En el sistema jurídico mexicano, se establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y, del mismo modo, un servidor público no puede actuar más allá de lo que el propio derecho positivo le permite, a diferencia de lo aplicable para el comúnmente llamado “ciudadano de a pie”, como lo establece el  principio general del derecho: “Todo lo que no se encuentra expresamente prohibido u ordenado, está permitido”.

Si un sistema jurídico establece con claridad los límites y alcances de los actos realizados por los servidores públicos, los cuales se encuentran estrictamente ceñidos a éste, parecería una perogrullada considerar que el sistema administrativo gubernamental, marchara sin pausa para cumplir los fines del Estado, sin embargo, la verdad de perogrullo es que con independencia de lo dispuesto en ley y con mayor independencia de los informes estadísticos, no es ni lejanamente el caso.

Hobbes planteaba en el siglo XVII la existencia implícita de una cesión de libertad por parte de los individuos que integran una comunidad, la cual estaba a favor de una autoridad soberana, a la cual le entregaban el poder decisorio sobre sus destinos. Dicha cesión de libertad, proviene precisamente de la colectividad, que va más allá de las percepciones de sus adversarios políticos sobre una posible apología de la monarquía absolutista ya que ésta se sustentaba en mayor medida hacia una postura en la que la moral, la ideología y las decisiones colectivas se basaban en la voluntad y decisión de la autoridad,

En este sentido, cabe señalar que la cesión de libertad no es y nunca ha sido gratuita, se trata de un acuerdo de voluntades como lo explicaba Rousseau que establecía un simple marco de actuación, es decir, un límite jurídico, político y administrativo, mediante el cual se generaba el orden en el caos y al mismo tiempo promovía el actuar de los individuos en aras de establecer un sistema equitativo, dentro del cual, precisamente, tal y como expresa  el principio general de derecho mexicano,  antes citado, “todo lo que no se encuentre prohibido u ordenado se encuentre permitido.”

Si la legitimación del poder como capacidad de gobernar e incluso como dominación, ha sido objeto de estudio a lo largo de los siglos, se aprecia una coincidencia entre autores respecto de la inmanencia de la soberanía en la ciudadanía, quien crea a la autoridad y le otorga igualmente las facultades que posee,  ¿Por qué entonces la algarabía hacia la supuesta novedad que proclama la llamada “participación ciudadana” en el poder público?

Un rasgo común a  las clasificaciones de los tipos de Estado y formas de Gobierno que existen, es la percepción teórica sobre la existencia de dos contrapartes en el proceso político y de gobierno; la primera se refiere a la autoridad en sí y la segunda es invariablemente el gobernado.

Siguiendo el camino del acuerdo de voluntades y cesión de facultades, tal y como evolucionan los grupos sociales en costumbres; moral colectiva; necesidades e incluso forma de expresión, lo hacen sus estructuras y formas de gobierno. Dichas estructuras ya no sólo se basan en la necesidad de sostener el tejido social en su día a día, sino en el de garantizar un sistema de desarrollo comunitario.

La legitimación de la autoridad a la cual se le han cedido las libertades y los derechos, emanan de su condición de fuerza u origen dictado por una entidad superior, trasladándose a través de los siglos en un esquema en que su misión proviene del mandato otorgado por el grupo social al que pertenece y al cual debe rendir cuentas por consecuencia de una dinámica evolutiva.

Sin embargo, a pesar de la evolución del origen del poder, de la fuente del mismo, la figura de “rendición de cuentas” o sometimiento de la autoridad al mandato de su fuente, no deja de ser un momento incómodo para quien ejerce el poder, como consecuencia de la percepción ciudadana y la desconfianza latente a las instituciones gubernamentales de los tres poderes.

De acuerdo al latinobarómetro 2011, en Latinoamérica las instituciones gubernamentales se colocan en un nivel de confianza por debajo del 40%, y si apreciamos aquel correspondiente a los partidos políticos, que son a final de cuentas de donde salen las cabezas de las instituciones de gobierno en el Ejecutivo y Legislativo, éstos llegan a descender hasta el 22% en Latinoamérica y 32% en el caso de México. Es probable que el nivel de confianza de apenas un 32% para los congresos latinoamericanos se deba en cierta medida a las llamadas “Parálisis Legislativas” que derivan de sistemas multipartidistas que van de lo moderado a lo extremo.

Específicamente en el caso mexicano, a partir del año 1997, se considera la conclusión de la etapa de partido casi único en el Congreso General, esto es, durante décadas el Partido Revolucionario Institucional retuvo por la vía electoral la mayoría absoluta e incluso calificada (dos terceras partes) para aprobar o rechazar cualquier proyecto de ley o reforma constitucional que fuera presentada ya sea por el Ejecutivo (proveniente de su mismo instituto político) o bien de los propios legisladores en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Derivado de los procesos electorales en el año referido, el partido en comento, no pudo sostener más esta mayoría, ni siquiera en el ámbito de mayoría simple (la

mitad más uno de los miembros del Congreso), obligando con ello a establecer un sistema hasta entonces desconocido de negociación política para la dinámica del proceso legislativo.

De acuerdo con el analista político Benito Nacif, esta percepción de parálisis legislativa ha sido traída a referencia de forma innecesaria, ya que este fenómeno, en un sistema presidencial implica el freno del proceso legislativo, y ésta sólo ocurre precisamente por causa del veto presidencial a decretos de ley dictaminados por el legislativo.

La explicación teórica no revierte la opinión ciudadana, la cual cada vez se siente menos representada por los legisladores y por los gobiernos federales, estatales o municipales, y consideran que éstos no responden a sus intereses y del mismo modo, no realizan con eficiencia y mucho menos con eficacia las funciones para las cuales han sido electos.

De ahí que cada vez cobren mayor relevancia y fuerza las figuras de participación directa como lo son el Referéndum o el Plebiscito los cuales dotan al ciudadano de una nueva vía de democracia directa y participativa.

Ahora bien, no se debe confundir esta “Democracia Participativa” con la que se somete a la aprobación de algunas decisiones, con la “Democracia Deliberativa”. Esto es, en la democracia participativa, el análisis y elaboración de las propuestas gubernamentales o legislativas, sigue correspondiendo a la autoridad electa, la cual en su momento sólo somete la aprobación de la medida a la decisión ciudadana, en tanto que en la democracia deliberativa, en todo momento se hace del conocimiento del ciudadano, en su calidad de soberano, la elaboración de la propuesta, sus alcances y modificaciones y éste participa activamente y delibera sobre el contenido de la misma.

De acuerdo con Carlos Nino, este proceso cuenta con características esenciales que lo colocan por encima de otros esquemas de participación ciudadana, como lo son:

“a) La participación de todos los interesados en la discusión y decisión; b) que esa participación se desarrolle sobre una base razonable de igualdad y sin mediar ningún tipo de coerción; c) que los participantes del debate público puedan expresar sus intereses y justificarlos con argumentos genuinos; d) que el grupo que pone e otra la deliberación tenga una dimensión tal que maximice la probabilidad de alcanzar el resultado correcto; e) que no existan minorías sistemáticamente aisladas; f) que aquellos que participan del debate no se encuentren bajo la influencia de emociones extraordinarias…”

Esto significa que la realidad en la que la pirámide gubernamental tenía como nivel superior el gobierno y las leyes y como nivel inferior a la ciudadanía, se invierte no sólo en el plano filosófico en el que la soberanía radique esencialmente en el pueblo, sino que en la práctica, el pueblo –bajo condiciones específicas- tiene la oportunidad tangible de ejercer la soberanía y la actividad administrativa, gubernamental, e incluso legislativa.

El ejercicio de participación deliberativa del pueblo encuentra su ambiente más propicio en tanto más reducida es la colectividad, es decir, en niveles de gobierno más sencillos y limitados.

Lo anterior debido a que la expresión de ideas, el debate público y la no exclusión de las minorías se pierden en cuanto más amplio es el grupo social. Por ello, el nivel municipal es un área más propicia para el debate, dado que las necesidades a analizar y las medidas a implementar detentan un mayor grado de inmediatez y el contacto de la ciudadanía con los órganos de gobierno es precisamente más cercano.

De este modo, observamos como a través de un movimiento de péndulo, la cesión de la soberanía popular hacia la autoridad regresa de lo total a lo compartido, permitiendo una mejor actualización del ejercicio de la función pública y de la atención de las verdaderas necesidades de los ciudadanos a través de la escucha de su opinión de primera mano.

Como ya se explicó, este sistema quizás sólo sea óptimo en el ejercicio de comunidades pequeñas, pero a través de los mecanismos adecuados, puede incluirse en los modernos intentos de consulta ciudadana en los que actualmente sólo se toma en cuenta a la ciudadanía para su firma de conformidad y eventualmente para la aprobación o rechazo a alguna medida, pero no así, en la metodología y elaboración.

Del mismo modo, el sistema de democracia deliberativa contribuye a impulsar la reducción de la brecha legislativa en la que la norma queda desfasada de la evolución social, o bien sólo aborda ésta en cuanto a la atención de intereses grupales, siendo que una norma que no se alimenta de las exigencias de la colectividad pierde eficacia. 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *