En el mes de agosto se presentaron 5 accidentes medio ambientales de consideración: el 6 de agosto 40 mil m3 de sulfato de cobre contaminaron más de 280 km de lechos de ríos y arroyos en Sonora, el 10 de agosto 2mil m3 de solución cianurada se esparcieron por el arroyo La Cruz en Durango, el 22 de agosto en Huamanguillo Tabasco hubo un derrame de aproximadamente 10 mil lt de gasolina en una toma clandestina, el 24 de agosto 4000 barriles de crudo se esparcieron por el río San Juan Nuevo León, el 27 de agosto un derrame de gasolina se extiende por más de 5 kilómetros del arroyo Hondo en Tierra Blanca Veracruz.

Lo anterior ejemplifica lo laxo de las medidas de regulación que se tienen en la industria extractiva (energética y minera). El tema coloca al gobierno en una seria problemática derivado de la implementación de la reforma energética, el auge por extracción vendrá sin un aparejamiento de las medidas de prevención requeridas en una industria que de por sí, es agresiva con el medio ambiente, mostrando a un gobierno más comprometido con la rentabilidad del sector y no por salvaguardar los recursos naturales de todos los mexicanos.

Tal vez el caso más sonado y de mayores consecuencias es el causado por grupo México de Germán Larrea, empresa que en los últimos años se ha visto involucrada en casos de negligencia con graves consecuencias no solo ambientales si no humanas, basta con recordar la tragedia de Pasta de Conchos en febrero de 2006, en donde perdieron la vida 65 mineros quienes habían denunciado días antes de la tragedia las pésimas condiciones en la que desarrollaban su trabajo, sin encontrar respuesta del gobierno ante su reclamo, lo sucedido después es historio conocida; sin culpables reales, sanciones menores para la empresa, impunidad y corrupción.

El panorama se complica con la entrada en vigor de la reforma energética, el auge que vivirá la industria extractiva involucra a muchos más actores e intereses, haciendo nada halagüeño el panorama para el medio ambiente de nuestro país.

La recién aprobada reforma coloca a esta industria en una posición estratégica, dándole carácter de interés nacional a la explotación de recursos energéticos y minerales, por encima del cuidado del medio ambiente.

Las modificaciones constitucionales y su respectiva reglamentación no contemplan contra pesos jurídicos reales para salvaguardar los recursos naturales de nuestro país, como lo pudimos observar en los desastres ocasionados por Grupo México en Coahuila y Sonora, el daño al medio ambiente no se considera delito grave por las autoridades mexicanas. Por tanto, en ambos casos bastó con una multa que en el caso de la contaminación a los ríos y arroyos de Sonora, puede llegar según las autoridades federales a los 100 millones de pesos (cifra considerablemente menor a lo que la empresa reporta como ganancia en un trimestre).

¿Cómo cuantificar las pérdidas humanas?, ¿Cómo cuantificar el desastre natural que representará para el medio ambiente la contaminación de ríos y arroyos?, resulta inimaginable pensar que pérdidas de vidas humanas o décadas de contaminación se arregle con multas económicas, la legislación en la materia deberá reconocer medidas simétricas para respetar la vida y los recursos naturales, dotando al cuidado de estos en el sector como delitos graves con penas que vayan desde lo económico en casos menores, y la pérdida de la concesión o licencia para las empresas y castigos punitivos para los responsables en casos mayores como los ya mencionados de Coahuila y Sonora.

Si la legislación contempla como interés nacional la explotación de recursos energéticos o mineros, deberá en concordancia considerar delitos graves la violación a los derechos fundamentales de los trabajadores del sector y los desastres naturales ocasionados por la falta de cuidado las empresas, sin olvidar fortalecer de manera importante el sector regulador en ambos casos.

Hasta la próxima.

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