Cuando Enrique Peña Nieto trata el tema de la corrupción como uno de carácter cultural, soslayando las implicaciones legales y jurídicas, me remite a pensar que en mis intentos de tesis de licenciatura de sociología, plantee una hipótesis que para mí explica el porqué los mexicanos tratamos a toda costa de evadir la ley cuando nos conviene y exigimos su cumplimiento cuando también así nos conviene.

Las leyes nos son extrañas, no parten de nuestra conciencia colectiva, sino que nos son impuestas, así cuando llegaron los españoles a la gran Tenochtitlán, nos impusieron las leyes que ellos trajeron de España, y luego el Clero las de la Iglesia, no nuestra, no de nuestros dioses, sino de un Dios extraño, y hubo que obedecer a riesgo de la vida misma; luego en la independencia se adoptó la Constitución de Cádiz, no el pensamiento de Morelos, y las leyes liberales que iniciaron en esa época también florecieron en la constitución de 1857, pero no el anhelo de libertad y de justicia que los indígenas y mestizos reclamaban…

Tuvo que venir una Revolución y cuando ella triunfó no fue el espíritu de Zapata o Villa el que ganó, sino el de una fracción liberal de Carranza, que poco a poco fue cambiando los postulados que el pueblo había ganado como el ejido, la propiedad de los recursos de la nación, las leyes laborales favorables al trabajador, etc., por otros que imponen los Organismos Financieros Internacionales. Total esas leyes no las consideramos nuestras, son impuestas, hasta la fecha, ahora porque desde siempre, hemos considerado a los políticos como una clase social aparte del pueblo, esa masa que formamos todos los que nos consideramos mexicanos y que no pertenece a la clase social privilegiada ni a la política, y vemos como los legisladores que hacen las leyes no consideran al ciudadano de a pié, porque como se dice el informe de Oxfam, se gobierna para la élites (INFORME DE OXFAM 20 DE ENERO DE 2014, en http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf)

El desarrollo de esa hipótesis fue muy amplio, imposible reproducirlo aquí, soy muy rollero en mis trabajos, como se ve, pero al buscarle las causas a ese desprendimiento de la clase política de las demás clases sociales, hoy me encuentro con textos como el Informe País Sobre La Calidad De La Ciudadanía En México, que en colaboración con el Colegio de México publicó el IFE, este año antes de su conversión al INE, dónde se parte del principio de que el diseño institucional que dé forma a un sistema democrático, no puede funcionar de manera correcta y sustantiva si no cuenta con una ciudadanía interesada, participativa y que pueda ejercer de manera real sus derechos (Lagos, 2003)(1).

Y esto nos lleva a pensar que después de 200 años de vida como nacían, habiendo tomado como sistema de gobierno la República, no somos aún Ciudadanos.

En el informe de referencia se da la definición óptima de ciudadano, y otras dos, la intermedia (para no exigirnos la óptima, que debiera ser), indica que; “El ciudadano debe reconocer y respetar los derechos de los demás, y tener las capacidades de autocontención y sentido de responsabilidad, de participar en el debate público y por esa vía en la toma de decisiones, de evaluar a quienes desempeñan los cargos públicos, y de exigir que les rindan cuentas”.

De lo anterior desprendo que no interesarnos en su mayoría, lo miembros de la sociedad por los asuntos públicos, y además de carecer de los canales institucionales para hacer valer nuestras opiniones, las leyes que se dan en el Congreso, incluyendo las de iniciativa presidencial, no las consideramos nuestras, son ajenas, y como tales, si las puedo evadir, por los medios que sean, las evado, y eso se llama corrupción, tanto del sistema jurídico como del sistema político y si esto le añado una clase política y una burocracia tanto judicial como administrativa, que se presta y hasta promueve la corrupción, encontramos una explicación a nuestro problema, que no es cultural como dice Peña, sino político, de diseño institucional.

La prueba se ha dado desde siempre, ¿porqué el ciudadano mexicano, acepta sin chistar no cuestionar su legalidad y justicia, la venta de las mujeres para matrimonio en las comunidades indígenas, que es una barbaridad que viola los derechos humanos de las víctimas? Pues porque son sus leyes, no ajenas, propias.

Y en contrapartida, ¿como ese mismo ciudadano mixteco, que hace lo antes referido, cuando cruza la frontera, se vuelve ejemplar, respeta todas las leyes?

Pues porque el diseño institucional norteamericano, no permite o dificulta el soborno, la impunidad.

Las escaleras se barren de arriba a bajo, mientras se siga pensando en un diseño institucional que permita la corrupción en lo legal, lo jurídico, lo fiscal, lo político, lo educativo, etc,. no se acabará la corrupción, pero el nuevo sistema tiene que diseñarse con la mayor participación ciudadana posible, sino tampoco funcionará.

Lagos, M. (2003). Public Opinion. En Domínguez, J. I., y Shifter, M. (eds.). Constructing Democratic

Governance in Latin America (137-161).


 

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