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Legalizar la discriminación racial: La posible desnacionalización de personas de ascendencia Haitiana en República Dominicana

Los límites en la geografía de los estados nacionales en el mundo moderno buscaron establecer o reivindicar derechos en nombre de la autodeterminación de los pueblos; Desafortunadamente, como lo postula Luigi Ferajoli (uno de los más importantes juristas de nuestro siglo) han promovido la exaltación de las identidades nacionales y la mutua intolerancia, alcanzando formas atroces de limpieza étnica como los genocidios y delitos contra la humanidad ocurridos en la ex Yugoslavia o Rwanda.

En la República Dominicana la brecha entre “nacionales” y personas Haitianas o de ascendencia Haitiana se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Lo que empezó siendo un síntoma de discriminación racial muy al estilo colonialista, se ha ido reproduciendo en distintas escalas alcanzando las instituciones jurídicas.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, creado en 2010 con el objeto de proteger el Estado Social y Democrático de Derecho consensado en la Constitución Dominicana, fundado para proteger el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales, ha sorprendido a todos emitiendo una sentencia absolutamente contraria y violatoria de estos valores.

La sentencia 168-13 de septiembre del año pasado, ordena abrir juicios individuales para anular las actas de nacimiento de todos los nacidos en República Dominicana desde junio de 1929 de padres extranjeros que no tuviesen residencia legal. Esta sentencia, así como el proyecto de ley que pretende presentar el Presidente de la República al Congreso para naturalizar a los dominicanos de ascendencia extranjera, especialmente Haitiana, buscan “legalizar” la vieja historia de discriminación racial de la isla caribeña. Los miles de inmigrantes de Haití que fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, y sus familiar que nunca volvieron a su país, han adquirido derechos que no sólo incluyen haber nacido “legalmente” en el estado dominicano, sino haber participado de su vida económica, política y cultural.

Los conceptos de nacionalidad y ciudadanía han cambiado en los últimos años. Algunos antropólogos como Renato Rosaldo hablan de la noción de Ciudadanía Cultural, como como aquel derecho a ser diferente (en términos de raza, etnia o lenguaje nativo) con respecto de la comunidad nacional dominante, sin que se comprometa el propio derecho de pertenencia a un proceso democrático más amplio enmarcado en el Estado-nación. Sin embargo, el derecho a una nacionalidad o ciudadanía, como el derecho en general, sigue siendo utilizado como herramienta para legitimar el manejo distorsionado del poder, acrecentar las diferencias, naturalizar la violencia y reproducir la discriminación, en este caso de tipo racial.

Sin sus documentos de identidad, los dominicanos que tienen ascendencia Haitiana no podrán inscribirse en la universidad, tener un empleo, cuentas bancarias, casarse y registrar a sus hijos, entre otras muchas actividades cotidianas. Se pretende entonces construir un apartheid legal, sin tomar en cuenta que esas acciones “legales” son las semillas que fueron ignoradas por comunidades que más tarde vivieron las más graves consecuencias de la discriminación racial.

En democracia, reconocer el derecho del otro garantiza el reconocimiento de mi propio derecho, porque todos somos uno. En un paradigma global, el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana es el mismo derecho de los ciudadanos americanos de ascendencia mexicana. Apoyar el reconocimiento de derechos del otro recobra entonces un significado distinto.

Ana Sofía Torres

Ana Sofía Torres

Cursó la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Es Licenciada en Derecho por el ITESO. Realizó estudios sobre Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de las asignaturas de “Historia del Derecho”, “Derecho Internacional Público” y “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Ha realizado investigación sobre Antropología Jurídica, Microfinanzas y Derechos Humanos. Ha impartido cursos, conferencias y talleres en temas relacionados con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Microfinanzas y Desarrollo. Se ha desempeñado profesionalmente en los ámbitos privado y público, sus principales experiencias incluyen la firma de abogados Baker & McKenzie, las Comisiones Interamericana y Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Actualmente es coordinadora de Marco Legal de los Negocios y académica de la Escuela de Derecho del ITESO.

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