La empresa inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, ganó el recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso en el Distrito Federal para reanudar la obra en la calle Rubén Darío 225, según confirmaron fuentes de la empresa y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Ante esta decisión jurídica, deberán levantarse esta semana los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario que detonó una denuncia pública y y una demanda penal de Aramburuzabala en contra de Adriana Pérez Romo, esposa del conductor Joaquín López Dóriga, quien intentó extorsionarla con 5 millones de dólares para impedir la obra que incluirá 122 departamentos en una de las zonas de mayor nivel inmobiliario en el Distrito Federal.

Según declaró Aramburuzabala a la revista Proceso, López Dóriga afirmó en sus cuentas de redes sociales, desde septiembre del año pasado, que esa obra debía ser clausurada y acusó a Abilia de haber falsificado permisos para derribar árboles.

Lo que pocos conocían es que la esposa del conductor estelar de Televisa es que su esposa, Adriana Pérez Romo, estaba en contra del proyecto inmobiliario y amenazó con “hacer todo lo posible para parar la obra”.

Aramburuzabala recordó en entrevista con Proceso que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver sus diferencias.

Después de las amenazas y de los mensajes de López Dóriga en Twitter, el 19 de enero de este año se llevó a cabo un operativo en el que participaron 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública para clausurar la obra, cuyo proyecto original ya había sido modificado antes por Abilia para atender los reclamos de vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos.

En su demanda penal, Aramburuzabala advirtió que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias.
La esposa de López Dóriga, a nombre de supuestos comités vecinales y de 11 habitantes del edificio contiguo de Rubén Darío 223, emprendió acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El INVEA autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se había incurrido en violaciones al uso del suelo, en marzo y mayo de 2015.

En junio de 2015 entró a escena el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien sostuvo un encuentro con representantes de la empresa Abilia para pedirles casi 10 millones de dólares en extorsión que se dividirían así: 5 millones de dólares para la esposa de López Dóriga, 600 mil dólares en pago de honorarios para él y más de 4 millones de dólares en obras de “mitificación” en la colonia Polanco, a cambio de desistirse de las acciones vecinales y de las autoridades capitalinas en su contra.

La amenaza de extorsión fue ventilada públicamente por Aramburuzabala. Aún está pendiente el desenlace de la demanda penal que interpuso contra los esposos López Dóriga, el abogado Becerra Pocoroba y presuntos representantes de vecinos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *