Efectivos policiales resguardan la sede en Buenos Aires de la constructora brasileña Odebrecht, luego del allanamiento de esta por la investigación del pago de sobornos a funcionarios argentinos durante el kirchnerismo. Victor R. Caivano/Associated Press

En los años 80, un comercial televisivo de vodka ayudó a determinar la manera en la que Brasil y Argentina interpretaban los reflejos de los hechos políticos y económicos de uno sobre el otro. El spot mostraba a un tipo elegante y sobrio que se sentaba a la mesa de un sosias e intentaba convencerlo de probar una bebida llamada Orloff. La promesa era que ese vodka no le daría resaca al día siguiente. El desconfiado doppelgänger preguntaba: “Pero, ¿quién sos vos?”. El forastero contestaba: “Eu sou você, amanhã” (“Yo soy vos, mañana”).

Desde entonces, “efecto Orloff” es el modo como en Brasil y Argentina se habla del presagio de que lo que pasó a uno le pasará al otro muy pronto, por la manera que están conectados ambos países.

Las semejanzas se explican solas. Sucedió con la hiperinflación de los años 80, con la implementación de los modelos neoliberales y las privatizaciones de los 90 y con la “ola roja” de gobiernos de izquierda a principios de este siglo. Pasó, también, con relación a hechos menores, como caídas de ministros y hasta de técnicos de fútbol. Si ocurrían en un país, al otro lado de la frontera surgía la pregunta: “¿Habrá esta vez efecto Orloff?”.

El eco más reciente del “fenómeno” se dio con la elección de Mauricio Macri en el 2015 en Argentina, que fue seguida muy pronto por la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, alineado ideológicamente al nuevo líder argentino.

Por estos días, el “efecto Orloff” está de nuevo en el aire y en las conversaciones en Argentina, a raíz del inminente inicio de las investigaciones acerca de las coimas pagadas por la constructora Odebrecht en este país. El plazo acordado entre la empresa y la fiscalía brasileña para que las informaciones sobre sus delitos en el exterior dejen de ser secreto ha expirado y ahora los efectos del escándalo que hizo temblar a Brasilia encienden los ánimos en Buenos Aires.

El “efecto Orloff” ya se nota en lo parecido que son las reacciones políticas y los argumentos en el debate.

Como lo hizo Rousseff cuando empezó Lava Jato en el 2014, la posición oficial adoptada por el gobierno es que defiende que la justicia sea independiente y que se investiguen a todos los involucrados. Pero puertas adentro, el Poder Ejecutivo argentino empieza a pulsear con la fiscalía, como pasó y viene pasando en Brasil.

Macri, por medio de voceros como su ministro de Justicia, Germán Garavano, está enfrentando a la fiscalía local. El Ejecutivo intenta incentivar un acuerdo con Odebrecht, para que la misma siga actuando en el país a cambio de alguna multa o con el ofrecimiento de información. Acá, como en Brasil, eso genera rechazo en parte de la sociedad: “¿cómo vamos a seguir pagando con nuestros impuestos a empresas corruptas?”.

Pero, según la ley argentina, no se le puede ofrecer a Odebrecht un acuerdo como el que desea, con garantías de inmunidad a los empresarios brasileños. La legislación local no admite la “delación premiada”, como en Brasil se llama a los acuerdos de reducción de sentencia a cambio de información valiosa y comprobada. Pero por iniciativa del Ejecutivo, se empezó a votar una nueva ley que ofrece la figura del “colaborador eficaz”, o sea, la del empresario acusado que puede ver disminuida su sentencia si brinda información. El kirchnerismo trata de frenarla.

El presidente argentino Mauricio Macri durante la juramentación del nuevo ministro de relaciones exteriores, Jorge Faurie, en la Casa Rosada, el 12 de junio. Eitan Abramovich/AFP/Getty Images

El presidente argentino Mauricio Macri durante la juramentación del nuevo ministro de relaciones exteriores, Jorge Faurie, en la Casa Rosada, el 12 de junio. Eitan Abramovich/AFP/Getty Images

El Ejecutivo cree que hay una actitud pasiva de la fiscalía argentina por la cercanía de la fiscala general, Alejandra Gils Carbó, al gobierno anterior. Macri afirma que los nombres de funcionarios de la gestión kirchnerista (2003-2015) involucrados están siendo protegidos, mientras se divulgan aquellos mencionados en las delaciones en Brasil que están relacionados con el macrismo, como el del jefe de inteligencia Gustavo Arribas y Angelo Calcaterra, primo de Macri y anterior presidente de la empresa Iecsa cuando esta se asoció a Odebrecht para la excavación de una línea de trenes en Buenos Aires.

Los kirchneristas recién salidos del poder actúan igual a los petistas desde el juicio político a Rousseff. Argumentan que el poder establecido político-empresarial que gobierna ambos países promueve una “divulgación selectiva” de los probables culpables. Si los petistas protestan porque se persigue más a Lula que a políticos de otros partidos, para los kirchneristas el oficialismo estaría haciendo todo lo posible para que se exponga a algún alto funcionario kirchnerista, en especial al exministro de Planificación Julio De Vido o a la propia Cristina Fernández de Kirchner.

El costado positivo de un “efecto Orloff” respecto a las operaciones de Odebrecht en Argentina es el apasionamiento de la sociedad con la idea de que no se debe tolerar más la corrupción.

En ambos países se solía considerar que la corrupción era algo que había que aguantar, una característica consustancial a los políticos, al punto que frases como “este tipo roba, pero hace las cosas” se habían transformado en un lugar común.

En Brasil ya no es así, y eso se siente en el discurso mejor informado entre las capas más populares, antes ajenas a la política, y en un virulento debate en las redes sociales.

En una Argentina que renovará gran parte de su congreso en octubre, el tema parece agigantarse como sucedió en Brasil hace un par de años.

Es poco probable que en Argentina pase algo tan traumático como el impeachmentpresidencial. Pero se puede esperar que los electores cuestionen con mayor énfasis la histórica promiscuidad entre el Ejecutivo y la justicia –algo que en Brasil ya pasó– y que exijan que su clase política sea más transparente. Dos áreas donde la transparencia es urgente son la financiación electoral y los contractos de obras públicas con empresas privadas.

El “efecto Orloff” también alerta sobre un posible rechazo de la población a la clase política tradicional, como ha sucedido en Brasil, donde el repudio hacia el poder establecido ha abierto el espacio para aventureros con chances de llegar a la presidencia, como el extremista de derecha Jair Bolsonaro.

Tanto en Brasil como en Argentina, lo que plantea el caso Odebrecht es una reinvencion de la política en tiempos de mayor conectividad y más participación popular.

Aún está por verse quién dará el mejor ejemplo al otro. Si la respuesta en Brasil va por el camino de una reforma política, en la cual se reglamente la financiación electoral, y eso se repite en Argentina, será una buena señal. Pero si vamos por la vía del rechazo a la democracia, lo único seguro es que al día siguiente ambos tendrán una resaca terrible, sea cual sea la marca del vodka.


Fuente: NYTimes / Sylvia Colombo

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