Centro Público

La procura existencial y el caso de la “Mamá Rosa”

Veo con cierto azoro el “operativo” realizado para catear la casa-hogar “La Gran Familia”, de Zamora Michoacán. Me lleva a pensar varias cosas, por supuesto, contradictorias y complejas.

Complejas porque su ubicación geográfica en una entidad federativa intervenida por la federación, provoca suspicacias y dudas acerca de la legalidad y legitimidad de la acción gubernamental en dicho recinto; contradicciones por la calidad pública de algunos de los “defensores” de la mamá Rosa (Meyer, Karuze, Poniatowska) y las voces siniestras de otros (Fox, Sahagún) entiendo que el gobernador sustituto, Salvador Jara,  ha ordenado una investigación con el fin de confirmar que en todos los albergues se cumplan las normas (“después del niño ahogado…”). Parece que, por desgracia, la constante en la administración pública mexicana consiste en pasar por alto la normatividad que regula ciertas actividades concesionadas como por ejemplo, las guarderías del IMSS, seguro todos recordamos la tragedia de la guardería ABC. ¿Y el escándalo con los niños “secuestrados” del Refugio Casitas del Sur? Ahora nos topamos con este asunto que pone en entredicho las tareas asistenciales llevadas a cabo por particulares y sin el cuidado y la supervisión de los gobiernos, total abandono de parte de los estados. Y sin embargo, muchas asociaciones de ese tipo reciben inmensos recursos de gobiernos y organizaciones internacionales, sin rendir cuentas y sin una operación transparente. Además son muy buen parapeto para fines partidistas y electorales.

Hace algunos años, 2002, escribí un artículo denominado “La administración moderna de la procura existencial”, incluido en el libro “Antología sobre Teoría de la Administración Pública” texto publicado por el INAP y compilado por el Dr. Luis Miguel Martínez Anzures.

Me parece bien recuperar algunas ideas de ese artículo, que he sostenido a lo largo de los años, y que denotan la importancia de la Administración Pública en términos de procurar la existencia, de hacer posible la vida digna de las personas que habitan en una comunidad o en un país. La primera obligación que tienen los Estados (Hobbes) es la de garantizar la vida y proporcionar seguridad. Por supuesto la realidad nos desborda y este postulado fundacional de los estados, se queda corto, o incompleto, cuando observamos las condiciones de seguridad o de existencia de millones de compatriotas asentados a lo largo y ancho del país. Hay constancia de que no en todas las regiones existen las mismas condiciones de deterioro de la procura existencial. De tal manera que, cuando cambian o se alteran las circunstancias generales o normales de la vida, como podría ser en los momentos de contingencias naturales, o situaciones de seguridad civil, o momentos de crisis  generalizada, exacerbación de la pobreza; la importancia de la procuración existencial, como cometido de la Administración Pública, alcanza su máxima expresión y tiene la finalidad fundamental de preservar la vida, es decir, hacer posible la existencia humana con dignidad.

Por esto es indispensable que la administración pública perciba la necesidad de trabajar alrededor de mejoras operativas, de capacitación, de organización y planeamiento para ampliar la visión y las capacidades ejecutivas de la protección a la población. Protección entendida en el más amplio sentido del término. Es decir, las condiciones contemporáneas del desarrollo económico y social tienen que transformar la procura, en su vertiente de protección y asistencia social, en una función muy amplia y vital de la administración pública.

De ahí que la política social y los programas asistenciales, no sean sólo electoreros, sino que se transformen en actividades que coadyuven a que las personas logren su desarrollo humano con dignidad y libertad

Ya es hora que los recursos públicos que se destinan para estas tareas, que los gobiernos han dejado en el abandono y en manos de particulares, tengan la exigencia ciudadana de transparencia y de rendición de cuentas. Pero también es hora de que administrativamente todas las organizaciones asistenciales operen apegadas a la normatividad vigente, sin omisiones, sin complicidades.

 

#mamárosa #lagranfamilia #lamodernaadministraciónpública

 

Gabriel Campuzano Paniagua

El Profesor Gabriel Campuzano Paniagua, es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (FCPS, UNAM), con estudios de Maestría en Administración Pública (FCPS, UNAM), y diploma de Especialización en Finanzas Públicas (INAP). Candidato al Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales del programa de posgrado de la UNAM. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública. Profesor definitivo en la Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Administración Educativa. Miembro del Consejo Directivo de la ACCECISO, A.C. (Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales). Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (2009—2012). Evaluador de Proyectos Sociales del INDESOL. Consejero Universitario representante de los profesores de la FCPS 2012—2015.

3 comments

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  • Muy bien Gabriel. Pienso que da para varios supuestos: posible desvío de recursos públicos, importancia de registro obligado de captación de recursos externos, además del registro de la asociación, fundación, organización que mencionas, (incluyendo los cv’s de los dirigentes)la necesaria integración de una auditoría social (como la planteada por Indesol), sin descartar la posibilidad de una variante para blanqueo. Felicidades

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