¿De qué nos sirve a los ciudadanos el informe presidencial? Tal vez sea una pregunta que poco interese al ciudadano común, lo que puede deberse a indiferencia por su intranscendencia para la vida cotidiana, por simple ignorancia, o bien, debido a una natural carencia de poder ante las acciones que emprenden los poderes políticos al delinear las instituciones que nos rigen.

Cuando Alexander Hamilton explicaba en 1788 al pueblo del Estado de Nueva York los poderes del Presidente establecidos en la Constitución Americana, reconocía como poderes del Ejecutivo “informar al Congreso acerca del estado de la Unión así como recomendar a su deliberación sobre aquellas medidas que le parezcan convenientes”, y concluía cuestionando ¿Qué más podrá desear un pueblo razonable e ilustrado? sino que el Primer Magistrado este sometido a la vigilancia del cuerpo legislativo”.

Tal vigilancia se eliminó en México, la razón: La falta de madurez política para que los poderes tuvieran un dialogo democrático en las tribunas públicas, ya que durante el periodo de los gobiernos panistas fue imposible que el Ejecutivo Federal ejerciera tal facultad, lo que obligó a un cambio constitucional en 2008 que circunscribió dicha potestad a la entrega de un informe escrito y la posibilidad de formular preguntas parlamentarias igualmente por escrito, desde entonces, en nuestro país no existe el supuesto de que el Presidente acuda ante el Congreso para rendir un mensaje político.

Ante la imposibilidad jurídica, el pragmatismo político orilló a que el Ejecutivo Federal ejerciese tal poder desde la comodidad de un recinto propio, y bajo la tónica de un mejor escaparate propio de los tiempos modernos haciendo uso de los medios de comunicación, de tal forma que el Congreso ha renunciado a la posibilidad de establecer un escenario donde haya interpelaciones políticas en el lugar natural donde deben darse.

Estimo que las actuales condiciones políticas de pluralidad y democracia deben superar tanto las prácticas de aplauso y elogio que dieron origen al cliché denominado día del presidente como también deben soterrarse las indebidas prácticas de gritos, insultos o escarnio a las que recurren algunos legisladores.

Creo que sería más fructífero para los ciudadanos, al menos para formarse un juicio sobre sus gobernantes y su actuación, la posibilidad de poder observar cómo se cuestionan y responden en forma oral los poderes públicos sobre los asuntos de la República, en un marco institucional de respeto y dialogo.

Lo anterior, tal vez sea ingenuo pensarlo, ante la propia naturaleza humana al ejercer el poder político, por lo que auguro que difícilmente habrá un cambio constitucional en la materia, ya que es reconocible la existencia de riesgos para ambos Poderes y para el propio Estado al aceptar la posibilidad de que haya un dialogo oral y público, pero insisto creo que sería una posibilidad con matices más democráticos.

De aceptarse el escenario propuesto, no sería extraño suponer que algunos congresistas estarían tentados a generar escarnio y ataques personales hacía el Poder Ejecutivo llevando al extremo su libertad de expresión bajo el principio de la inviolabilidad de las opiniones parlamentarias y de la conocida formula de que la discusión sobre los asuntos públicos debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos, contra el gobierno y los funcionarios públicos.

En tales lances, es posible que el Ejecutivo Federal se vea afectado pero también fortalecido, si las respuestas son oportunas, claras y sustentadas con resultados de gobierno que opaquen la diatriba y el ruido político; pero también es posible que ganen la retórica y la oratoria a favor de unos u otros, por lo que en tales enfrentamientos políticos sólo le quedaría al Pueblo juzgar quien tiene la razón y la verdad.

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