El pasado lunes 13 de octubre la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel en Economía 2014 al profesor Jean Tirole actual Director Científico del Instituto de Economía Industrial de la Escuela de Economía de Toulouse Francia. Es una satisfacción que el Nobel haya vuelto a los economistas dedicados al estudio de la regulación como lo fue Stigler (Nobel 1982) pero ahora incorporando las sofisticaciones en los mercados asociados al uso de las tecnologías de información y el surgimiento de la sociedad del conocimiento.

El premio Nobel le fue otorgado por sus contribuciones al entendimiento de la regulación de industrias en un entorno de oligopolio y al análisis sobre el poder de mercado. Sus publicaciones cubren un amplio espectro incluyendo temas de gobierno corporativo, regulación bancaria, teoría de los contratos y un amplia variedad de análisis y recomendaciones sobre la regulación y política en telecomunicaciones, por lo que su reconocimiento al otorgarle el Nobel de Economía presenta una oportunidad para opinar sobre que tanto sus contribuciones han influido o no en la Reforma en el sector de Telecomunicaciones realizada en México, e incluso en el entorno internacional incluyendo otros países latinoamericanos.

Su principal obra respecto a la regulación en telecomunicaciones fue publicada en “Competition in Telecommunications”[1] con Jean Jacques Laffont (QEPD) en el año 2000, hace 14 años, y cuyas contribuciones siguen siendo tema de las reformas en el sector, sobre todo en países emergentes como México. Ambos autores seleccionaron temas que permanecen como cruciales: primero, regulación de las tarifas de interconexión y tarifas de servicios finales; y segundo, el efecto de la competencia en las obligaciones de servicio universal. Esta obra recopila sus investigaciones realizadas durante los años 80s y 90s, periodo de grandes cambios en las telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, en donde ocurrieron procesos de privatización y los primeros desarrollos regulatorios en la transición de un estructura de mercado de monopolio a uno con apertura a la competencia y sobre todo siendo testigos del ascenso y declive de la Telecommunications Act de 1996 en los Estados Unidos en donde se establecía la desagregación de los elementos de las redes locales, su tarificación a costo incremental de largo plazo por servicio y posteriormente su abandono y repudio por parte de la Federal Communications Commission (FCC) como consecuencia de diversas resoluciones judiciales ante su ineficacia y discrecionalidad inherente.

Tirole hace una crítica sobre las desventajas de utilizar el concepto de costo incremental de largo plazo como instrumento de regulación dado que limita severamente el retorno de los activos que constituyen el “cuello de botella” o el “insumo esencial” en las redes y analiza los efectos de tal tipo de regulación en la inversión en infraestructura cuando el retorno de la inversión está restringido. Argumenta que en lugar de imponer una serie de tarifas de interconexión, el regulador debería dejar al operador determinar tales tarifas estando sólo sujetas a la restricción de un índice de precios. Este concepto es familiar dado que es el mecanismo que se incluyó en la modificación del título de concesión de TELMEX en su privatización para la canasta de servicios controlados hace 24 años, lo que el ahora premio Nobel propuso fue crear un régimen de precios tope para servicio intermedios o mayoristas donde se incluiría a las tarifas de terminación, que desafortunadamente ahora la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece a nivel de cero para el operador “preponderante”. Nada más ajeno, alejado y apartado de lo propuesto por el ahora premio Nobel de Economía 2014. Si bien algunos dicen que se innovó al establecer por mandato de Ley una tarifa de terminación nula, hubiera sido mejor el innovar adoptado la recomendación de Tirole en lugar de una “ocurrencia genial” como la terminación a cero pesos.

Asimismo, Tirole argumenta lo crucial que es la recuperación de los costos fijos de las redes, tales como son los costos comunes o compartidos, los cuales deben cubrirse tanto por un margen en las tarifas de terminación como en las tarifas de servicios finales, por lo que es erróneo que el precio del acceso deba de ser igual al costo marginal o su equivalente en términos de costo incremental promedio. Laffont y Tirole identifican al costo incremental promedio de largo plazo (CIPLP) basado en la “más eficiente red posible” como el paradigma dominante para las tarifas de interconexión pero señalan que este concepto entra en conflicto con el objetivo que todo regulador debería tener, aspirar a lograr una menor intensidad regulatoria en el futuro. Tal concepto de costo no cubre la totalidad de los costos fijos a menos que se ajuste el concepto de “incremental” hasta un nivel que abandone el concepto subyacente de costo marginal y “la red más eficiente posible” se ajuste al concepto de obsolescencia económica futura, no tecnológica, a precio actuales, por lo que es un concepto que debería de repudiarse o radicalmente transformarse.

Tirole también ha desarrollado elaboraciones teóricas sobre las instituciones y la captura regulatoria, así como los incentivos de los gobiernos y de las entidades públicas, en tal sentido es revelador por qué se insiste en el uso de los modelos de costos que incorporan el CIPLP y que resulta igualmente aplicable en explicar por qué la Reforma impuso una tarifa de cero al “preponderante”, “…le da al regulador el poder de administrar la entrada”[2] en este caso favoreciendo a las nuevas redes virtuales o a cargo del incumbente.

Tal regulación con base en costos, o incluso con costos cero, se reúne con la problemática que surge entre obligaciones de servicio universal y mayor competencia, mientras tales obligaciones sigan siendo financiadas por subsidios cruzados entre usuarios rurales y urbanos ante tarifas uniformes entre ambos tipos de usuarios, una mayor competencia no hace sostenible la existencia de tales obligaciones, sobre todo cuando sólo un operador tienen tales obligaciones y el resto de sus competidores no están sujetas a ellas, como es el caso de México.

Tirole establece que el costo de proveer el circuito local a los usuarios finales varía sustancialmente entre regiones dependiendo de la densidad de población de cada una de ellas, aspecto que la reforma ha ignorado en la desaparición de la larga distancia en conjunto con la prevalencia de tarifas uniformes geográficamente, sin contemplar la existencia de un mecanismo de compensación ante la heterogeneidad en costos del servicio entre localidades. Como se observa, ante la carencia de considerar tal desviación en la entrada de nuevos operadores, estos continuarán entrando en aquellas localidades donde el costo sea menor que el costo en que incurre el incumbente toda vez que este tiene obligaciones de ofrecer servicio en otras localidades con elevados costos relativos mientras las redes entrantes no las tiene.

Lo anterior ha llevado, como Tirole lo ha demostrado, a un patrón ineficiente de entrada, elevada competencia en ciudades donde, por ejemplo, tenemos varias redes alternativas de servicio y localidades donde estas nuevas redes no tienen presencia de ningún tipo, pero exigen que la red con presencia les termine las llamadas originadas en sus propias redes. Este fenómeno, evidentemente en México, erosiona la capacidad de obligaciones de servicio universal del “preponderante” y que la nueva Ley no resuelve mediante un Fondo semejante al creado en la Ley de la Industria Eléctrica donde se creó un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, cuyo propósito es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en el cual las aportaciones a dicho fondo se integrarán con el excedente de ingresos que resulte de la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista así como por donativos de terceros[3]. La FCC resolvió este fenómeno estimado la diferencia entre el precio “accesible” en áreas de elevado costo y la estimación de dicho costo, asignando un subsidio por usuario que cualquier operador puede recibir siempre y cuando invierta en tales localidades. Nada de esto permeó en el diseño de la nueva LFTR. Tirole favoreció el esquema de subasta asignable a los operadores con la disponibilidad a recibir el menor monto de subsidio por línea en tales áreas. Este mecanismo tuvo una breve experiencia en México y fue desechado en lugar de ser perfeccionado.

¿Tuvieron los textos, la influencia del actual premio Nobel de Economía en el diseño de la Reforma de Telecomunicaciones en México? desafortunadamente estuvo ausente o ignorado, a pesar de que algunos funcionarios sea en la SCT, en la Consejería Jurídica, entre los legisladores en el Congreso o en el propio IFT, lo hayan escuchado o lo hayan referenciado en alguna ocasión a tal autor en sus cursos de economía en licenciatura o posgrado o lo hayan repasado en el examen del Comité de Evaluación, sencillamente no estuvo presente en las reflexiones de los autores de la Reforma. Tirole explica incluso en sus desarrollos conceptuales sobre la captura regulatoria el porque las mejores alternativas son desechadas a favor de las peores, las ineficiencias regulatorias se agregan antes que cancelarse dado que un grupo tendrá más poder cuando su interés recae en la ignorancia antes que en el conocimiento regulatorio.


[1] “Competition in Telecommunications”, Jean-Jacques Laffont y Jean Tirole, MIT Press 2000.

[2]ídem pág. 149.

[3]Artículo 114 de la Ley de la Industria Eléctrica.

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