De nueva cuenta, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sorprende por dos malas razones: por ir más allá de la ley y por ponerse en contra del usuario. Da la impresión de que para el nuevo órgano regulador autónomo de las telecomunicaciones, ante cada obligación impuesta por la legislación, existe un mecanismo que permite evadirla.

Un quebradero de cabeza, una moneda al aire que siempre cae de un mismo lado; dados cargados para favorecer a un operador, para dañar el proceso de competencia y para perjudicar a los usuarios.

Las acciones del regulador de las telecomunicaciones están próximas a causar indignación. Quizá crean los comisionados que integran el Pleno de la misma –o algunos de ellos-, que la ley es un mero referente, indicativa, una mera intención sujeta a que la confirme el regulador.

Con el IFT ya sabemos, de antemano, que existe un nuevo binomio: a cada disposición legal corresponde una interpretación. Por evidente que sea el alcance de la norma, el IFT encontrará la forma de trastocarla, de interpretarla, de cambiarle su sentido.

Una de las disposiciones más importantes de la nueva Ley de telecomunicaciones de julio pasado fue la eliminación de la larga distancia nacional, por ser un cobro injustificado en perjuicio de los consumidores. La ley fue tajante en su artículo VIGÉSIMO QUINTO transitorio: a partir del 1 de enero de 2015 los operadores de telecomunicaciones “que presten servicios fijos, móviles o ambos, no podrán realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que realicen a cualquier destino nacional.” No se requiere ser un sabio para comprender el propósito y alcance del artículo citado.

No obstante, el IFT ha elaborado un proyecto de Acuerdo (sujeto actualmente a una consulta pública ¡de diez días!) que implícitamente permitirá que la larga distancia nacional tenga un costo para los usuarios. El artículo noveno contempla que los operadores deberán pagar a Telmex una tarifa por el tránsito de las llamadas dentro de su red (las que dicha empresa deba cursar entre puntos de interconexión ubicados en diferentes áreas de interconexión), con lo que el IFT preserva uno de los costos más importantes de los que componen actualmente la tarifa de larga distancia, el de tránsito de llamadas.

¿Cómo podrán los competidores de Telmex abstenerse de cobrar la larga distancia a sus usuarios si al mismo tiempo deben pagar cantidades importantes por ello? O salen del mercado o lo imputan indirectamente; no hay magia.

La tarifa de tránsito es una reliquia prevista en reglas previas expedidas por la inexistente Cofetel, reglas que yo no están vigentes por mandamiento expreso del propio artículo transitorio, que en su cuarto párrafo prevé: “Las resoluciones administrativas que se hubieren emitido quedarán sin efectos en lo que se opongan a lo previsto en el presente transitorio.”

No queda sino sorprendernos de la imaginación y la creatividad del IFT para encontrar mecanismos que evadan la obviedad de la ley y favorezcan a un operador, a Telmex.

En su momento, la creación del IFT supuso la existencia de un nuevo órgano regulador constitucionalmente autónomo, no de un nuevo poder revisor. La autonomía no les alcanza para violar la ley.

Sobre el autor

Federico González Luna Bueno

Federico González Luna Bueno

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados. Su trayectoria profesional inicia en el sector financiero en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para 1995 se desempeñó como Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta el año 2000, destaca su participación en la coordinación del grupo legal que elaboró la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, del Reglamento de Comunicación Vía Satélite y del Reglamento de Televisión y Audio Restringido, entre otros ordenamientos. Encabezó diversos grupos de trabajo que llevaron a cabo la negociación de diversos tratados bilaterales y multilaterales internacionales en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y satélites. Fundador de la firma legal González Luna y Álvarez del Castillo, S.C., miembro fundador y expresidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones; igualmente fue integrante en el Consejo Consultivo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Mercantil en la UNAM, además de conferencista en diversos foros de México y el extranjero. Colabora editorialmente para el periódico “El Financiero” y en el programa de televisión “Economía de Mercado” en temas de telecomunicaciones. Actualmente es diputado federal por la LXII legislativa, donde es presidente de la Comisión de Radio y Televisión y secretario de la Comisión de Comunicaciones.

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