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La autonomía en tiempos presupuestales

En México, hay un tipo de entidad de gobierno, denominado: órgano constitucional autónomo, éste último calificativo, pretende indicar que es ajeno al gobierno, sin embargo, no es así, sólo se trata de una institución gubernamental con una función especializada establecida desde la Constitución, tal y como serían el Banco de México, el INEGI, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La autonomía es una ficción jurídica o si se quiere ver como un valor que representa una actuación libre y conforme a la ley. La autonomía no existe o vale porque así lo diga la Constitución, sino porque se construye y se fortalece por la actuación del órgano constitucional autónomo, en pocas palabras, si las decisiones del mismo son caprichosas, administradas a uno u otro interés, o si las personas que lo integran faltan a una vocación de servicio público.

Otro elemento que incide en la autonomía de cualquier persona es la capacidad de hacerse de sus propios recursos. El hijo no es autónomo hasta que se vale económicamente por sí mismo, pero en el caso de las instituciones gubernamentales su fondeo debiese depender de a) Resultados obtenidos y de b) La existencia y prioridades en que deben emplearse los recursos públicos !si no hay, ni cómo repartir¡.

Otra institución mexicana que alega autonomía son los jueces, que deben estar ajenos a cualquier interés que pudiese doblar la vara de la justicia, de ahí que se les garantice una adecuada remuneración para que no caigan en la corrupción.

Bajo el contexto previamente planteado vayamos a 2 ejemplos:

  1. ¿Cuál ha sido el papel del IFT en la baja de las tarifas de telefonía fija y celular o han sido resultado del mandato de la Ley?, ¿Han mejorado los servicios de radio y televisión abierta o siguen igual ?, ¿tienen independencia ante el poder político que los eligió? ¿Son autónomos respecto de los poderes económicos que regulan?
  2. ¿La justicia federal que se imparte en México es de calidad, pronta o expedita? ¿Hay recursos para seguir proveyendo a jueces y magistrados de un salario que sobrepasa los 120 mil pesos? ¿Es conforme a la ética judicial que los propios jueces federales impugnen ante ellos mismos, lo relativo a la reducción de su salario?

Las respuestas en el primer caso serán esenciales para determinar si la reducción del 14% a su presupuesto que propone el IFT es suficiente, tal vez el rasero de austeridad vaya más allá, donde en otras instituciones los recortes rondan el 30%. Lo que estará por verse en el Presupuesto que envíe el Ejecutivo Federal. A ver si el IFT y sus apologistas no alegan que se vulnera su autonomía.

En el segundo caso, el tema está tornándose más estridente, un buen número de jueces y magistrados han impugnado la Ley de Remuneraciones, al igual que una minoría parlamentaria se han inconformado judicialmente. Si bien su argumento es constitucional, particularmente la violación al principio de no reducción de la remuneración durante su mandato, ellos mismos, debiesen entender que se trata de un conflicto constitucional, donde se debe valorar si su autonomía descansa únicamente en sus percepciones o también resultan aplicables otros principios como la imparcialidad, la escasez de recursos públicos, incluso la solidaridad y ejemplaridad que deben dar.

Los jueces federales defenderán mejor su autonomía si no impugnan la ley, ello no quiere decir que no se expresen y manifiesten su inconformidad, pero deben tener cuidado que su reclamo no les reste legitimidad y hacerlos incurrir en un conflicto de interés al resolver ellos mismos las impugnaciones.

En una democracia no es admisible que los propios jueces, juzguen los asuntos en los que tienen un interés privado, los juicios se deberían sobreseer dado que se afecta el principio constitucional de imparcialidad judicial.

Por otra parte, ¿La justicia federal que se imparte en México es de calidad, pronta o expedita? ¿Hay recursos para seguir proveyendo a jueces y magistrados de un salario que sobrepasa los 120 mil pesos? ¿Es conforme a la ética judicial que los propios jueces federales impugnen la reducción de su salario ante otros jueces que conocen?

En una adecuada interpretación constitucional, se debe entender que si bien el Artículo 94 constitucional establece que no se puede reducir la remuneración de jueces, magistrados y ministros durante el periodo de su encargo, ello se debe armonizar con el Artículo 127 Constitucional que refiere que nadie debe ganar más que el Presidente, y más que una armonización entre normas constitucionales se debe ajustar a la realidad de pobreza del país y a la escasez de recursos públicos.

Los juzgadores federales mexicanos debiesen considerar digno el cargo que protestaron cumplir con imparcialidad, su autonomía e independencia se refrendaría al sumarse a la austeridad republicana, donde se están reencauzando los recursos públicos hacia las necesidades de un pueblo empobrecido y que siente muy lejana a la justicia.

Finalmente, el salario de jueces y magistrados podría rondar los 100 mil pesos, mismo que es digno y remunerador, y por otra parte, en el artículo 4 de Ley de Remuneraciones se excluyen del concepto “remuneración” ciertas prestaciones que actualmente gozan los servidores públicos del PJF, tales como contratos colectivos, condiciones de trabajo, jubilaciones, haberes de retiro, por lo que de mantenerse en sus términos la norma citada se podrían mantener ciertos y múltiples beneficios para los trabajadores del PJF, por lo que no se entiende el reclamo.

Marcos Manrique

Marcos Manrique

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el grado de maestría aprobado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad, además tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la misma Facultad, cursó el Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y acreditó el Curso Básico de Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, como mejor promedio de la generación 2011, actualmente en cursa el Diplomado en Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

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