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Judicialización de los Derechos Humanos: Una estrategia insuficiente

Un nuevo orden mundial, diseñado en la posguerra, dio vida al paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, dentro del cual la promoción y la protección de los derechos humanos se convirtieron en ejes fundamentales para conducir a la comunidad internacional a alcanzar como fin y propósito el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.

El paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, en permanente construcción, ha desarrollado sistemas de protección de derechos humanos, fincados en una diversidad de tratados internacionales, órganos y mecanismos específicos para promover y proteger los derechos humanos en el ámbito universal y en diferentes regiones del mundo.

Este paradigma o nueva rama del derecho internacional público, se ha desarrollado mediante la integración de la cooperación institucional, como principal herramienta de promoción, y el control, garantía y protección de los derechos humanos, éstas últimas impulsadas fuertemente sobre todo por aquellos estados que privilegian el elemento coercitivo[2] del derecho como esencial para el desarrollo de un sistema jurídico.

Es en el seno de éstos estados, como es el caso de México, en los que se manifiesta una fuerte tendencia a judicializar el desarrollo de los derechos humanos, privilegiando las obligaciones de defensa y protección, frente a la promoción de derechos humanos.

La judicializaciónde los derechos humanos se afianza en la posibilidad de exigir, a través de mecanismos jurídicos, el cumplimiento o restitución de un derecho, condicionado a la existencia de una legislación que garantice el cumplimiento de las obligaciones que derivan de un derecho, y a la posibilidad de interponer una denuncia o cualquier otro recurso jurídico frente a los tribunales cuando el contenido de un derecho es violado.

La idea misma de derecho en la modernidad, tiene implícita una predisposición a la judicialización, que se ha desgastado ante prácticas comunes de estados que cuentan con “leyes maravillosas que no se cumplen […] que evidencian la simulación y la falta de aplicación y mecanismos para defender los derechos humanos”[3].

Esto responde a la propia naturaleza, función y razón de existir del derecho en una sociedad. La norma es diseñada para establecer disposiciones para prevenir, mediar y solucionar conflictos de carácter jurídico, cuyo incumplimiento presume una sanción, que consagra la coacción[4] como mecanismo históricamente utilizado (al menos en el caso mexicano, y en algunos Estados americanos) para ejecutar las normas.

Sin embargo, no debemos perder de vista que la naturaleza del derecho es más amplia que la sola coacción de individuos y sociedades para el cumplimiento de fines preestablecidos. De tal suerte que el derecho tiene la posibilidad de constituirse como un agente de cambio, a partir de mecanismos diversos a la protección o garantía de derechos, como es su promoción y respeto. Es posible afirmar que, en el momento en que es necesario acudir al derecho para mediar una controversia y, en última instancia a los órganos judiciales para reivindicar derechos, ha fracasado el sistema de valores en una sociedad.

Además, no habrá instancias judiciales suficientes para promover un cambio efectivo y serio en el conocimiento, atención y respeto a los derechos humanos en la sociedad. Por tanto, es necesario pensar en estrategias para impulsar el respeto a los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano a partir de vías distintas a la judicialización.

Se trata pues de visibilizar la posibilidad de mirar al derecho como un agente de cambio más alejado de la violencia, la imposición o la represión, y más cercano a la consciencia, al diálogo y al entendimiento de nuevas formas de ejercer el poder, que van desde lo más sutil como son las relaciones familiares, pasando por las relaciones vecinales, laborales, hasta llegar a aquellas en que las relaciones de poder dan cuenta de mayores desigualdades, como es el caso de grandes empresas y gobiernos.

Desde allí, el reto de la promoción de los derechos humanos, como antesala para vivirnos en sociedades más democráticas y más justas, se encuentra al alcance de todos, mediante acciones concretas que nos posibiliten abrir nuestra conciencia a una nueva manera de relacionarnos y visualizar el alcance de nuestra responsabilidad en ello.

 

[1] Este artículo es parte de una investigación mayor titulada “Estándares Internacionales de la Promoción de Derechos Humanos: Una alternativa a la judicialización, para fortalecer el paradigma de los derechos humanos”.

[2] Coerción. (Del lat. coercĭo, -ōnis).

  1. f. Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Sobran amenazas y coerciones.
  2. f. Represión, inhibición, restricción. La libertad no es solo ausencia de coerción. (Consultado en www.rae.es)

 

[3] Derechos Humanos en México, dañados por la burocracia, en http://aristeguinoticias.com/2810/mexico/derechos-humanos-en-mexico-danado-por-la-burocracia-mesa-politica-en-mvs/ consultada el 10 de diciembre de 2013.

[4] coacción1. (Del lat. coactĭo, -ōnis).

  1. f. Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo.
  2. f. Der. Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. (Consultado en www.rae.es)
Ana Sofía Torres

Ana Sofía Torres

Cursó la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Es Licenciada en Derecho por el ITESO. Realizó estudios sobre Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de las asignaturas de “Historia del Derecho”, “Derecho Internacional Público” y “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Ha realizado investigación sobre Antropología Jurídica, Microfinanzas y Derechos Humanos. Ha impartido cursos, conferencias y talleres en temas relacionados con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Microfinanzas y Desarrollo. Se ha desempeñado profesionalmente en los ámbitos privado y público, sus principales experiencias incluyen la firma de abogados Baker & McKenzie, las Comisiones Interamericana y Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Actualmente es coordinadora de Marco Legal de los Negocios y académica de la Escuela de Derecho del ITESO.

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