Centro Público

Gobernabilidad y crimen

Con el cúmulo reciente de noticias sobre la violencia, la criminalidad, los resultados en Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco y el Estado de México, me veo forzado a escribir sobre uno de los temas que he seguido desde el 2012, la gobernabilidad.

De una manera teórica se distinguen dos conceptos: en primer lugar, está aquello que se conoce como la governance theory, que es aplicada a los asuntos del “buen gobierno”, bajo criterios eminentemente relacionados con la eficiencia administrativa de las políticas públicas en la escala nacional, o con el desempeño institucional en los asuntos relativos a la política económica y a la inserción nacional en el mercado global. Las escalas de actuación de este concepto van de la dimensión local hasta la supranacional y la gobernabilidad global, pero otorgando un peso decisivo a la dimensión del Estado (en contra de ese supuesto aparece el concepto de Captura del Estado), y lagobernabilidad democrática, aquella que se refiere a los asuntos de dirección de gobierno e incorpora el tema de la participación ciudadana, de la llamada sociedad civil, de las redes de intereses estratégicos agrupados en instituciones o en flujos organizativos que apenas prefiguran instituciones, como es el caso de las Organizaciones Públicas No Gubernamentales. Al primer enfoque le precede uno básico la eficacia gubernamental, es decir a la efectividad de gobernar.

En este último sentido podemos decir que gobernar, significa controlar, dirigir y ejercer el poder del estado a una sociedad. Y en contrapartida de ese concepto es que se ha definido el opuesto: Estado fallido.

Se define como tal a un Gobierno que es “aquel estado que pierde control sobre su territorio, o pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza física, o pierde legitimidad para tomar decisiones colectivas, o esté inhabilitado para proveer servicios públicos básicos, o que esté inhabilitado para interactuar, de pleno derecho, con otros miembros de la comunidad internacional”. Estos estados se caracterizan por tener fracasos sociales, económicos, y/o políticos.[1]

Desde este punto de vista, me preocupa el gobierno actual, resultado de dos gobiernos fallidos, el de Fox y el de Calderón, que el primero omiso por su captura y el segundo incapaz de un buen diagnóstico y más de emprender una verdadera recuperación del Estado.

El problema ya ha sido teorizado a partir de lo sucedido en Colombia con el narcotráfico, El economista y miembro el Grupo Diálogo Rural Colombia, Luis Jorge Garay, quien hace una investigación sobre lo que denomina captura y reconfiguración cooptada del Estado. Y nos dice como se reconfigura el Estado. “Hoy tiene lugar una verdadera captura instrumental de instituciones enteras del Estado. El mejor vehículo es a través de la política. Se trata de una captura de partidos políticos que funcionan en el ejercicio de un proceso democrático,  para elegir funcionarios que tengan incidencia en las decisiones que favorecen a los criminales”, explica Garay. La “reconfiguración cooptada del Estado” se define como el conjunto de acciones de elementos legales e ilegales, que buscan actuar desde dentro del régimen político. El investigador lo explica en estos términos: “Es cuando ya la ilegalidad en asocio con sectores legales, actúa a través de la misma institucionalidad para promover los intereses ilegales”. Un caso emblemático es el ocurrido en Colombia en el Congreso de la República durante los periodos legislativos 2002 y 2006, cuando el 35 por ciento de los congresistas eran aliados de las mafias paramilitares.[2]

La teoría tradicional sobre criminalidad supone que el Estado siempre confronta al crimen y que la sociedad siempre rechaza moral y éticamente a los criminales. La realidad, no obstante, muestra algo diferente: no siempre hay tal confrontación, sino que instancias del Estado y la sociedad colaboran con la criminalidad para satisfacer propósitos criminales y personales. Ya no se trata de los buenos contra los malos. La sociedad actual está llena de grises, que tienen un pie en el mundo legal y otro en la ilegalidad, y que se trenzan con los criminales en una red de relaciones muy compleja, sin la cual el crimen no sería posible y gracias a la cual los criminales ya no son simplemente bandidos dirigiendo organizaciones criminales, sino redes sociales entrelazadas, que se comportan como sistemas dinámicos y que perviven incluso más allá de la existencia de sus líderes. Si ello no fuera cierto hay que preguntar ¿porqué el comercio ilegal de la piratería y de la importación ilegal en los mercados de todo el país florece?

En otro estudio, Mónica Serrano del COLMEX, nos refiere a las políticas públicas que asumen los gobiernos y que van desde la prohibición y la omisión hasta la reglamentación, ya sea que hablemos de la extracción de pagos e impuestos, la regulación, la prohibición o la omisión, pero todas ellas hablan de la renuncia del Estado al ejercicio de sus poderes, Lo que aquí está en discusión es cómo los Estados y los políticos estructuran, con base en la prohibición y las variaciones —internas y externas en su cumplimiento— el entorno básico dentro del que operan y, en ocasiones, florecen actores criminales transnacionales.[3]

Con relación intrínseca a las teorías antes mencionadas, están los trabajos sobre la corrupción que son base de la captura del Estado y la impunidad que se da en los estados fallidos, así Kaufman integra a su análisis aspectos como el nexo entre determinantes políticos y la falta de gobernabilidad, que implican la captura de la política por parte de élites, dentro y fuera del gobierno, que conlleva a una gran influencia en el diseño y adopción de políticas públicas, en especial, económicas, que favorecen intereses creados de grupos particulares, lo cual en muchos casos está ligado al financiamiento de los partidos políticos y los comicios electorales. Aquí la privatización del petróleo y la “ley Televisa”.

También diserta sobre régimen legal y judicial y la asociación significativa entre diversas variables de éste y la corrupción; el papel y la efectividad de las instituciones gubernamentales fiscalizadoras, usadas, en muchos casos en contra de enemigos políticos y, acerca de que un alto grado de participación estatal en la economía, parece estar asociado a una mayor incidencia de la corrupción.[4]

De acuerdo con analistas del tema, son múltiples y diversos los efectos de la corrupción, destacándose, entre otros, la pérdida de legitimidad del Estado y el consiguiente deterioro de sus instituciones, la caída en los ingresos públicos (básicamente los provenientes de la tributación), los obstáculos a la inversión (tanto pública como privada) y por tanto al crecimiento y, lo más grave, un fuerte impacto negativo sobre la distribución y la redistribución del ingreso y la riqueza.

De otro lado, están sus impactos sobre el gasto social dirigido a combatir la pobreza, que introduce en éste una improductividad y disminución en su volumen; se presentan también una serie de obstáculos al desarrollo económico y social del país, lo que contribuye a mantener las condiciones propicias para una fuerte exclusión social e impedir, por ende, el mejoramiento de la calidad de vida de la población.[5]

Visto a la luz de estas teorías, es como creo poder explicarme que está pasando en México, solo puedo concebir que el 20% el territorio nacional no esté controlado, gobernado y dirigido por el Estado Mexicano, lo que me lleva a un estado fallido. Esa porción, nada chica del territorio dónde el crimen se desarrolla y florece, es producto de una captura de los gobiernos locales, no se si el nacional también, las campañas exigen mucho dinero, hay un gran presupuesto público para ello, pero para los partidos políticos es insuficiente, así recurren al crimen, lo que representa una captura en la que los partidos políticos y los mismos funcionarios electos, gobernadores y presidentes municipales, trabajan a favor del crimen, ahí está Michoacán, Morelos, Oaxaca, Guerrero y hasta Jalisco y Querétaro, donde hemos visto narcos y sus operadores políticos y financieros apoyando a los candidatos.

De otra parte las privatizaciones y la omisión en la regulación, nos habla de la captura del Estado por parte de las transnacionales y grandes empresas nacionales, así vemos el caso de la minera de Germán Larrea, Grupo México, que contamina un río y solo le imponen multas simbólicas para ellos, y las fraccionadoras de Acapulco que venden un manglar y no pasa nada.

“El discurso intenso y cotidiano sobre la corrupción en la vida pública y privada obedece a una estrategia globalizada de control del Estado, las poblaciones y los sectores productivos, para extraer beneficios que pueden ser aprovechados de manera especial y no exclusiva por los países centrales.”[6]

De lo anterior puede decirse entonces que el “dispositivo corruptor[7]”, funciona y opera alrededor de las contradicciones políticas, económicas y sociales de los países (subdesarrollados), no para resolver el problema de la corrupción, sino para justificar “ciertas” intervenciones apropiadoras del Estado por parte del sector privado, destacándose su papel como un facilitador de los procesos de internacionalización de la economía, ajuste estructural y privatización. Esto nos lleva también a comprender porque de las múltiples iniciativas de legalizar la marihuana, y porqué se decide construir un nuevo aeropuerto que solo beneficiará al 4% de la población, mientras vemos la escasez de universidades públicas.

Obviamente, El Estado debilitado por estas acciones, está imposibilitado para ejercer la gobernabilidad total de su territorio, y vemos como se emprenden políticas parciales, que solo tienen el efecto mediático pero no resuelven el problema. En este sentido el anuncio de Peña ante el caso de Iguala, es considerado no como una advertencia de que hoy si va de verdad la lucha contra la corrupción, sino como política mediática para que se vea en el exterior que se pretende recobrar la gobernabilidad, así está el caso Michoacán, el caso Tamaulipas, el caso Estado de México y ahora Guerrero, pero ¿le alcanzará el ejército para cubrir tantos puntos y además atender los problemas causados por el cambio climático?

En conclusión, nuestra gobernabilidad está seriamente cuestionada, el estado de Derecho es parcialmente aplicado, así, como “medio embarazado”, las transnacionales exigen el cumplimiento de los tratos pero sin violencia y con máxima seguridad, lo que interrumpe la inversión. El crimen está tan metido en la política que hay funcionarios y sus equipos dedicados a su protección, no se explica de otro modo el porque la TUTA no es capturada, y ante la falta de inversión el empleo baja, y los recursos públicos para atender los problemas no alcanza, por lo que tenemos que endeudarnos, y dedicar más recursos al pago de los servicios financieros, y al final menos recursos.

¿Le quiere agregar otro asunto de captura y corrupción?, pues están los sindicatos.

Así está la gobernabilidad en México.

Saludos

 

 

1.http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dra.+iliana+rodriguez+santibanez/op(1ago)ilianarodriguez#sthash.XwkXZstR.dpuf

[2] Garay Salamanca, Luis Jorge.-“ La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia.” en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_col_sc_anexo8.pdf

[3] Serrano Mónica.-México: narcotráfico y gobernabilidad, en Pensamiento Iberoamericano nº1 ,Colegio de México, México 2008

[4] Ver.-KAUFMAN, Daniel. Corrupción y Reforma Institucional: El Poder de la Evidencia Empírica.

Revista Perspectivas, Vol. 3, No. 2, Santiago, 2000.

[5] Garay Luis Jorge.- Sobre el Papel y la Naturaleza de la Corrupción en Colombia. Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2002. Presentado en el Foro de Lucha contra Corrupción “Gobernabilidad y Desempeño Institucional”

(Bogotá, 21 de marzo de 2002).

[6]MONTOYA BRAND, Mario. La instrumentación política de la corrupción. Revista Estudios

Políticos, No. 16, Universidad de Antioquia, Medellín. 2000

[7] Desde la perspectiva del autor Montoya Brand, el “Dispositivo Corruptor” se entiende como “una tecnología política” barata, es decir, de mínimo costo, que se aprovecha de un contexto de corrupción real o creado, para obtener por parte de grupos de poder, beneficios diversos (económicos, comerciales, políticos, institucionales, etc.), que sin eliminar las prácticas corruptas las hace útiles para introducir “cambios” económicos, políticos, jurídicos y social es favorables a sus intereses.

Eduardo Escutia

Eduardo Escutia

E. Eduardo Escutia J, es maestro en Administración Pública por el INAP, Licenciado en Administración por la UAM; curso la Licenciatura en Sociología en la UNAM y ha realizado diferentes cursos y diplomados. Laboró por más de 35 años en el sector público y es asesor de diferentes Organizaciones como la Caja de Previsión y Ahorros del Sindicato del IMSS, fue asesor investigador externo del Instituto Belisario Domínguez, de Investigación Legislativa del Senado de la República, ha realizado diferentes investigaciones y estudios para el sector público y fue docente de diferentes universidades públicas y privadas desde 1978 a 2012
Es un apasionado de los temas de la Democracia, la Gobernabilidad y las políticas públicas.

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