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Eliminación de la Larga Distancia y “no existe algo gratis”

Existe una reconocida frase en economía: “there ain’t no such thing as a free lunch“, algunas veces atribuida a Milton Friedman quién publicó en libro con tal título en 1975, pero no fue acuñada por él, parece haber sido publicada por primera vez en artículos periodísticos a principios de los años 40’s en los Estados Unidos respecto al gasto público en la segunda guerra mundial. La frase tienen un profundo significado económico e incluso físico, todo bien o servicio tuvo que surgir de la inversión o uso de recursos escasos, nada es creado de la nada y por tanto todo tiene un costo de oportunidad, dado que requirió de capital, trabajo y tiempo que bien pudo haberse dedicado a la producción de otros bienes y servicios.

Por virtud de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se eliminan las tarifas finales del servicio de larga distancia nacional a partir del 1º enero del 2015, en el artículo 118 fracción V dice que los operadores de redes fijas y móviles deberán abstenerse de realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios; y en el artículo vigésimo quinto transitorio primer párrafo, que señala el cumplimiento del Art. 118 fracc. V entrando en vigor el 1 de enero de 2015. Tal medida es un hecho consumado legalmente. Pero eso en ninguna forma significa que el costo de los insumos, servicios intermedios y otros elementos de red que se utilicen en el servicio de larga distancia, por virtud de la nueva ley tengan un costo económicos de cero en el primer segundo del primero de enero del 2015. Ningún costo desaparece por Ley o por Decreto, solo se redistribuyen, necesariamente alguien internaliza el costo del servicio de larga distancia nacional, y en este caso no es la autoridad por medio de alguna partida presupuestal, lo absorberán los concesionarios y permisionarios que tengan de dar el servicio al usuario final.

Uno de los insumos es el servicio de interconexión en etapas intermedias entre las redes y que algunos concesionarios confunden con le servicio de larga distancia nacional a los usuarios finales. Tales servicios son producto de la ausencia de capacidad de conmutación y enrutamiento en todas y cada una de las áreas de servicio local (ASL) del territorio nacional, las cuales si bien formalmente desaparecen el primero de enero, sus infraestructura de red esta diseñada para cierta cobertura local, lo que da lugar a que el tráfico de los concesionarios tenga que utilizar centrales ubicadas en tales áreas que son diferentes a las áreas de destino y por ello incurrir en un costo derivado de la “larga distancia” física o geográficamente hablando.

Para un concesionario existen dos alternativas de lleva tráfico entre diferentes destinos separados geográficamente:

  1. el invertir en infraestructura propia, instalando su propia central de enrutamiento o por medio del despliegue de enlaces dedicados o
  2. utilizar la infraestructura de la red preexistente (de otro operador, generalmente el incumbente) en el donde requiera terminar su tráfico

En la situación actual, cuando un operador de telecomunicaciones no tiene presencia en las algunas de las ASL’s en que está dividido el país, tiene que solicitar a otro operador que sí la tenga capacidad el servicio para terminar su tráfico en esas localidades, donde no ha invertido pero requiere terminar tráfico de larga distancia. Tal terminación tiene un costo, como tiene costo también construir la infraestructura que hace posible dicha presencia, sobre todo en regiones remotas, aisladas, y sobre todo, dispersas o de menor densidad poblacional que implica mayor costo del servicio. En caso de no optar por la inversión en infraestructura propia para la terminación de su tráfico de “larga distancia” puede, como lo ha hecho a la fecha, optar por utilizar el servicio de transporte interurbano o interconexión a determinados niveles jerárquicos de la red, a mayor nivel de jerarquía mayor el costo para llevar el tráfico hasta su nivel de terminación.

El IFT ha reconocido tal hecho económico y ha establecido en su anteproyecto de Acuerdo que establece disposiciones que deberán cumplir los concesionarios que presten servicios públicos de telecomunicaciones a través de redes públicas de telecomunicaciones, para abstenerse de realizar cargos de larga distancia nacional (LDN) a sus usuarios por las llamadas que realicen a cualquier destino nacional a partir del 1 de enero de 2015, lo siguiente: “Sin perjuicio de la interconexión en niveles jerárquicos superiores, las tarifas de interconexión aplicables en la originación, terminación o tránsito de tráfico en los puntos de interconexión de las áreas básica de interconexión (ABI)[1] según corresponda, (i) las acordadas libremente entre concesionarios; (ii) las actualmente establecidas como tarifas de originación o tránsito dentro del mismo nodo regional, de conformidad con el IFT en sus resoluciones; (iii) las establecidas en el artículo 131 de la Ley, de conformidad con los artículos Vigésimo y Trigésimo Quinto transitorios del Decreto que expide dicha Ley, o (iv) aquellas que en su momento determine este Instituto en las resoluciones de desacuerdos que en su caso presenten los concesionarios.”

Es decir que no existe una gratuidad generalizada o universal aplicable al aprovechamiento o uso de todos los elementos intermedios requeridos para dar lo que implica el servicio de LDN en sentido de la jerarquía en la arquitectura o topología de una red, a excepción del servicio de terminación cero que se aplica al “preponderante” conforme al Art. 131 y que aún en tal caso, tal gratuidad no significa que no se tenga un costo económico que debiera de haber sido reconocido y que por lo cual le debería corresponder un precio positivo.

Es aquí donde el oportunismo y la evidente captura de ciertos miembros del legislativo se manifiesta en forma burda afirmando que también todos los pasos de conmutación y demás servicios intermedios, de lo que nominalmente se conoce como LDN y que dejará de serlo, se beneficien también de tal gratuidad. Una vez mas se confirma como los grupos de interés organizados por algunos concesionarios ignoran a modo los principios económicos fundamentales, el uso de las páginas editoriales de los medios escritos y los espacios de “análisis” en radiodifusión para seguir moldeando la interpretación de la LFTR y violentando la autonomía del IFT, en la incansable, pero al fin racional, búsqueda de rentas y de beneficios exclusivos a expensas de otros concesionarios. Usando su capacidad en medios como palanca de promoción de posiciones, interpretaciones e implantación de criterios tratando de guiar no sólo la opinión sino las políticas públicas, incluso de aquellas entidades autónomas, que como se ha demostrado pueden llegar a que el legislativo promueva una controversia constitucional, por un mecanismo justificable técnicamente respecto a la portabilidad, pero que no fue a satisfacción o conforme a lo contemplado dentro de los planes comerciales de ciertos concesionarios.

Cabe señalar, que la desaparición del servicio de LD no requería de una acción legislativa, la competencia entre concesionarios por medio del empaquetamiento de servicios estaba de hecho erosionando la facturación de LD, y que eventualmente se reduciría como tal, hasta quedar asimilado en el consumo de servicios de telecomunicaciones al usuario final, y además, al migrar las redes basadas en protocolo IP, disminuiría su tráfico la denominación de técnica de LD conduciendo a su desaparición, como ocurrió en Chile donde sólo se reconoció que el tráfico de LD estaba en declive y a niveles tales que era solamente reconocer legalmente un hecho de mercado. Es precisamente la ausencia de inversión y retraso relativo en redes basadas en protocolo IP en Europa, debido a la desagregación y compartición, lo que ha evitado que en tal región desaparezca el concepto de LD.

Es inevitable recordar lo escrito por George Stigler en su ensayo “The Theory of Economic Regulation” en 1971 cuando concluye que la regulación tiende a ser adquirida por los miembros de una industria, o por alguno de ellos, y es diseñada y operada principalmente en su beneficio. Por ello la autonomía del IFT, en su fundamento teórico, es una barrera a la secuencia de la captura que se da entre los intereses particulares y las autoridades sujetas a elección popular, y de estas respecto a las entidades regulatorias. Todavía algunos legisladores o no entienden el significado de la autonomía de los reguladores o son un ejemplo rupestre de la manifestación abierta de lo que es la captura regulatoria.

[1] Que provienen de las que serán las extintas ASL.

Ramiro Tovar Landa

Ramiro Tovar Landa

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestria en Economía por Duke University, Terry Sanford Institute of Public Policy y Maestría en Políticas de Desarrollo Internacional (Center International Development Research). Profesor Numerario del Depto de Economía y Asesor de la Oficina de Rectoría (ITAM)

Especializado en temas de política de competencia y regulación económica. Consultor para diversas empresas y asociaciones empresariales. Asesor del Líder del Senado en la LXI Legislatura y ahora Diputado Coordinador en la LXII Legislatura Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Las opiniones expresadas en este artículo, son mi responsabilidad y no reflejan la posición de Centro Público al respecto.

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