El Modelo Constitucional de Rectoría del Estado y su obligación de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica, se mantienen con vital fortaleza ante las nuevas reformas en materia de industria eléctrica y de hidrocarburos. El problema ante el cual se han visto cegados los impulsores de dicha liberalización radica en que la reforma limita la capacidad del propio Estado para cumplir su cometido. Al abrir plenamente la puerta a los intereses trasnacionales en los hidrocarburos y eliminar las salvaguardas legales, el propio Estado Mexicano se coloca en una posición de alta vulnerabilidad. En lenguaje sencillo: si las cosas no funcionan como se prevé, no habrá manera de revertir la situación. No hay red de seguridad que atempere o suavice una caída.

Si bien las recientes reformas del mercado eléctrico-energético tendrán consecuencias transformadoras en el sector petrolero mexicano que pueden ofrecer muchas oportunidades para los inversores privados extranjeros, algunos analistas expertos en la materia predicen que quedan muchos desafíos por alcanzar y algunos de los objetivos perseguidos por la reforma energética no se materializarán, al menos no tan rápido como se promete. La inversión privada extranjera en el corto plazo podría fluir a un ritmo más lento que en la actualidad, contrario a lo dicho por el gobierno en turno.

El mayor inconveniente de la legislación es la falta de detalles para hacer frente a la situación actual de los sectores de transporte, procesos y almacenamiento (midstream) y del sector de refinación, venta y distribución (downstream), que enfrentan desafíos profundos, mientras que el estado actual de las tuberías, la capacidad de almacenamiento y refinerías ofrece poco atractivo para la inversión privada.

La plena apertura del sector de venta y distribución (downstream) no será sino hasta el año 2020, mientras que el sector de transporte y almacenamiento se ignora en gran medida en el ámbito actual de las reformas. Por otra parte, mejorar el desempeño de Pemex a través de someter a la compañía nacional de petróleo a una mayor competencia no puede materializarse, ya que Pemex seguirá operando en sus activos de aguas poco profundas y se enfrentan poca competencia de las empresas extranjeras en otras áreas.[1]

Estos factores, combinados con altas tasas de caídas en campos maduros sugieren que puede que no sea hasta la próxima década que las actuales reformas del sector energético tengan algún impacto material en la producción de México y de los suministros mundiales de petróleo.

Cuando un Estado abre las puertas de la Industria Petrolera a las empresas privadas, necesariamente disminuye la renta petrolera que recibe el país. La experiencia internacional nos muestra el fracaso de dichas privatizaciones y el impacto que éstas tienen para el equilibrio económico de las naciones en cuestión.

En la mayoría de los países donde las empresas públicas se entregaron a particulares, los usuarios confirman día a día “la gran estafa eléctrica”; es decir, que en lugar de tarifas baratas y abastecimiento seguro, como se prometió, los precios de la energía eléctrica se han elevado de manera desmesurada como en el caso de California los apagones son constantes (Brasil, Chile, Argentina), y sus endeudamientos e intereses son cada vez más difíciles de afrontar, teniendo que ser rescatadas por los gobiernos, de acuerdo a legislaciones internacionales aplicadas por el poderío económico de las multinacionales.[2]

Las decisiones económicas y técnicas dependen cada vez más de los beneficiarios de nuestras exportaciones petroleras y de las fuentes de financiamiento, así como del conocimiento y la tecnología de las empresas petroleras extranjeras que comienzan ya a acaparar etapas particulares como la perforación, los estudios de yacimientos, la sismología, el transporte de hidrocarburos y ahora hasta de la producción por medio de contratos de servicios múltiples desplazando a los expertos petroleros, sin olvidar que se pierde el control de la explotación y exploración de hidrocarburos, las cuales son actividades exclusivas de la Nación.

Privatización en Materia Energética

En América Latina, la década de los noventa se caracterizó por un proceso de profundas reformas económicas, las que incluyeron la reestructuración, liberalización y privatización del sector energético. Éste proceso de reformas se inició con la privatización de las compañías eléctricas en Chile a fines de los años ochenta, seguido de la liberalización y reestructuración de las industrias del petróleo, electricidad y gas natural en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Mientras que la promoción del uso eficiente de la energía y de las energías renovables alcanzó un lugar bastante destacado en la discusión energética y en la política energética en Europa, nada es menos válido para América Latina. No obstante, la existencia de programas de eficiencia energética, en Latinoamérica no están integrados en la corriente principal de las políticas energéticas, frecuentemente se encuentran marginalizados y a veces incluso han servido como coartada para la carencia de acción real del gobierno en este campo. Aunque la mayoría de los países han desarrollado algunas actividades para promover el uso eficiente de la energía y energías renovables, los efectos de estos programas han sido más bien limitados. Esto es válido también para aquellos programas, los cuales han sido apoyados por donantes internacionales, incluyendo la Unión Europea.

Existen cuatro razones principales que explican el fracaso en alcanzar resultados concretos:

  • La carencia de voluntad política para incluir la eficiencia energética y las energías renovables en las “políticas energéticas principales”.
  • La carencia de marcos legales y regulatorios adecuados.
  • La carencia de marcos institucionales adecuados.
  • La carencia de mecanismos adecuados de fondos y financiamiento. [3]

Entre los casos más importantes en materia de privatizaciones energéticas podemos mencionar el caso de Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. Todos se relacionan en materia de pérdida de soberanía en cuanto a sus recursos y de igual modo en la mala distribución de las riquezas generadas posterior a la privatización de los energéticos, permeando únicamente a ciertos sectores económicos de la población y obligándolos así a implementar diferentes alternativas en la determinación de políticas económicas y políticas para resarcir los términos de la relación con las empresas transnacionales involucradas.

En el caso de países europeos se puede vislumbrar una tendencia tanto de triunfos como de fracasos, como lo es el ejemplo de Noruega, éste es un particular caso de éxito, puesto que han conseguido elevar su renta petrolera, han sabido captar capitales y tecnología mundial, sin perder la propiedad estatal sobre su riqueza petrolera. Tiene un sistema muy competitivo de concesiones, y las licitaciones se hacen con la mayor transparencia, así como también tienen un registro muy nítido de sus ingresos petroleros, pero las finanzas del país no dependen de estos.

La política petrolera de Noruega se caracteriza por un riguroso control del gobierno y un exigente régimen fiscal que aporta cuantiosos recursos al Estado, pero también por su sistema de concesiones, cuya eficacia se sustenta en la “fiabilidad” que como socio ofrece la jurisdicción del país nórdico a los inversionistas nacionales y extranjeros. En el sistema de concesiones noruego, basado en el pago de regalías e impuestos al Estado, las compañías petroleras adquieren licencias de producción de hidrocarburos en un área geográfica específica. La inversión de los ingresos petroleros en un fondo de pensiones es una de las características más admiradas del modelo noruego pues evita que la entrada masiva de dinero provoque distorsiones en la economía, a la vez que asegura recursos financieros para las futuras generaciones. Este llamado Fondo Global de Pensiones Gubernamentales, creado en 1990 y operado por el banco central, valía en 2012 más de 655 mil millones de dólares, equivalente a 1.15% del PIB mundial, según cifras del reporte anual del Banco de Noruega.[4]

La producción de petróleo de Kazajstán ha vivido un crecimiento espectacular desde el año 1995 debido en buena medida a la entrada en el país de compañías petroleras extranjeras, sobrepasando el millón de barriles diarios desde 2003 y situándose en segunda posición entre las antiguas repúblicas de la URSS, sólo detrás de Rusia. La compañía petrolera y gasística pública KMG, creada en 2002, representa los intereses estatales en la industria de los hidrocarburos, y a pesar de que la participación extranjera juega un papel cada vez más importante en el desarrollo del sector del gas y del petróleo, el gobierno intenta tener una participación alta en todos los nuevos proyectos y Joint Venture. Algunas de las compañías extranjeras operando en Kazajstán son ExxonMobil, Shell, PetroChina, Lukoil, entre otras. Hoy en día el principal productor en el país es todavía la compañía americana Chevron, que lleva operando en el país ya desde la época soviética. Sin embargo, en la actualidad el gobierno kazajo prioriza los acuerdos estado-estado con compañías estatales de otros países, especialmente rusas y chinas.[5]

Privatización en Materia Eléctrica

La desregulación y privatización de la electricidad reciben el apelativo de “liberalización” por parte de aquellos que las defienden y que emplean este término para disfrazar lo que es, representa un traspaso en masa de la propiedad y el control de la electricidad de manos públicas a privadas. La idea de liberalización está acompañada por la promesa de diversos mitos, es decir, la sustitución de un servicio asequible, accesible y fiable por el ideal mercantil de la competencia, el mito de la capacidad de elección del consumidor y la prioridad de la eficiencia económica.

La volatilidad y la manipulación de los precios son fenómenos inevitables de los mercados eléctricos, sea cual sea su estructura. El mercado carece de una planificación centralizada que decida las centrales que operarán en función de costes lógicos y marginales.[6] Los propietarios de una central que está parada gran parte del día, necesitan que el precio que obtienen con las horas punta les compense por los períodos de inactividad. De este modo incluso en un mercado competitivo los precios seguirán siendo volátiles, dado que las empresas siempre están dispuestas a ejercer su poder de mercado para crear situaciones ficticias a fin de aumentar los precios.

Incumplimiento de promesas

El mito principal para vender las reformas estructurales es, que la reestructuración y privatización del sector eléctrico abrirá el suministro a la competencia y someterá a las empresas eléctricas a la disciplina del mercado, de modo que serán más eficientes y los precios disminuirán. Lo cierto es que con la privatización y reestructuración, los precios han aumentado, o al menos, se han hecho extremadamente volátiles.

En California, donde el coste de la electricidad de usuarios residenciales y comerciales aumentó en 11.000 millones de dólares sólo en un año, las empresas ejercían la manipulación de precios mediante la retención de parte del suministro para crear una escasez artificial y, de ese modo, elevar los precios. Los productores, al mismo tiempo, cortaban la capacidad de producción para realizar tareas de mantenimiento, justo cuando se necesitaba mayor suministro.[7]

En América del Sur se observa una tendencia parecida. Durante los años noventa, el sistema eléctrico brasileño fue adquirido por una compleja red de inversores privados extranjeros. Primeramente se privatizaron las secciones de distribución y suministro al por menor del sistema. Light Serviços de Electricidade (Light) se subastó en 1996 y fue adquirida por un consorcio formado por la francesa EDF, la estadounidense AES y la brasileña CSN. Las condiciones del contrato establecían que Light adquiriría electricidad hidroeléctrica del Estado a 23 dólares por MWh y la vendería a los consumidores por 120 dólares, una cantidad muy superior a los 75 dólares que EDF cobraba a los consumidores más acomodados en Francia.[8]

En el caso de España, la liberalización vino acompañada de la creación de un mercado mayorista que, al menos sobre el papel, debía permitir la competencia entre diferentes centrales de generación y facilitaba la toma de decisiones a largo plazo en función de las señales proporcionadas por ese mercado. Pero al contrario, el resultado fue que el país estaba acostumbrado a concentrar la oferta y la demanda en pocas manos, los consumidores no recibían las señales de precios, la red de transporte contaba con limitaciones para incrementar las importaciones y la regulación obstaculizó las pocas oportunidades de competencia, los mercados no se movilizaron y los precios resultantes estuvieron lejos de los precios competitivos. Lo que ocasionó que la incertidumbre regulatoria frenara la inversión.[9]

Conclusiones

El dogma neoliberal de privatizar empresas públicas estratégicas citando razones de productividad, eficiencia y beneficio a los usuarios se está resquebrajando ante la clara realidad: se trata lisa y llanamente, como en el caso de la industria eléctrica, de una transferencia masiva de propiedad y control de los activos de la electricidad a un grupo reducido de multinacionales, que han asumido el control del suministro energético. Las corporaciones se han convertido en monopolios privados que concentran desde la generación hasta la venta de los recursos, e impiden que tenga éxito cualquier intento de regulación del Estado, por introducir la competencia o mantener la autoridad sobre los precios de las tarifas o la protección ambiental.

Es prioritaria una regulación en los sectores de energía post-reforma en América Latina. Se han establecido entes reguladores en los sectores de la electricidad, del petróleo y del gas en varios países, aunque la capacidad reguladora no estuvo a la par con el proceso de reforma en algunos casos. Tomando en consideración el nuevo paradigma de la eficiencia financiera de las empresas de energía privatizadas, en la mayoría de los casos las ganancias no se han traspasado a los consumidores a través de menores precios o la extensión de los servicios y un mejoramiento de su calidad (Altomonte, 1997).[10]

 

[1]University of Oxford. “Awaiting the Mexican Wave” Junio de 2014. Consultado el 13 de Julio de 2014. Disponible en: http://www.oxfordenergy.org/2014/06/awaiting-the-mexican-wave-challenges-to-energy-reforms-and-raising-oil-output/

[2] HERNANDEZ PEÑALOZA, Alfredo. “Las reformas energéticas, una expresión del neoliberalismo” Consultado el 14 de Julio de 2014. Disponible en: http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso04/hpenalosa_200404.pdf

[3] LUTZ, Wolfgang. “Reformas del sector energético, desafíos regulatorios y desarrollo sustentable en Europa y América Latina” Junio 2001. Consultado el 14 de julio de 2014. Disponible en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/7461/Lcl1563-P-E.pdf

[4]APPEL, Marco. “Noruega: concesiones petroleras sí, pero reguladas”. Revista Proceso. 20 de agosto de 2013. Consultado el 14 de julio de 2014. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=350521

 

 

[5] RIU, Abel. “El boom energético del mar Caspio”. El Orden Mundial. 9 de enero de 2014. Consultado el 14 de julio de 2014. Disponible en: http://elordenmundial.com/regiones/asia-central/el-boom-energetico-del-mar-caspio/

[6] “Experiencia internacional de desregularización del mercado energético” Coordinación de asesores del GPPRD Senado. 26 de junio de 2014. Consultado el 14 de julio de 2014.

[7] Ídem

[8]Ítem.

[9] BEATO, Paulina. “La liberalización del sector eléctrico en España. ¿Un proceso incompleto o frustrado? Consultado el 14 de julio de 2014. Disponible en: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_826_259-284__96E7D1D633929C644F9573E9147946EC.pdf

[10] LUTZ, Wolfgang. “Reformas del sector energético, desafíos regulatorios y desarrollo sustentable en Europa y América Latina” Junio 2001. Consultado el 14 de julio de 2014. Disponible en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/7461/Lcl1563-P-E.pdf

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