Ricardo Martinelli, expresidente panameño, en 2013 Carlos Garcia Rawlins/Reuters

La suerte del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli está en manos de un juez federal en Miami después de que se presentara el martes a una audiencia. Martinelli busca dejar la cárcel mientras se decide su extradición por cargos que incluyen el uso de programas espías para vigilar a sus enemigos políticos, rivales empresariales e incluso una supuesta amante.

Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014 y tiene 65 años, fue arrestado la semana pasada en Coral Gables, Florida, por acusaciones de vigilancia y fraude. El exmandatario panameño se mudó a Florida poco después de terminar su mandato para pedir asilo político, pues asegura que el actual presidente de su país, Juan Carlos Varela, presentó los cargos por motivaciones políticas.

En la audiencia del martes para evaluar si Martinelli puede salir bajo fianza, lo que ahora debe decidir el juez Edwin Torres, se habló de la posibilidad de fuga y de tratados internacionales para la extradición. Pero también se mostraron los métodos poco ortodoxos que usan los gobiernos para monitorear a sus enemigos.

Los fiscales dicen que Martinelli desvió 13,4 millones de dólares de fondos públicos destinados a programas sociales para pagar un software que le permitió acceder a la información en los teléfonos celulares de quienes quisiera. Lo acusan de estar a cargo de una operación encubierta de vigilancia con la que monitoreó a rivales empresariales —Martinelli es dueño de una cadena de supermercados—, a legisladores de la oposición y a activistas sindicales para obtener información comprometedora. Parte de esta luego fue filtrada y publicada en videos de YouTube, de acuerdo con un reporte presentado ante la corte en Miami por un analista de seguridad nacional panameño.

El programa que habría usado Martinelli es el que se conoce como Pegasus, el cual se infiltra en los celulares por medio de vínculos con malware en mensajes de texto para monitorear cada detalle, desde los calendarios, contactos y correos hasta la posibilidad de saber qué teclas son pulsadas.

“Puedes controlar el micrófono y la cámara en ciertos modelos de teléfonos”, dijo Ismael Pitti, exanalista de seguridad nacional en Panamá, quien admitió haber participado en el esquema de espionaje en un testimonio firmado y presentado ante la corte distrital de Estados Unidos en Miami. “Con esas capacidades, podíamos obtener fotografías y grabar audio de fondo, es decir, las conversaciones que tenía la gente estando cerca su celular”.

Algunos legisladores fueron grabados teniendo sexo. Una fue captada mientras su esposo la acusaba de tener un amorío. Aunque el jefe de Pitti en el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional de Panamá, Ronny Rodríguez, también presentó un testimonio firmado en el que asegura que el gobierno de Varela le ofreció trabajo a Pitti a cambio de que incriminara a Martinelli.

Una manifestación a favor de Martinelli en Ciudad de Panamá, el 20 de junio Carlos Lemos/Reuters

Una manifestación a favor de Martinelli en Ciudad de Panamá, el 20 de junio Carlos Lemos/Reuters

Otros países también están bajo la lupa por usar Pegasus. El caso más reciente es el de México, donde al menos tres agencias federales han gastado 80 millones de dólares en el programa fabricado por la empresa israelí NSO Group.

Esta compañía dice que el software Pegasus es vendido únicamente a gobiernos con el acuerdo de que sea utilizado solo para combatir el terrorismo, a grupos criminales o carteles de drogas.

El equipo para utilizar Pegasus en Panamá desapareció de donde había estado guardado de manera secreta, y el servidor fue llevado a la propiedad privada de Martinelli. Este hecho le significó cargos de peculado por apropiación, según los fiscales.

Los defensores de Martinelli, por su parte, argumentan que el trasfondo político es de suma importancia para el caso.

Varela fue vicepresidente y canciller durante el gobierno de Martinelli, aunque era de un partido político distinto. La idea era que la dupla fuera un gobierno de coalición. Martinelli después dijo que tuvo que despedir a Varela porque este habría sido captado cobrando sobornos en consulados cuando era canciller, según los documentos presentados ante la corte.

En 2014, cuando Varela llegó a la presidencia, abrió el caso contra Martinelli y ordenó su arresto a finales de 2015. El expresidente huyó de Panamá días antes de que fuera girada la orden judicial. Mantuvo su cargo como legislador del Parlamento Centroamericano, que según sus abogados le otorga fueros.

Martinelli fue arrestado recién este junio, poco después de que sugiriera en Twitter que se postularía a la presidencia para las elecciones de 2018, y los abogados del expresidente dices que su audiencia frente a la corte en Miami fue programada pocos días después de que Varela se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca, lo que —afirman— denota la carga política del caso.

“Este es probablemente el único caso de extradición en la historia en el que el país que busca la extradición es liderado no solo por un opositor político del acusado, sino que fue despedido de manera pública y notoria por este”, dijeron en un comunicado los abogados de Martinelli, Marcos Jiménez y John Byrne.

“Quieren decir que hay riesgo de que (Martinelli) se dé a la fuga porque se fue de Panamá”, dijo Jiménez, “pero claro que dejó Panamá; su sistema judicial es corrupto”.

Los abogados aseguran que Martinelli no es culpable de los cargos y que estos no ameritan la extradición. El tratado respectivo entre Panamá y Estados Unidos no incluye cargos de intervenciones telefónicas; el actual gobierno panameño dice que eso es porque el acuerdo data de hace 100 años y el crimen no existía.

La vicepresidenta Isabel Saint Malo también ha dicho que la extradición es un tema delicado, porque si Martinelli es repatriado solo por los cargos de espionaje eso impediría que sea juzgado por otras acusaciones de corrupción en su contra. “La mayoría son mucho más serios que escuchar conversaciones, que de por sí es serio”, le dijo al Council of Foreign Relations el año pasado.

Si el juez Torres no rechaza la solicitud de extradición, los abogados defensores de Martinelli han pedido que sea liberado bajo fianza y que sea mantenido en arresto domiciliario.

Martinelli enfrenta la posibilidad de hasta 21 años en prisión si es hallado culpable. El juez Torres dijo que anunciará su decisión en aproximadamente una semana.


Fuente: NYTimes / Frances Robles

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