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Legitimidad, gobernanza, liderazgo moral y justicia cotidiana

En los Estados más o menos con una democracia desarrollada, se dice que el problema de  legitimidad y gobernanza se diluye, “Debido a la democratización de los regímenes políticos y a la instauración o restauración progresiva del Estado de derecho y, por ende, de la ley como el marco vinculante de la acción de los poderes públicos y particularmente del gobierno ejecutivo, se han resuelto razonablemente los dos cuestionamientos fundamentales al sujeto gobierno: la legitimidad de su cargo y la legitimidad de su actuación. El sujeto gobierno ha dejado de ser el problema, al reunir las características consideradas esenciales y correctas: elegido libremente entre opciones políticas en competencia, controlado por otros poderes públicos, sujeto al escrutinio ciudadano, sometido al imperio de las leyes, respetuoso de los derechos humanos y de las libertades políticas y civiles de los ciudadanos, transparente, rendidor de cuentas, conocedor además de los ingentes costos que acarrea a su legitimidad política la inobservancia de la ley y el irrespeto a derechos humanos y ciudadanos.

La cuestión nueva consiste en que los gobernantes legítimos pueden no gobernar. Sus decisiones y acciones pueden tener propósitos directivos pero no efectos directivos en campos cruciales de la convivencia y supervivencia social. El problema de la legitimidad o validez institucional del gobierno ha dejado de ser el centro del problema, pues el gobernante ocupa legalmente el cargo y actúa conforme a las reglas jurídicas establecidas. Lo que se discute es su validez directiva, su competencia directiva (o su “legitimidad por resultados”, en expresión muy socorrida aunque inapropiada). El problema no es ya el gobierno, en el sentido de gobernante, sino el gobierno, en el sentido de la acción de gobernar,…”[1]

Un problema de gobernanza se da cuando la legitimidad se pierde por la falta de autoridad moral de los gobernantes, otro problema es la falta de capacidad dada en conocimientos, habilidades y/o aptitudes y actitudes para gobernar; pero ¿qué pasa cuando se dan los dos problemas juntos?

En cuanto al liderazgo moral “…, la actuación cotidiana de los gobiernos está fundada en la obligación de garantizar que las reglas de la convivencia se cumplan, pero muchos funcionarios actúan descaradamente para acrecentar su poder propio, mientras que la credibilidad de las autoridades en su conjunto se daña con cada nuevo episodio de corrupción revelado. ¿Cómo pedirle a la gente que siga las reglas, confíe en sus autoridades y acepte sus decisiones, si éstas las degradan para hacerse del poder público y las corrompen mientras lo ejercen? ¿Cuál puede ser la fuente de legitimidad de un régimen que ha vulnerado la confianza pública en los valores que, a pesar de todo, mantienen vigente la convivencia y la cohesión de la sociedad?”[2]

Hoy el liderazgo moral de nuestros gobernantes, en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes, está muy mermado, día a día nos enteramos por esa libertad de publicación, que aún no tiene resultados directos en la aplicación de justicia, de corruptelas, fraudes, malas prácticas de gobierno y de nuevos discursos de progreso, bienestar, desarrollo y promesas infundadas.

“La opinión pública siempre es contundente y avasalladora pero de los tres poderes por la actividad que realiza, y los controles que tiene, el que mayor credibilidad tiene es el poder judicial” y  sin embargo, “La pérdida de la confianza pública en todas las instituciones, elevadas cifras de impunidad, así como un poder judicial lejano y ausente del ciudadano, son los principales factores que han generado que la población en México mire al sistema judicial como sinónimo de corrupción”[3]

Según el Índice Mundial del Estado de Derecho–, México ocupa el lugar 79 de 99 naciones en materia de justicia, criminalidad y corrupción de servidores públicos… el apego a la ley en México sólo es mejor que países como Rusia, Irán, Zimbabwe y Afganistán.

Cuando vemos de frente la injusticia de la justicia ciudadana… se confirma lo lejos que estamos de cubrir los mínimos de apego al Estado de Derecho y de atención a los ciudadanos de a pie y cuando buscamos una explicación a estas deficiencias, encontramos respuestas sensatas como las del Doctor José Antonio Caballero, investigador de la división de asuntos jurídicos del CIDE, quien confirma que es necesario que la autoridad diseñe soluciones específicas para problemas específicos. Es decir, que llegó el momento de restar prioridad a las grandes reformas –a los cambios en la esfera macro– y corresponde aplicar un enfoque más inductivo. Es tiempo de conocer cuántos mexicanos comparten problemáticas similares para entonces ofrecer diagnósticos y propuestas que atiendan las preocupaciones reales de los ciudadanos reales.

En otras palabras, que pareciera existir un divorcio entre el Estado y la población. Pareciera existir una separación entre las preguntas de los individuos y las respuestas del Estado. Pareciera existir una frontera de confianza entre gobierno y gobernados.

Y volvemos a la apreciación del Dr. Aguilar, ya anotada líneas arriba, El problema no es ya el gobierno, en el sentido de gobernante, sino el gobierno, en el sentido de la acción de gobernar.

[1] Luis F. Aguilar.-El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a la gobernanza. Conferencia Magistral presentada en el XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, República Dominicana, 30 de octubre al 2 de noviembre de 2007.

[2] Mauricio Merino, La importancia del liderazgo moral, en El Universal, diario, México, Miércoles 13 de mayo de 2015

 

[3] Rafael Santacruz Lima, subcoordinador académico del Centro de Investigación de la Facultad de Derecho de la UAEM., en su discurso en la presentación del Informe y Propuestas Sobre Justicia Cotidiana en México, elaborado por Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 28 abril 2015

Eduardo Escutia

Eduardo Escutia

E. Eduardo Escutia J, es maestro en Administración Pública por el INAP, Licenciado en Administración por la UAM; curso la Licenciatura en Sociología en la UNAM y ha realizado diferentes cursos y diplomados. Laboró por más de 35 años en el sector público y es asesor de diferentes Organizaciones como la Caja de Previsión y Ahorros del Sindicato del IMSS, fue asesor investigador externo del Instituto Belisario Domínguez, de Investigación Legislativa del Senado de la República, ha realizado diferentes investigaciones y estudios para el sector público y fue docente de diferentes universidades públicas y privadas desde 1978 a 2012
Es un apasionado de los temas de la Democracia, la Gobernabilidad y las políticas públicas.

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