En días pasados hemos visto no sin asombro videos de políticos haciendo de las suyas en fiestas y derroches, presumiblemente a cargo del erario público.

Luís Alberto Villarreal que hasta esta semana era el coordinador de la bancada panista en San Lázaro, dimitió a ese cargo por protagonizar uno de esos videos con correligionarios en puerto Vallarta, durante plena convención azul. En el video se puede ver a panistas disfrutando de una fiesta que para los estándares moralistas de acción nacional, raya en el escándalo.

Por otro lado y como lo comentamos la semana pasada, la reforma energética se promulgó esta semana. En la misma, y para permitirle a PEMEX entrar a la competición del mercado energético sin lastres que impidan competir en igualdad de circunstancias, el legislativo opto por asumir el pasivo laboral de la extinta paraestatal y convertirlo en deuda pública, con esto se pretende que la empresa productiva del estado entre al juego con unas finanzas más sanas.

Aunque los hechos anteriores parecieran no tener relación, en ambos casos encontramos un denominador común; el olvido de la justicia y el estado de derecho.

Los videoescándalos de esta semana ponen en evidencia distintas violaciones a la ley, que se minimizan en los medios. Por supuesto que es importante para el ciudadano que salgan a la luz pública este tipo de abusos y muestren la cara los políticos y funcionarios públicos que toman las decisiones del rumbo de nuestro país, sin embargo, las preguntas que el ciudadano debería hacerse es ¿Quién y con qué fines grabó y filtro los videos?

Porque si esto lo hacen con actores políticos del tamaño del coordinador de la bancada de la segunda fuerza política del país, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?, es evidente que estamos a merced de una camarilla de ampones que no dudarán en invadir tu privacidad para los fines que mejor les convengan.

El hecho de asumir el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos lo único que reafirma es el carácter público de la empresa, aún sin el reconocimiento en la ley, el pasivo laboral de PEMEX era, es y será de carácter público, el reconocimiento viene para cambiarlo de cajón y sanear las finanzas de la nueva empresa, pero hay interrogantes que nuestras autoridades deberán responder: ¿Los abusos de los líderes sindicales serán castigados?, ¿los funcionarios públicos que dilapidaron miles de millones en recursos públicos de la paraestatal se llamarán a cuentas? ¿Se castigarán de igual forma a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de administraciones estatales, que malgastaron miles de millones de excedentes petroleros en inversión sin réditos?

Para poder aspirar a tener un estado de derecho pleno que hoy define a las sociedades más avanzadas, es necesario que se castigue a los políticos y funcionarios públicos que abusen del presupuesto público para fines personales, a persona u organización pública o privada que invada la privacidad de los individuos, que grave y difunda audios o videos sin el conocimiento de los involucrados, que se castigue a los líderes sindicales que abusen de su puesto para vivir una vida de excesos, funcionarios públicos que aprovechándose del mismo dilapidaron miles de millones en la ampliación de la burocracia federal o estatal, sin réditos económicos o sociales reales.

Si queremos un México más próspero y justo, el mejor comienzo es llevando a cuentas a todos aquellos que abusaron de sus puestos, si queremos que las reformas hechas surtan los efectos deseados, es necesario la aceptación de que la situación actual tiene su origen en los abusos y violaciones a la ley.

Es momento que sociedad y gobierno den un golpe de fuerza y manden un mensaje claro de que los cambios esperados son de fondo, sobre todo ahora que se diversificaran los actores y se establecerán nuevas reglas del juego, el estado mexicano en pleno tiene que reconocer que una sociedad de leyes es una sociedad que nos conviene a todos, hoy como hace cien años requerimos de que se establezca la vida institucional en el país.

Hasta la próxima.

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