A mediados de mayo pasado, trascendió que la revista Proceso ganó un juicio de amparo en contra de la Ley para garantizar el ejercicio del derecho de réplica. Esta Ley tiene por objeto que si alguien difunde información falsa o inexacta en un medio de comunicación, el afectado tenga la posibilidad de solicitar se aclare o rectifique la información, luego entonces, el derecho de réplica modula en forma legítima la libertad de expresión.

La citada revista es célebre por ejercer un llamado periodismo de denuncia, y por practicar una actividad de crítica a instancias gubernamentales, así como por cuestionar a otros medios de comunicación que supuestamente estiman alineados al gobierno, para comprobar ello, basta con revisar los encabezados y cintillos de algunas de sus portadas: Golpe Final a la verdad histórica, México al filo del autoritarismo, Televisa bajo la lupa de EU.

Así pues, se erige como parte de ese grupo de censores públicos, hecho que es aceptable y hasta deseable en un medio de comunicación dentro de un contexto democrático. Sin embargo, los medios de comunicación al ejercer un poder comunicativo, de influencia política y social, deben autocontenerse o bien, limitarse por el orden jurídico cuando se difunde información falsa o errónea que daña la imagen, honra o dignidad de una persona, máxime, cuando el medio de comunicación o periodista se erigen no sólo como tribunal mediático sino además como fiscal inquisidor (acusa y sentencia a la vez).

Los medios de comunicación no son infalibles, pueden equivocarse, pero la ética y responsabilidad de periodistas y comunicadores es corregir y rectificar información errónea o falsa, siendo un canal institucional y proporcionado, la Ley de Réplica. Por ello, estimo que resulta cuestionable la posición de la revista Proceso al impugnar dicha ley, que a su juicio considera inconstitucional, ya que supuestamente la ley le obliga a brindar una réplica, se limita su libertad de información y se afecta el derecho a la información de la colectividad.

Bajo la lógica de la revista, ella no debiese estar obligada a otorgar el derecho de réplica por quien se lo solicite en forma legítima, ya que es más importante el valor informativo y el debate público que se genera con la información que difunde. Ello, sólo refleja una posición de absolutos, de privación y negación de derechos de las personas que puede llegar a afectar y de una crasa soberbia alejada de la prudencia y humildad de quien ejerce una profesión.

Ojalá que a los jueces que les toque resolver el asunto, opten por la lógica de que en un estado de Derecho los distintos derechos y principios son armonizables, no hay absolutos, ni posiciones irreductibles. La libertad de expresión debe entrañar la voluntad de corregir y aclarar las falsedades o inexactitudes en que se hubiese incurrido, además de que el derecho a la información implica que la población conozcan de tales aclaraciones.

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