Carles Puigdemont, líder político de Cataluña, ha solicitado la mediación internacional para tratar la situación de su región en España. Samuel Aranda para The New York Times

La disputa sobre Cataluña se intensificó este jueves, cuando el gobierno español anunció que tomará medidas de emergencia para detener el independentismo catalán luego de que Carles Puigdemont, líder político de la región, dijera que los legisladores separatistas podrían declarar la independencia.

El anuncio de Madrid se produjo casi inmediatamente después de que Puigdemont advirtiera que los legisladores regionales estaban dispuestos a seguir adelante con la independencia si el gobierno nacional empleaba los poderes de emergencia.

Frente a la segunda fecha límite para manifestar las intenciones de Cataluña, Puigdemont le envió una carta desafiante a Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, culpándole de la escalada del conflicto al negarse a reunirse y negociar a pesar de los “esfuerzos y voluntad de diálogo” de los líderes catalanes.

El gobierno español, a su vez, anunció que convocó a una reunión de gabinete de emergencia para el sábado con la finalidad de “defender el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña”.

La rápida sucesión de eventos ha acelerado lo que ya se considera como una de las crisis más graves de la democracia española, que ahora entra en una etapa mucho más seria e impredecible.

El gobierno catalán ha dicho que el 90 por ciento de los votantes del referéndum del 1 de octubre apoyaron la independencia. Pero el gobierno de Rajoy y los tribunales habían declarado ilegal esa votación, y los agentes de policía que fueron enviados a bloquear las casillas electorales se vieron involucrados en enfrentamientos que produjeron cientos de heridos. Solo un 40 por ciento del electorado catalán participó en la consulta, luego de que Madrid aconsejara a quienes se oponen a la secesión que se mantuvieran alejados de los centros electorales.

Cataluña, que tiene su propio idioma y su cultura, así como una larga historia de resistencia contra los gobiernos de Madrid, es un motor importante de la economía española. Sus aspiraciones de independencia han resurgido en los últimos años por una serie de quejas sociales y económicas.

Esas tensiones crecieron cuando Rajoy y los dirigentes catalanes comenzaron a enfrentarse, convirtiendo una disputa que pudo haber sido desactivada hace años en una grave crisis constitucional.

Las últimas declaraciones de cada parte han atizado el conflicto hasta llevarlo al borde de una confrontación explosiva, con la perspectiva de que Madrid pueda tomar el control de Cataluña y provocar nuevas manifestaciones callejeras en una región en la que muchos ya se están preparando para enfrentar la mano dura de Madrid.

Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno español, dijo en una conferencia de prensa que estaban listos para usar “todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional”.

Sin embargo, esas medidas están llenas de incertidumbre en un país que adoptó su constitución democrática en 1978, luego de la muerte del dictador Francisco Franco.

La semana pasada, Rajoy inició una solicitud para implementar una herramienta amplia y contundente que nunca antes se había utilizado —el artículo 155 de la Constitución española— que le permitiría tomar el control directo de la región.

El mandatario dijo que podría recurrir a esa medida si Puigdemont no se retractaba claramente de su propuesta para declarar la independencia.

En su carta del jueves, Puigdemont concluyó con una clara amenaza de ruptura.

“Si el gobierno continúa impidiendo el diálogo y mantiene la represión”, escribió, “el Parlamento de Cataluña podría seguir adelante, si lo considera oportuno, y votar la declaración formal de independencia”.

La misiva fue enviada poco antes de la fecha límite de este jueves a las 10:00 a. m. que Rajoy había impuesto para que el líder catalán aclarara si esa región había declarado la independencia, una duda que surgió después de que Puigdemont pronunciara un discurso profundamente ambiguo la semana pasada ante el Parlamento de Cataluña.

En ese discurso parecía que Puigdemont declaraba la independencia, pero luego la suspendió de inmediato. Los legisladores separatistas firmaron una declaración de independencia, pero sin la primera votación sobre el texto que se esperaba.

Los funcionarios de Madrid han advertido en repetidas ocasiones que Rajoy considerará como un chantaje inaceptable cualquier declaración que no sea una retractación clara de la independencia, luego de que el lunes considerara como insatisfactoria la respuesta de Puigdemont.

El artículo 155 le daría a Madrid la autoridad para remover a Puigdemont y otros legisladores catalanes, y hacerse cargo de la administración autónoma de la región, incluida la televisión catalana y la policía autónoma, aunque Rajoy no se ha comprometido públicamente a una intervención de emergencia.

No está claro qué es lo que le propondrá el presidente español a su gabinete el sábado, pero podría tratar de aumentar gradualmente la presión sobre la frágil coalición de los separatistas catalanes, en lugar de arriesgarse a una intervención enérgica que podría ser contraproducente y blindaría al movimiento independentista.

José Luis Ábalos, funcionario del principal partido socialista opositor, indicó en una conferencia de prensa el jueves que el partido apoyaría a Rajoy, siempre y cuando hiciera un uso limitado y breve del artículo 155 y que, de alguna manera, preservara el “autogobierno” de Cataluña.

Utilizando sus poderes constitucionales, Rajoy podría nombrar un gobierno provisional en Cataluña. Puigdemont, por otro lado, podría enfrentar cargos de sedición y, en última instancia, una larga condena de prisión por presentar una declaración unilateral de independencia que viola la Constitución de España.

Los políticos de Madrid exigieron recientemente que Cataluña celebrase elecciones regionales lo antes posible, pero Puigdemont no mencionó esa votación en su carta del jueves.

Los líderes separatistas ya afirman que España ha usado medios desproporcionados para expulsarlos de sus cargos, con la ayuda de la policía española y los tribunales.

Cerca de 200.000 manifestantes se reunieron el martes en el centro de Barcelona, según la policía local, para exigir la liberación de dos líderes separatistas que fueron detenidos sin fianza, a la espera de un juicio por cargos de sedición. En su carta del jueves, Puigdemont mencionó el arresto de esos dirigentes como evidencia de la postura represiva de España.

La creciente incertidumbre y la amenaza de declarar la independencia ya han llevado a cientos de empresas a reubicar su sede fuera de Cataluña, lo que dificulta que la coalición separatista pueda mantener su mayoría de escaños en el Parlamento regional.

Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno español, dijo el jueves que estaban listos para usar "todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional". Oscar Del Pozo/Agence France-Presse — Getty Images

Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno español, dijo el jueves que estaban listos para usar “todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional”. Oscar Del Pozo/Agence France-Presse — Getty Images

Los secesionistas de línea dura quieren una ruptura abrupta y unilateral con el gobierno central de Madrid, mientras que los separatistas conservadores y moderados están cada vez más preocupados por las consecuencias económicas para Cataluña.

Luis de Guindos, el ministro de economía español, le dijo el jueves al Parlamento que la reubicación de las empresas catalanas era “solo un aperitivo de lo que podría suceder si se confirma la independencia, algo que el gobierno no permitirá”.

Puigdemont envió su última carta después de una reunión de emergencia de su partido celebrada el miércoles por la noche, durante la cual los legisladores le dieron un claro respaldo para no retirar la declaración de independencia, según informes de prensa locales.

Aun así, el secesionismo ha dividido a Cataluña. Los partidos separatistas ganaron el control del Parlamento regional en 2015, pero con solo el 48 por ciento de los votos.

Núria Marín, alcaldesa socialista de L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más grande de Cataluña, al suroeste de Barcelona, dijo el jueves que los políticos de ambos lados deberían cargar con la culpa de hundir a Cataluña en la crisis.

“Creo que con amenazas por parte de unos y de otros no se soluciona esta cuestión”, dijo. “Mientras se envían cartas, estamos viendo cómo las empresas se están yendo de Cataluña, cómo la economía se está resintiendo”.

Sea lo que sea lo que el gobierno decida el sábado, la crisis catalana continuará porque Rajoy necesita la aprobación del Senado antes de intervenir en Cataluña.

El Partido Popular, la agrupación política que respalda a Rajoy, tiene mayoría en el Senado, y Podemos, un partido de izquierda, es el único gran grupo opositor que se opone al uso del artículo 155 en Cataluña. En su lugar, Podemos ha sugerido que España debería celebrar un referéndum a nivel nacional sobre la situación de Cataluña.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, dijo el jueves por la mañana que le avergüenza “como español y como demócrata que tengan que llamar la atención a nuestro país, que no debe parecerse a una república bananera”. Y sobre la situación de la región, agregó: “Nosotros no queremos que se vayan, no queremos amenazar o reprimir a Cataluña, queremos convencerles de que España es un proyecto colectivo que vale la pena”.


Fuente: NYTimes / Raphael Minder

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