Usar como objeto sexual a un menor, ya sea mediante la violencia, el engaño, la astucia o la seducción, supone, ante todo y por encima de cualquier otra opinión, un delito. Y si bien es cierto que, además, el hecho puede verse como un “pecado” -según el término católico-, jamás puede ser lícito, ni honesto, ni admisible abordarlo sólo como un “pecado” al tiempo que se ignora conscientemente su naturaleza básica de delito, tal como hace la Iglesia católica, tanto desde el ordenamiento jurídico interno que le es propio, como desde la praxis cotidiana de sus prelados.

Para nadie es secreto el escándalo en el que se encuentra involucrada la curia católica a raíz de casos de sacerdotes pederastas y pedófilos. Los primeros casos salieron a la luz pública hace no menos de 10 años. El que periodistas difundieran casos o exhibieran a dichos sacerdotes, traía como consecuencia la censura y una infinidad de ataques provenientes de la horda católica y algunos grupos empresariales.

Las consecuencias variaban, desde la censura tópica, hasta demandas por calumnias y difamación; algunos casos más severos, su remoción de espacios mediáticos y agresiones físicas.

Y en este devenir histórico, sabemos los beneficios de la revolución y democratización mediática. Cada vez fue más difícil para la iglesia católica, mantener en el anonimato las demandas contra sacerdotes y a las víctimas clamando justicia.

Diversos mecanismos de protección infantil, se comenzaron a echar a andar. Casi siempre contra la explotación sexual explícita, el turismo sexual infantil y el abuso sexual.

Sin embargo, los casos en los que se encontraba inmiscuido un sacerdote o párroco, nunca prosperaban. Las denuncias se quedaban archivadas, las víctimas eran “victimizadas” por la sociedad creyente y existía un halo de impunidad alrededor de la iglesia y sus pastores.

Conforme pasaron los años y se fue documentando el creciente abuso sexual infantil, diversas medidas de protección se endurecieron y poco a poco, salieron a la luz pública casos inverosímiles de estos atropellos. En febrero de este año, El Vaticano reconoció 4 mil casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos que han llegado a la congregación en los últimos 10 años.

En el mundo, hay un gran número de casos significativos y plenamente documentados con nombres y apellidos, en España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, México, Centroamérica, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Chile y Australia. Encubrir esos delitos es una práctica cotidiana en las diócesis católicas. De pronto El Vaticano, no tuvo más remedio que comenzar a pagar millonarias indemnizaciones, llegar a acuerdos extrajudiciales con las víctimas y en algunos casos, entregar a los sacerdotes a la justicia.

Sin embargo en México, no es el caso. Nuestro país se coloca entre los 7 países con mayor índice de demandas por violación contra padres católicos y es el país en el que el clero católico, goza por excelencia de impunidad.

Desde los casos del Padre Marcial Maciel, pasando por los hechos documentados en Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Nuevo León, hasta el más reciente en San Luis Potosí; los creyentes o fieles católicos han gozado de un trato de segunda por parte de las autoridades eclesiásticas. ¿A qué me refiero? En Europa como en Estados Unidos, al clero se le ha multado y obligado a resarcir el daño a las víctimas, desde cuantiosas indemnizaciones, o el pago de terapias a las víctimas y familiares, o encarcelamiento de los culpables; incluso en Alemania y Holanda, se obligó a las autoridades católicas, a ofrecer una disculpa pública y un reconocimiento de los hechos.

¿Y en México? En México, se protege y encubre. El modus operandi en nuestro país, es que una vez que un sacerdote es acusado por estos delitos, la misma iglesia lo traslada de parroquia, lo esconde de la acción de la justicia y a la par, echa a andar una maquinaria parecida a la de la mafia, asociaciones de abogados católicos, comienzan un “cabildeo” para frenar los asuntos en tribunales y silenciarlos en medios de comunicación, se menosprecia y denosta a las víctimas y se cabildean favores políticos para que no trascienda el tema –sabemos que en el caso de San Luis Potosí, este cabildeo fue tan exitoso que incluso, la esposa del Gobernador, era quien defendía al Padre Eduardo Córdova-.

Entonces en México, los sacerdotes católicos parecen tener la exclusividad, el monopolio y el imperio de estos crímenes y además, de su impunidad. Para la situación del país, esto no es nada raro. Nos hemos acostumbrado a vivir de escándalo en escándalo y a nunca, exigir justicia.

Es además vergonzoso, que el Código de Derecho Canónico vigente, así como todas las instrucciones del Papa y de la curia del Vaticano, obligan a encubrir esos delitos y a proteger al clero delincuente. En consecuencia, los cardenales, obispos y el propio gobierno vaticano practican con plena conciencia el más vergonzoso de los delitos: el encubrimiento.

Lo curioso, es nuestra respuesta al ser denostados por quien se supone, es el líder espiritual de la mayor parte de mexicanos, la iglesia católica.

Ya que México, es el único país donde esta organización no ha resarcido ningún daño y mucho menos, ha encarcelado a algún sacerdote –el último caso: en República Dominicana, el Embajador de El Vaticano, fue acusado y condenado por pederastia clerical-.

Sin lugar a dudas, la fe que profesan miles de católicos, guadalupanos, romanos, apostólicos y lo que venga, no es un tema para la “Santa Sede”; misma que se ha limitado a ofrecer disculpas, por cierto, nunca a los cientos –o miles- de niños o jóvenes mexicanos.

Y a pesar de esto, aún hay familias que defienden a estos curas…

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