A treinta días de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, tenemos varias definiciones; el crimen fue perpetrado por instrucciones del presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luís Abarca, se han encontrado cuatro fosas con restos humanos sin que se tenga indicio de quienes son los cuerpos, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pidió licencia a su cargo por las fuertes protestas, se ha gestado un movimiento social con vicios de consolidarse y por último queda claro que nuestro Gobierno no ha acusado de recibo las demandas de la sociedad.

La instrucción de desaparecer a jóvenes normalistas por parte del Presidente Municipal de Iguala debe de tener un castigo ejemplar, sin embargo, lo preocupante es la acción per se, es decir ¿que le hace pensar a una persona, cualquiera que esta sea, que puede desaparecer así por así a 43 estudiantes?, ¿qué grado de putrefacción demuestra el sistema de impartición de justicia para que la impunidad le permita a una persona jugar a ser DIOS y pensar que nada pasará?, si lo hizo ahora lo hizo antes, si lo hace un presidente municipal, lo pueden hacer dos mil quinientos, el Estado de Derecho hace muchos años que no es tema a nivel municipal.

Es indignante que al buscar a 43 estudiantes se tropiecen con cuatro fosas que albergan a muchos otros desaparecidos, demuestra el grado de podredumbre y cinismo que como sociedad hemos alcanzado, nos hemos deshumanizado y nuestras autoridades han claudicado a ejercer el monopolio legítimo de la violencia. Habrá que exigir con igual fuerza se identifique a los cadáveres y se lleven a los responsables a que respondan ante la justicia.

El Gobernador Ángel Aguirre pidió licencia para ausentarse del cargo, ante la fuerte presión social, la lógica se impuso y lo nefasto que resulto para los guerrerenses su mandato, este, se dio por terminado; si bien esto no implica su participación por omisión o responsabilidad en los hechos, si es un claro mensaje de que las autoridades ven en la presión social un fuerte factor de riesgo para la gobernabilidad del país, lo grave es la raja política que el PRD, y en particular nueva izquierda, intentaron sacar del caso, aguantaron a Aguirre hasta no tener la certeza del control político del Estado, como si ahora Guerrero lo controlarán huestes al servicio de una camarilla política.

El movimiento social en torno de Ayotzinapa, ha tomado niveles importantes, las protestas cada vez encuentran simpatías de distintos sectores de la sociedad, se tejen redes solidas entre distintos grupos y adquieren relevancia importante en la agenda internacional, sin embargo, hay un par de amenazas latentes a considerar; la inminente infiltración de los partidos políticos en la agenda del movimiento para consolidar sus intereses y el que se convierta en movimiento de coyuntura al centrar sus esfuerzos en el caso de Ayotzinapa.

Por último, el Gobierno ha resultado incapaz de reconocer en las últimas protestas sociales una demanda por democratizar las decisiones, para establecer el Estado de Derecho como principal eje rector en la vida democrática de las sociedades modernas y la inminente responsabilidad que ostentan frente a la grave crisis de seguridad que enfrenta el país, mientras no se reconozca que se es parte del problema nunca formaremos parte de la solución, es momento que la sociedad civil organizada tome el papel preponderante en el rumbo que el país tomará frente a todos estos hechos, pero para esto, requiere del acompañamiento de un Gobierno fuerte y sensible a esta transición.

Hasta la próxima.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *