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Eficiencia y Seguridad en el Transporte de Carga

El pasado 17 de mayo se cumplió un año de que la SCT instaló un panel de académicos para la revisión de la NOM 012 referente a los pesos y dimensiones del autotransporte federal de carga. La instalación de dicho panel, con carácter independiente, obedeció no sólo a una evaluación establecida en la misma norma, también a una serie de accidentes carreteros en los que se involucró a camiones de doble remoque denominados “fulles”. A causa de tales desafortunados accidentes se manifestaron agrupaciones e incluso legisladores con el objeto de prohibir la circulación de tales unidades de transporte de carga o limitar substancialmente su peso o su circulación por la red carretera federal.

El regular una configuración vehicular de carga que limite su circulación, su peso o que incluso la prohíba tiene costos en la eficiencia logística de la movilización de carga en el país y, de tener beneficios en seguridad, estos tendrían que ser superiores a los costos en eficiencia para ser socialmente deseables. Es decir, todo cambio regulatorio debe de ser justificado con un estricto apego a un análisis costo beneficio social. Hasta ahora los legisladores que han promovido iniciativas para su prohibición, limitar su circulación o disminuir su peso por medio de modificaciones a la Ley aplicable, parten de una premisa falsa, que para obtener mayor seguridad se debe de sacrificar productividad, cuando se puede elevar la seguridad, o minimizar el riesgo, sin sacrificar eficiencia o productividad gracias al cambio tecnológico y a los incentivos que genera una aplicación efectiva de una NOM, tal que permita el incorporar instrumentos de medición en tiempo real del desempeño del conductor y la unidad, y se sancione a los infractores de los límites cuantitativos y evasiones que se establezcan en todos los aspectos que concurren en el transporte. Cabe señalar que la heterogeneidad en las especificaciones de nuestra red carretera federal no debe de traducirse en costos a las empresas, debe de ser prioridad en la orientación de gasto federal en infraestructura.

Toda regulación, como lo es la NOM 012, debe buscar el mayor bienestar social, y por lo tanto, debe procurar el maximizar el beneficio que se deriva de los menores costos de transporte de bienes debido a las ventajas en productividad por el uso de vehículos de mayor peso y dimensiones, pero sujeto a minimizar el costo externo que causan a la infraestructura carretera y su efecto sobre el nivel de riesgo esperado en la incidencia de accidentes en la red carretera, es este aspecto donde concurre la tecnología y la observancia generalizada y efectiva de las sanciones.

La población tiende a sobre estimar eventos de baja probabilidad de ocurrencia, dado que cuando ocurren implican un elevado costo, son muy difundidos por su magnitud y su costo en vidas, mientras se subestiman niveles elevados de riesgo en situaciones que son cotidianas y que en el agregado tienen un mayor costo social. Es por ello que la percepción del riesgo se ve determinada por la visibilidad de un evento y su cercanía en el tiempo. El no sujetarse a las probabilidades objetivas, sus determinantes científicamente identificados y por tanto el costo esperado de los eventos conduce a que la valuación económica del riesgo sea errónea y conduzca a regulaciones o cambios en Ley que no son en beneficio de economía en su conjunto o terminan favoreciendo a ciertos grupos de interés.

Por lo anterior, se tiende a ignorar el beneficio derivado de cada tonelada de bienes transportada en un vehículo que exhibe economías a escala, como son los “fulles”. La productividad de cada unidad de transporte se mide por su capacidad de transporte por unidad de costo de operación. Es económicamente inmediato, que a mayor capacidad de transporte por vehículo, existen economías de escala o costos medios decrecientes y cuya escala óptima está determinada por la tecnología incorporada en cada configuración vehicular. Es necesario reconocer que los vehículos de mayor capacidad y peso generan menores costos de operación, menores emisiones y menor desgaste de los pavimentos dadas determinadas especificaciones técnicas tanto del vehículo como de las carpetas de las carreteras.

Antes de una modificación a la NOM 012 es indispensable montar la infraestructura necesaria para que esta regulación y eventualmente cualquier modificación a ella pueda ser monitoreada en forma confiable, sin ello, la actual regulación, sus modificaciones o sustitución serán inefectivas en su objeto y sin posibilidad de ser evaluadas. El uso de tecnologías de la información para el monitoreo de la NOM 012 fue una recomendación fundamental del Panel, por lo que cualquier modificación regulatoria será de escasa o nula efectividad de no existir la infraestructura de monitoreo y sanción de la misma. Una modificación a la Ley a niveles de mayor restricción en peso o circulación, no es la opción correcta, dado que la legislación no debe imponer limitantes cuantitativas toda vez que la tecnología, la innovación y la inversión, tanto en vehículos como en las especificaciones de las vialidades pueden elevar su parámetros de seguridad, lo que hace de los cambios legales un lastre que impone costos a la actividad económica en detrimento del crecimiento, de la productividad de las empresas y en perjuicio de los consumidores.

Ramiro Tovar Landa

Ramiro Tovar Landa

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestria en Economía por Duke University, Terry Sanford Institute of Public Policy y Maestría en Políticas de Desarrollo Internacional (Center International Development Research). Profesor Numerario del Depto de Economía y Asesor de la Oficina de Rectoría (ITAM)

Especializado en temas de política de competencia y regulación económica. Consultor para diversas empresas y asociaciones empresariales. Asesor del Líder del Senado en la LXI Legislatura y ahora Diputado Coordinador en la LXII Legislatura Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Las opiniones expresadas en este artículo, son mi responsabilidad y no reflejan la posición de Centro Público al respecto.

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