Centro Público

Ilusión y escepticismo tras los arrestos por corrupción en Argentina

El presidente argentino Mauricio Macri en un mitin a favor de los candidatos legislativos de su coalición en Buenos Aires, en 2017 Natacha Pisarenko/Associated Press

Los argentinos no están acostumbrados a ver a los poderosos esposados. Pero en los últimos meses esa ha sido una imagen repetida: por lo menos seis exfuncionarios influyentes, incluido un exvicepresidente y un antiguo jefe del ejército, han sido puestos bajo custodia pendientes de juicios por corrupción. También han sido acusados de desfalco y detenidos de manera preventiva varios aliados políticos del sector privado.

Las detenciones coinciden con la promesa del presidente Mauricio Macri de poner fin a una cultura de impunidad en este tipo de casos con una reforma del código penal, de que el proceso de contratos y compras públicas sea más transparente y de que haya un mayor monitoreo de los bienes de servidores públicos.

Su gobierno no se ha adjudicado el crédito por las detenciones en proceso, ya que hasta ahora solo han atrapado a opositores políticos, lo cual ha desatado acusaciones de que Macri está utilizando el sistema judicial para neutralizar a la oposición.

“Nunca en la historia de la Argentina hubo tantas personas tan importantes detenidas”, dijo en una entrevista el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. “La pregunta que tenemos hacia el futuro es si esto es un cambio, una reforma profunda o es solo una reacción frente a una demanda de la ciudadanía a este momento. Esa respuesta la vamos a tener en unos años”.

Garavano y otros altos funcionarios que encabezan el esfuerzo por erradicar la malversación describen su tarea como un esfuerzo audaz que podría fallar por una razón principal: los jueces.

Durante décadas, un grupo de doce magistrados en el circuito federal de Buenos Aires ha dejado que varios casos de corrupción languidezcan sin intervenir. A menudo durante tanto tiempo que los delitos investigados terminan por prescribir. Cuando hay avances sustanciales en casos de alto perfil usualmente se dan después de cambios en el mapa político, lo que despierta dudas sobre la imparcialidad de las medidas. Incluso en aquellos casos en que políticos reconocidos han sido condenados, estos tienden a quedar fuera de prisión y con sus bienes a salvo.

“Mi conclusión es que los argentinos no podemos confiar en la justicia argentina”, dijo Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción, una agencia federal que ha pasado de ser poco conocida a tener una mayor visibilidad y autoridad desde que Macri fue elegido en 2015. “Se mueve por espasmos políticos”.

El exvicepresidente Amado Boudou fue escoltado en noviembre pasado a declarar a una corte en Buenos Aires. Ivan Fernandez/Associated Press

Después de que los fiscales argentinos abren investigaciones por corrupción y presentan cargos, los jueces tienen la autoridad de aceptarlos o rechazarlos. En aquellos casos que avanzan, los jueces también tienen la responsabilidad principal de investigar y decidir si el acusado debe enfrentar un juicio.

El sistema, que data de la era colonial, no prevé plazos para ese trabajo de los jueces ni una revisión minuciosa de esta labor. Uno de los doce jueces federales actualmente en Comodoro Py, que pidió mantener su anonimato, dijo que buena parte de las críticas eran válidas.

Cada juez tiene su propio estilo, dijo, y por eso no es justo generalizar, pero concedió que algunos sí están influenciados por sus preferencias políticas. El sistema, añadió, permite que los magistrados manejen las causas con el tiempo que prefieran sin enfrentar consecuencias específicas por ello.

La detención del exvicepresidente Amado Boudou en noviembre parece ser muestra de esta dinámica: un juez federal ordenó su arresto preventivo después de un caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que llevaba años. Un video de él descalzo y en pijama en su apartamento mientras un oficial judicial le leía los cargos dejó conmocionados a muchos argentinos.

El arresto de Boudou se dio poco después de que un juez ordenara el arresto del exministro de Planificación, Julio de Vido, por dos investigaciones relacionadas con corrupción. Esa detención, el 25 de octubre, sucedió apenas días después de que la coalición gobernante de Macri obtuvo una victoria apabullante en elecciones legislativas. De Vido, en un aparente intento de evitar que le tomaran fotografías de estilo paparazzi, se entregó a las autoridades mientras los investigadores iban a su departamento.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue elegida senadora en esas mismas elecciones legislativas, enfrenta cinco casos por diversos cargos de corrupción. Recientemente, un juez pidió también su arresto por acusaciones de traición a causa de un presunto encubrimiento del papel que habría jugado el gobierno iraní en el atentado contra una asociación judía en Buenos Aires que dejó 85 muertos en 1994.

Se ordenó la detención preventiva para ella y otros funcionarios de alto rango de su gobierno, incluido el excanciller Héctor Timerman, aunque Fernández de Kirchner tiene inmunidad por su cargo en el Senado. Todos han negado las acusaciones.

“Es evidente que el gobierno usa a la justicia con fines políticos; en particular, para domesticar y disciplinar a la oposición”, dijo Alberto Fernández, quien encabezó el gabinete del presidente Néstor Kirchner y es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires: “Es muy preocupante porque lo que hoy es utilizado contra la oposición se podría usar algún día en contra de un ciudadano común”.

Manifestantes afuera del departamento de Julio de Vido, exministro de Obras, quien fue detenido a finales de octubre. Victor R. Calvano/Associated Press

Sin embargo, pocos argentinos tienen dudas de que haya proliferado la corrupción durante el gobierno kirchnerista. José López, un exfuncionario de Obras Públicas, fue capturado con unos 9 millones de dólares en efectivo que estaba guardado en bolsos. También se reveló que Ricardo Jaime, un exsecretario de Transporte, usó un yate y viajó en aviones privados provistos por líderes empresariales a los que su cartera otorgó contratos públicos.

Un caso que demuestra lo arraigada que ha sido la cultura de impunidad de Argentina es el del expresidente Carlos Menem, quien estuvo en el gobierno de 1989 a 1999. En una ocasión, cuando fue cuestionado sobre si era apropiado aceptar una Ferrari que le había regalado un contratista del gobierno, Menem respondió desafiante: “¡La Ferrari es mía, mía, mía!”. Varias investigaciones sobre corrupción que tuvieron origen en su mandato se alargaron durante décadas hasta que una corte lo sentenció en 2015 a cuatro años de prisión por pago de sobresueldos. Sin embargo, las apelaciones y su fuero por ser senador le han permitido hacer caso omiso de la sentencia.

El sucesor de Menem en la Casa Rosada, Fernando de la Rúa (presidente entre 1999 y 2001), fue imputado –y absuelto– de cargos por haber sobornado a legisladores para que aprobaran una reforma laboral.

Los funcionarios del gobierno de Macri y quienes vigilan la gobernabilidad dicen que la corrupción alcanzó proporciones épicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; ellos gobernaron entre 2003 y 2015, desde un periodo de auge en los precios de materias primas de exportación a uno de contracción económica.

“Terminó viéndose más como una cleptocracia”, dijo Natalia Volosin, abogada argentina de derechos humanos que ha estudiado la historia de corrupción en el país para su doctorado en la Universidad de Yale.

Macri llegó a la presidencia cuando varios escándalos de corrupción habían sacudido a países de la región, sobre todo en Brasil, donde un equipo de jueces y fiscales han recuperado miles de millones de dólares y han condenado a decenas de políticos y empresarios por su papel en el esquema de sobornos conocido como Lava Jato. Casos como el de Brasil han logrado que la corrupción sea una preocupación cada vez más importante para los votantes latinoamericanos.

La expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes a su salida del congreso en diciembre. Victor R. Calvano/Associated Press

Poco después de asumir la gestión, el gobierno de Macri creó una medida de acceso a registros públicos e hizo que se pudieran revisar en línea los documentos sobre compras y contratos públicos. También aumentó la cantidad de funcionarios públicos que deben revelar sus bienes en declaraciones.

“Aquí hay una fuerte demanda de integridad pública”, dijo la exlegisladora Alonso, de la oficina anticorrupción. “No les vamos a perdonar una”.

En el 2016, a pedido de Macri, el congreso aprobó una ley de responsabilidad empresarial que prevé que las compañías que paguen sobornos sean multadas y enfrenten cargos penales, así como un cambio a un procedimiento penal sobre los acuerdos de colaboración con la justicia.

Este tipo de acuerdos fueron clave para que avanzaran las investigaciones de Lava Jato en Brasil desde 2014. Allí, a diferencia de lo que ocurría antes, los acusados comenzaron a ser detenidos antes del juicio, que ahora duraba meses en vez de años.

Pero en Argentina solo una persona acusada por corrupción en el cargo ha intentado tener un pacto de colaboración. De acuerdo con funcionarios del gobierno y expertos, eso se debe a que pocos creen que realmente deberán rendir cuentas o terminar tras de las rejas.

No queda claro hasta qué punto las detenciones recientes cambiarán esa percepción. Después de todo, las condenas en casos de corrupción siguen siendo la excepción y no la regla, e incluso hay casos que parecen ser claros pero que tardan años en avanzar.

Muchos en el sistema judicial se muestran escépticos respecto de si habrá cambios fundamentales sin que haya una reforma más amplia del código penal y del poder judicial.

El juez federal de Comodoro Py que pidió mantener su anonimato dijo que es evidente que hay conflictos adentro del gobierno, con algunas personas que sí quieren hacer limpieza y otras que no tienen interés alguno en cambiar el sistema.

 


Fuente: NYTimes / Ernesto Londoño y Daniel Politi 

Centro Público

Centro Público

Add comment

Algo mas para visitar

CP en Twitter

CentroPublicoMX Desde hace años se han demandado acciones concretas en materia de #migración y #DDHH. Ninguno de los candidatos a l… https://t.co/P257Wx2BT2
9hreplyretweetfavorite
CentroPublicoMX Las páginas ocultas del diario de Ana Frank: https://t.co/lJqtpkSPaf
24hreplyretweetfavorite
CentroPublicoMX RT @INEMexico: #EnVivo Sigue el Segundo Debate Presidencial y únete a la conversación #DebateDelDebate #DebateINE https://t.co/crf1Sbp2d7
CentroPublicoMX Orgullosos de nuestra experta en arte: Ximena Apisdorf @AldonzaS @PMovimiento @RadioUNAM @tvunam https://t.co/u42ng2HJnj
CentroPublicoMX Conflictos geopolíticos a raíz de la nueva embajada estadounidense. Escribe @WongSandraC para #CentroPublico. https://t.co/boGozTBV2s