación de cadenas de televisión abierta, habían presentado sus respetivas garantías de seriedad y posturas con sus ofertas de cobertura y económica para obtener una y/o dos concesiones de cadenas nacionales de televisión abierta digital, que se otorgarán a más tardar el 19 de marzo del próximo año.

Con este hecho, se puede decir que se ha concluido el proceso de participación en la primera licitación de concesiones de televisión abierta en la historia de la radiodifusión del país. Sin embargo cabe señalar ciertos riesgos que hicieron que la participación disminuyera de un total de 8 interesados a sólo 3 participantes con ofertas presentadas.

Podemos decir que, como en todo proceso de licitación, se busca que mediante un mecanismo competitivo se asignen las concesiones a aquellos agentes económicos que sean relativamente mas eficientes, hipotéticamente las obtendrán aquellos que ofrezcan la mayor cobertura con la mayor postura a pagar por obtener la concesión, de igual forma el primer factor de desempate es la población total cubierta. Se puede decir que todos los interesados obtuvieron una opinión favorable en materia de competencia dado que ninguno de ellos estaba relacionado con el agente económicos determinado como preponderante en radiodifusión (Grupo Televisa). Sin embargo, pudieron haber existido factores que disuadieron la participación de potenciales participantes, en específico los amparos presentados por Grupo Televisa respecto a su obligatoriedad de compartición de infraestructura de radiodifusión y las voces de ciertos legisladores que sugieren que sólo debió haber habido un solo agente considerado “preponderante” en lo que algunos llaman el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

Tanto la oferta de cobertura, como la económica tuvieron necesariamente que considerar la certeza de disponibilidad de la infraestructura de radiodifusión de Grupo Televisa, la cual comprende 250 estaciones concesionadas en el país, las cuales representan el 54.3% del total nacional con 394.3 millones de habitantes en la zona de cobertura, 53.6% del total. Se entiende por infraestructura pasiva los elementos no electrónicos al servicio de las plantas transmisoras, y redes del Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada que incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, los derechos de vía, conductos, mástiles, zanjas, torres, postes, instalaciones de equipo y de alimentaciones conexas, seguridad, equipos auxiliares, sitios, predios, espacios físicos (salvo estudios), ductos y canalizaciones, así como fuentes de energía y sistemas de aire acondicionado. De estas el activo fundamental es la ubicación, dado que es el factor de mayor importancia para las señales radiodifundidas, y la ubicación es el factor escaso y no necesariamente reproducible o duplicable[1].

La probabilidad asociada a que tal disponibilidad sea total, parcial o nula dependiendo de los recursos legales presentados y de la presión que grupos de interés tanto en el legislativo como en otros entornos que llaman por un retroceso en la condición impuesta a Grupo Televisa, necesariamente tuvo que haber sido considerado en la oferta presentada, tanto económica como de cobertura. El acceso a tal infraestructura pasiva significa un ahorro en costos, de no existir u otorgarse en forma parcial, o incluso no otorgarse, significa mayores costos y por tanto menor disposición a ofrecer una postura económica relativamente elevada dado un nivel de cobertura.

Es necesario recordar que las bases consideran como Cadena Nacional a la cobertura de al menos 30% de la población de todas y cada una de las entidades federativas del país y que dada la lista de localidades obligatorias significa, según las Bases, una cobertura mayor al 50% de la población nacional.

Ante tal riesgo, los participantes mejor posicionados para realizar una oferta tanto de cobertura como económica son aquellos que no necesariamente dependen del acceso a la infraestructura de Grupo Televisa. De forma semejante, no es de sorprender que sean grupos radiofónicos los que hayan permanecido en la licitación toda vez que tanto la televisión abierta comercial como la radio, son plataformas que por medio de contenidos (programación) generan audiencia y esta es ofrecida a los que buscan publicitarse en sus espacios comerciales que de insertan en la programación, ambos medios son típicos ejemplos de mercados denominados “de plataforma” o “two sided markets”.

Los participantes que presentaron ofertas son aquellos de una forma u otra tienen menor dependencia para sus objetivos de cobertura del acceso a la infraestructura de Grupo Televisa, es decir que el riesgo de un eventual retroceso parcial o total a la compartición de infraestructura puede ser sustituible con el acceso actual a su despliegue de estaciones de radiodifusión sean propias o afiliadas. Cabe señalar que a la fecha no se ha emitido oferta pública de acceso a infraestructura de Grupo Televisa tal y como económicamente debió de haber antecedido a la entrega de ofertas, dado que tal oferta pública constituía una variable de fundamental en la postura a ser presentada por cada participante.

En la Resolución de Preponderancia se estableció el 30 de noviembre como la fecha límite para la propuesta de Oferta Pública con las observaciones que el IFT le haya realizado en su momento. ¿Cuál es la justificación de que la fecha de presentación de ofertas haya sido antes y no posterior a la difusión de la Oferta Pública de Infraestructura?, cuando tal Oferta Pública era pieza fundamental de información para las posturas de los participantes en la licitación de referencia.

La existencia de una oferta de cobertura no excluye la posibilidad de que no necesariamente se tengan cadenas nacionales de inmediato dado que el criterio de asignación deberá de ser en función de aquella que maximice la postura de ambas ofertas, tanto de cobertura como la económica, sin embargo no se especifica si se permite la gradualidad en la conformación de las cadenas nacionales. La evaluación de ofertas obedece a un promedio ponderado de ambas ofertas donde el mayor peso relativo (60%) es corresponde a la oferta de cobertura y el de menor peso relativo (40%) es la oferta económica[2]. Tal formulación no considera que ambas ofertas están relacionadas, conceptualmente se puede decir que a mayor cobertura se requiere mayor inversión y una mayor inversión disminuye la disposición e pagar, por lo que afecta negativamente a la postura económica. Por lo tanto ambas ofertas se ven afectadas por el riesgo del acceso a la infraestructura pasiva del Grupo Televisa. Dada tal formula, los participantes que ofrezcan la mayor cobertura, aunque no ofrezcan la mayor contraprestación, podrán ganar. La presencia de cobertura actual susceptible de utilizarse en televisión digital explica la permanencia de los postores que presentaron sus respectivas pujas en ambos aspectos.

El IFT ha iniciado la protección a las ofertas económicas por medio de la negativa a MVS a ofrecer televisión abierta, de haberse otorgado necesariamente hubiera disminuido las ofertas económicas de los participantes, toda vez que MVS es el agente con mayor potencial de competencia en TV abierta que el resto de los participantes. Si bien la negativa tiene un efecto anticompetitivo en el mercado de televisión, se evitó una disminución en las posturas de los participantes. El IFT privilegió la protección a las ofertas económicas antes que otorgar entrada a MVS a televisión abierta.

El escenario procompetitivo deseable hubiera sido el maximizar la competencia en televisión abierta por dos vías:

  1. Mediante la modificación de los títulos de concesión al permitir servicios adicionales, de todos aquellos agentes económicos con frecuencias técnicamente susceptibles de ser utilizadas para ofrecer señales de televisión abierta digital y
  2. mediante la licitación que esta siendo llevada a cabo previo conocimiento de la oferta pública de acceso a la infraestructura pasiva del Grupo Televisa y la conclusión de los procesos judiciales de amparo al respeto dado que, aunque no existe suspensión, una retroceso total o parcial en la medida de compartición afectaría las inversiones requeridas para una cobertura dada.

Pero los tiempo políticamente comprometidos no necesariamente se desarrollan con las secuencias económicamente deseables. A lo anterior todavía faltaría considerar la certidumbre en transición de la señal análoga a digital dentro del calendario de establecido.


 

[1] Versión pública del Acuerdo P/IFT/EXT/060314/77 referente a la Resolución de Agente Económico Preponderante en el Sector de Radiodifusión a Grupo Televisa S.A.B.

[2] Apéndice B Lineamientos para la Evaluación de Ofertas. Bases de Licitación IFT-1.

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