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¿Cárcel en automático?

Una de las prioridades del gobierno de Morena para el periodo legislativo que recién comienza, es modificar la Constitución, en su artículo 19, para aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como parte de su estrategia contra la inseguridad y la corrupción. ¿Será una medida eficiente y adecuada?

El común de los ciudadanos no sabe lo que es la prisión preventiva oficiosa; explico:

No todos los delitos producen el mismo daño, puede haber desde un robo del famélico, aquel que se comete por necesidad y por primera vez hasta el nefasto genocidio que es el extermino de un grupo social por su raza, credo u origen étnico; la respuesta del Estado no puede ser la misma, sino que debe ser proporcional según sea la conducta a investigar y sancionar.

Incluso dentro de los mismos delitos hay matices y grados como sería un homicidio imprudencial hasta un homicidio con alevosía y ventaja.

Cuando una persona comete un delito es inocente hasta que se pruebe en juicio su culpabilidad (presunción de inocencia), por regla general no puede ser privado de la libertad hasta que haya una sentencia definitiva que lo condene a prisión, salvo que

El delito sea de tal gravedad, por el riesgo que representa para la víctima y la sociedad o ante la posibilidad de que el presunto infractor se escape, que se adopta la decisión legal de que en forma oficiosa -en automático- la persona afronte su proceso privado de la libertad, esto es la prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior deviene en múltiples aristas. Para efectos prácticos, implica “cárcel en automático”, ello desde la concepción de los derechos humanos, y considerando un sistema penal donde priva la corrupción puede dar lugar a más injusticias, pero también puede verse como una medida de combate eficaz en contra de ciertos delitos. También la propuesta “vende” políticamente, es decir resulta atractiva para los electores que estamos cansados de la impunidad de la delincuencia.

En todo caso la pregunta central sería ¿En qué casos se debe ordenar la prisión preventiva oficiosa?. Eso es precisamente, lo que se deben cuestionar los legisladores.

Antes de responder, en el mundo ideal debería haber investigaciones penales científicas, metódicas, que recaben pruebas, además de oportunas y rápidas para dar paso a iniciar juicios igualmente rápidos, donde -sin que pasen años- la persona sea juzgada y tenga la certeza sobre si compurgará una pena de prisión. En México sucede lo contrario, las investigaciones son deficientes, lentas y los juicios son largos, a tal grado que pueden pasar una década y las personas se encuentran recluidas o en libertad, sin que haya una sentencia.

Por otra parte, hay que reconocer que, dado que la prisión preventiva oficiosa afecta la libertad de las personas, su procedencia debe ser cuidadosa, bien pensada por lo que el catalogo legal debe estar claramente definido ni ser tan abierto, y en todo caso necesitamos jueces honestos y prudentes que tengan la atribución de justificar y razonar la imposición de la medida si se actualizan los supuestos de afectación a las víctimas o la posibilidad de que el infractor se evada, así como fiscales que soliciten la medida a los jueces cuando sea procedente, y no como como una mercancía que se vende a los abogados o como consigna política.

La propuesta de Morena va en el sentido de que se adicionen al artículo 19 constitucional, los delitos de en materia de robo de hidrocarburos, delitos electorales por uso indebido de programas sociales y los delitos de los servidores públicos por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones tengan prisión preventiva oficiosa. Actualmente, la Constitución refiere que los ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En contraste, los partidos de oposición desean que se incluya delitos como abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Usted, ¿qué opina?. La siguiente semana escribiré mi opinión personal sobre el tema.

Marcos Manrique

Marcos Manrique

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el grado de maestría aprobado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad, además tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la misma Facultad, cursó el Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y acreditó el Curso Básico de Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, como mejor promedio de la generación 2011, actualmente en cursa el Diplomado en Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

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