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Las Candidaturas Independientes en México, la apertura a la competencia política

En diciembre de 2009, el ejecutivo federal envío una iniciativa al senado para reformar el 35 constitucional, esta iniciativa fue aprobada y  publicada en el DOF del 9 de agosto de 2012, con esto se daba entrada a las candidaturas independientes en nuestro país, sin embargo, el ejecutivo y el legislativo fueron intencionalmente omisos al aprobar la modificación sin atender la mínima jerga legislativa, ya que olvidaron otro de los artículos fundamentales para el establecimiento de las candidaturas independientes en nuestro país, el 116 constitucional, que dota a los partidos políticos la exclusividad de postular candidaturas ante los órganos electorales mexicanos. Los  Diputados; Carlos Flores Rico (PRI), José González Morfín y Ricardo Anaya Cortes (PAN), solicitaron ante el pleno la modificación del 116 constitucional haciendo alusión de la controversia generada por la modificación del 35 constitucional, y no es sino hasta la aprobación de la reforma política publicada en el DOF del 27 de diciembre del 2013, que se  establece como plazo el 30 de abril de 2014 para expedir las leyes reglamentarias en la materia.

Con esto, se da apertura a un amplio debate, el designio de los partidos políticos como órganos únicos de participación,  los coloca  también como los únicos en la representación de la voluntad estatal, aniquilando la independencia de los legisladores en lo individual para responder a los intereses de los partidos, pactos y acuerdos suplantan al poder legislativo y en muchos de los casos, inclusive al ejecutivo.

El advenimiento de la frivolidad, la insensibilidad y la falta de ética pública han generado una crisis de representación, en la cual, los ciudadanos han perdido la fe no solo en la clase política, sino de sus instituciones, generando  vacíos de poder, es ahí donde las candidaturas independientes toman su pertinencia, la democracia tiene que ser una realidad vivida, sin adjetivos, en la cual no solo se elijan a los representantes, sino sea un medio para encausar la voluntad estatal y la participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas.

Los actuales legisladores deberán de plasmar en las leyes secundarías, la voluntad estatal de participación en la vida pública de sus ciudadanos, respetando cinco ejes fundamentales:

La representación: no deberá de exceder el 2% de padrón electoral, países como; Chile (0.5%), Honduras (2%), Quintana Roo, México (2%), Colombia (0.15%)1, Main, Usa (0.37%)2, lo establecen en su legislación en la materia, el caso de Zacatecas, es el único que encontramos por encima de estos niveles a nivel mundial.

Precampaña: en Estados Unidos todo el tiempo están en elecciones, desde el sheriff hasta representantes y presidente, los electores conocen a los postulantes, en México y como parte de permitir al Candidato Independiente obtener el apoyo de sus electores para poder registrar su candidatura, se debe de permitir una precampaña similar a la que ocurre en el caso de que dos o más candidatos de un mismo partido pelen por un puesto de elección popular.

Financiamiento: he aquí uno de los rubros más polémicos, si retomamos el análisis de política comparada anterior, obtenemos que sólo Estados Unidos y Alemania, no cuentan con financiamiento público, mientras en los casos latinoamericanos, por la misma evolución de su democracia, el financiamiento es mixto, una parte la otorga el estado y  otra el candidato se atiene a lo previsto por las leyes que deberán de homologarse en la medida de lo posible a las aportaciones de particulares reguladas a partidos políticos. Es de resaltar en este apartado  la grave implicación que tendría en nuestro país el tema del financiamiento vía reembolso, ya que se constituiría como un candado para que solo personas con acceso a financiamiento por sus propios medios ya sean legales o ilegales, pudieran acceder a estas candidaturas coartando así el espíritu de participación de los postulados.

Medios de defensión: para que toda ley sea legalmente constituida y legítimamente aceptada, deberá de establecer obligaciones y derechos, es en este sentido que los medios de defensión toman relevancia en dos instancias; la primera, en la etapa de registro, el constituyente deberá de establecer los medios de defensión en caso de que el órgano electoral no aceptara  la candidatura de determinado ciudadano, en segundo término, el candidato ciudadano deberá de acceder a los medios de impugnación en caso de anomalías durante el periodo de elecciones, este último deberá de estar aparejado con los medios de impugnación que ostentan los partidos políticos.

Justicia: por último pero a mi juicio más importante. Entendiendo el principio de justicia, como tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, es aquí donde la ley deberá contemplar medidas compensatorias para los candidatos independientes, ya que como todo principio de competencia, si los partidos políticos ostentan o han ostentado el monopolio de la cuestión pública y el estado les ha dotado de elementos para afianzar ese principio, deberá de establecer medidas compensatorias no solo para el periodo de acceso a la toma de decisiones (elecciones), si no y aún más importante para el ejercicio de los encargos, dotando a la ley de elementos que les permitan a los candidatos independientes ganadores, mecanismos para ejercer su encargo en paridad de circunstancias frente  a los grupos partidarios.

En próximos días y antes del 30 de abril, el legislativo tiene que tomar la decisión de si seguir en un estado en dónde las elites políticas siguen en el camino de ostentar el monopolio de la cuestión pública, o si reconocen la enorme contribución que tendría en cuanto a legitimidad y legalidad el establecimiento de una andamiaje jurídico administrativo que permitiera la llegada de los ciudadanos al debate y toma de decisiones por las mismas cuestiones públicas.

[1]  Porcentaje obtenido considerando la siguiente información:

  1. Lo que señala el Art. 9 de la Ley 130: “[…] En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato.”
  2. En el actual proceso electoral (2014) se encuentran habilitados para votar 32, 795,962 colombianos, lo anterior de acuerdo al Comunicado de Prensa No. 0061 de 2014 publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia: http://www.registraduria.gov.co/32-795-962-colombianos-estan.html

[1] El cálculo de este porcentaje se realizó considerando la siguiente información:

  1. De acuerdo al último censo  (2010) la población en edad para votar en el Estado de Maine es de 1, 053, 828 personas. [2010 Census Interactive Population Search: http://www.census.gov/2010census/popmap/ipmtext.php?fl=23 ]
  2. El número mínimo de firmas para registrar a un candidato en el estado de Maine es de 4, 000.

 

José Enrique García

José Enrique García

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, cuenta con Diplomados en Marketing Político y en Prospectiva, Socio fundador de LIDER, empresa en desarrollo de estudios prospectivos y articulista en Centro Público portal de opinión.

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