La idea de justicia ha estado presente desde nuestros orígenes como civilización. Ulpiano la definió como “la constante y perpetua voluntad de dar o conceder a cada uno su derecho”. Más recientemente, John Rawls expresó que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento, y Gustav Radbruch afirmó que el derecho extremadamente injusto no es derecho.

Aun cuando el valor de la justicia ha estado profundamente ligado al Derecho, en numerosas ocasiones éste no ha estado exento de convertirse en una herramienta para el uso distorsionado del poder; sirviendo para engrandecer al ser humano desde el ego, desde el anhelado reconocimiento, el interés de ser superior a los demás, o finalmente desde la carencia.

Esa es una de las razones por las que nuestra sociedad, y especialmente nuestro sistema jurídico han alcanzado altos índices de impunidad, prácticas arbitrarias y corrupción; dejando en el abandono a las personas y particularmente a quienes son víctimas de violaciones a sus derechos.

Estas manifestaciones inadecuadas de nuestra naturaleza humana han devenido en la pérdida de credibilidad del Estado en su conjunto y de sus instituciones; como el poder judicial, quien tiene la investidura para “impartir” la justicia en nuestra sociedad.

Y digo impartir entre comillas, pues considero que la justicia no se imparte: se busca, se alcanza o se vive. Al decir que la justicia se imparte, estamos privilegiando el carácter autoritario, adversarial y punitivo del derecho, ese derecho mal entendido que en tantas ocasiones agrava los conflictos en lugar de resolverlos u ofrece respuestas violentas a las controversias.

La apuesta gubernamental para atender a esta situación son las reformas constitucionales en materia penal del 2008 y en materia de derechos humanos de 2011, las cuales buscan volver a poner en el centro del sistema jurídico mexicano a la persona e invitan a construir salidas alternas para la solución de conflictos, a través de la mediación, la conciliación o la negociación.

Es así como la justicia alternativa o justicia por conciliación se recupera como una forma en que podemos privilegiar el diálogo y los acuerdos para dar solución a los conflictos, evitando largos procesos formales ante los juzgados.

Asimismo, la justicia de reparación o restaurativa se constituye como una condición necesaria de la justicia, que enfatiza la restauración de derechos, con el fin de colocar íntegramente a las personas víctimas de violaciones de derechos en el estado en que se encontraban con anterioridad a la transgresión.

Se trata pues de aproximaciones a la justicia que nos invitan a solucionar nuestros conflictos mirando de modo distinto nuestras realidades y los diferentes mundos con los que convivimos, acudiendo a nuestros orígenes y retomando formas de dirimir diferencias que han estado presentes desde hace mucho tiempo en las comunidades indígenas de nuestro país.

Nuestros diferentes espacios de convivencia humana no están ajenos a conflictos que en el diario convivir se suscitan. Frente a ello, la justicia alternativa nos abre la posibilidad de promover la educación para la cultura de la paz a través de los métodos alternos, como una forma pacifista de manejo o resolución de nuestros conflictos, contribuyendo y colaborando con una sana convivencia entre todos los miembros de nuestra comunidad.

Finalmente esta apuesta nos invita a reflexionar sobre maneras más adecuadas de ejercer el poder y formas alternas de dirimir controversias y a recordar la importancia de poner en el centro de nuestras relaciones y tareas el diálogo, como una forma de vivirnos con más justicia.

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