El logo de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, aparece junto a un mural del presidente Hugo Chávez, en una estación de gasolina en Caracas, el 2 de marzo de 2017. Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Luego de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, solo ha habido anuncios de sanciones individuales contra el presidente Maduro y algunos miembros de dicha asamblea, pero la Casa Blanca ha reafirmado que mantiene sobre la mesa las diversas opciones de sanciones económicas, incluyendo las dirigidas a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Para captar la magnitud del efecto que pueden tener las sanciones en las finanzas de PDVSA, es importante entender que buena parte del flujo de caja de la empresa viene de los barriles que venden en el mercado estadounidense. La petrolera, a su vez, genera 95 por ciento de las divisas que ingresan al país.

El menú de sanciones económicas que el presidente Trump podría aplicar, sin aprobación legislativa, ordenándolas de menor a mayor según su efecto económico, incluye:

  1. Limitar el nuevo financiamiento a PDVSA por parte de firmas estadounidenses. Esta medida haría más difícil a PDVSA reestructurar su deuda, obligándola a recurrir a instituciones financieras de otros países que estén dispuestas a trabajar en esas circunstancias; incrementaría los costos de las operaciones financieras, y aumentaría los riesgos de que la deuda externa venezolana quedara en suspensión de pagos.
  2. Prohibir las exportaciones de petróleo de Estados Unidos a Venezuela. Esto afectaría a alrededor de 110 mil barriles diarios de exportaciones de productos refinados y crudo liviano. PDVSA tendría entonces que incrementar sus importaciones desde Europa o África a un mayor costo. El aumento del costo de los diluyentes importados haría más difícil la rexportación de más de 200 mil barriles diarios de crudo extrapesado diluido, lo cual reduciría los márgenes de ganancia y posiblemente también los volúmenes exportados.
  3. Prohibir las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos. Ante la imposibilidad de exportar unos 750 mil barriles diarios, principalmente de crudo pesado, PDVSA tendría que buscar mercados en Asia, con mayor costo de transporte y un importante descuento. Los márgenes de ganancia y los volúmenes exportados caerían sustancialmente.
  4. Finalmente, el gobierno de Trump podría designar a PDVSA como sujeto de las sanciones, con lo que le prohibiría el uso del sistema financiero de Estados Unidos, de hacer contratos con empresas estadounidenses y obstaculizaría todas sus transacciones en dólares. Esta medida sería la más dura y equivaldría a la suma de todas las anteriores.

PDVSA produce alrededor de 2,1 millones de barriles diarios, de los cuales aproximadamente 500 mil se venden con pérdidas en el mercado interno; unos 600 mil están comprometidos para pagar deudas con China, Rusia y otros acreedores, y unos 100 mil se siguen entregando subsidiados a Cuba y otros países de la región. Si a ese monto le restamos los casi 200 mil en importaciones, el flujo de caja neto de PDVSA proviene de unos 700 mil barriles diarios.

Aunque PDVSA puede buscar otros mercados, las sanciones más severas producirían una caída importante de los ingresos externos y de PDVSA, así como una importante reducción de las importaciones y del consumo, lo que obligaría al impago de la deuda y profundizaría la que ya es una de las depresiones económicas más graves de la historia de América Latina, con la consecuente crisis humanitaria. El efecto general sobre la economía venezolana sería devastador. Una aplicación sostenida de sanciones económicas también haría aún más difícil la recuperación de la industria petrolera venezolana. Aunque es factible que de seguir en el poder el gobierno de Maduro ocurra algo similar en cámara lenta: las sanciones acelerarían la debacle.

Geopolíticamente, probablemente incrementarían la ya creciente participación de la empresa petrolera estatal rusa Rosneft en el sector petrolero venezolano. No solo como socios, sino como suplidores de diluyente y compradores de las exportaciones de crudo. Esta tendencia sería aún más acentuada en caso de que PDVSA entre en suspensión de pagos.

Rusia podría ayudar a limitar significativamente el impacto de las sanciones; al menos por un tiempo, dado que los costos de hacerlo de manera prolongada serían elevados. Putin se ha alineado con el presidente Maduro en una clara apuesta geopolítica. Mientras, ante la cuestionada legitimidad del gobierno venezolano, las empresas internacionales han estado dudando si firmar contratos petroleros sin la aprobación de la Asamblea Nacional —de mayoría opositora—. Rosneft ha seguido haciéndolo e incluso parece decidida a aprovechar las oportunidades que dejen otros para incrementar su exposición en Venezuela en condiciones muy favorables.

A diferencia de Rusia, el gobierno de China —el otro actor geopolítico de gran peso— ha sido mucho más cauteloso al evitar involucrarse abiertamente en el conflicto político interno o aumentar su exposición. De cualquier forma, si las sanciones se imponen, Venezuela se volvería más dependiente de China donde tendrá que colocar una mayor porción de su producción.

¿Podrá el gobierno venezolano evadir su responsabilidad sobre la imposición de sanciones trasladando la responsabilidad de la crisis económica al gobierno estadounidense como argumenta Moisés Naím? ¿Podrían las sanciones dividir a los moderados de los radicales del gobierno, o más bien los unirán frente a un enemigo común? Todo dependerá del tipo, orden, oportunidad y coordinación de las sanciones que entren en efecto.

Si Estados Unidos actúa multilateralmente con el apoyo de Europa y Latinoamérica; aplica las sanciones selectiva y gradualmente para afectar más al gobierno y menos a los venezolanos, y establece condiciones claras para la ejecución y levantamiento de las mismas atándolas al restablecimiento del Estado de derecho y la democracia, las sanciones podrían motivar a actores moderados dentro de la coalición gobernante a impulsar una resolución de la crisis política, aunque no hay garantías de ello.

Pero si se aplican de manera arbitraria, unilateral y extensa, podrían devastar a la población, obstaculizar la transición democrática y aumentar la influencia geopolítica de Rusia y China en América Latina.

Por el bien de la población venezolana, la mejor opción es una solución negociada que evite las sanciones. Pero si se aplicaran, deberían ser solo el último recurso para impulsar las negociaciones y estar acompañadas de ayuda para aliviar la crisis humanitaria ya existente.


Fuente: NYTimes / Francisco Monaldi

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *