La competencia y pluralidad en el sector de la televisión abierta es un claro propósito de la reforma constitucional de telecomunicaciones del 11 de junio de 2013, al prever la existencia de dos nuevas cadenas de televisión comerciales y una cadena pública nacional con fines de promoción cultural, cívica, educativa y apoyo a los productores nacionales independientes.

Es de resaltar que lo anterior, enmudece los señalamientos de aquellos que refieren que en el sector de radiodifusión no se está promoviendo la competencia, cuando habrá 3 nuevos competidores nacionales (2 privados y uno estatal) además del otro operador existente(TV Azteca) y la insuperable oferta del Canal Once y Canal 22 en la región centro del país, y considerando además, que el agente económico preponderante en el sector de radiodifusión (Televisa) tiene obligaciones específicas de competencia, como permitir que se retransmitan sus señales en sistemas de televisión de paga, se le obliga a compartir su infraestructura y tiene restricciones para la adquisición y venta de contenidos en exclusiva, entre otras obligaciones.

Para lograr las dos nuevas cadenas comerciales de televisión, la Constitución previó que hubiera una licitación pública, es decir, un concurso que asegure y armonice las mejores condiciones para el Estado y para las audiencias, misma que está a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y en lo que atañe a la cadena pública de televisión, se prevé la creación de un organismo público descentralizado que preste el servicio de radiodifusión, cuya definición legal está contenida en el paquete de reformas de legislación secundaria que envió el Ejecutivo Federal el pasado 24 de marzo, pendiente de aprobación en el Senado de la República.

Las dos nuevas cadenas comerciales de televisión

En lo que corresponde a las nuevas cadenas comerciales de televisión, como previamente habíamos dicho, su otorgamiento se dará en el marco de un proceso de competencia bajo una licitación pública, que debe asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad de acuerdo al Artículo 134 constitucional, sin perjuicio de que el criterio para definir ganador no será meramente económico de acuerdo al Artículo 28 constitucional.

De tal manera, que cobra especial relevancia el diseño regulatorio de un procedimiento eficiente de asignación del espectro que genere un mercado competitivo en televisión abierta y que además asegure cobertura y pluralidad de contenidos, un juego de equilibrios que le corresponde llevar al IFT.

El IFT dentro del plazo previsto en la fracción II del artículo octavo transitorio de la reforma constitucional de telecomunicaciones, publicó el 7 de marzo de 2014, la convocatoria de la licitación pública para otorgar concesiones a fin de formar dos nuevas cadenas nacionales de televisión y dentro de las bases de licitación se prevé que a más tardar el 15 de abril de 2014, el IFT publicará en su página web el valor mínimo de referencia para una o para las dos nuevas cadenas de televisión.

Tan sólo, a la víspera del anuncio sobre el valor mínimo de referencia de las nuevas cadenas de televisión, el Comisionado del IFT, Luis Fernando Borjón refería en medios periodísticos que la inversión estimada para el despliegue de una cadena de televisión abierta comercial con alcance nacional sería de 350 millones de dólares, y resaltó que el principal costo operativo es la producción de contenidos, que puede representar inversiones por 20 millones de dólares mensuales.

Finalmente, con un retraso de unos minutos, el IFT determinó que dicho valor mínimo de referencia será de 830 millones de pesos, que es el precio base o inicial que podrán ofrecer los participantes en la licitación junto con su propuesta de cobertura, en otras palabras cuánto pueden ofrecer como mínimo por el espectro radioeléctrico, por lo que muy seguramente habrá comentarios recurrentes que se podrán escuchar esta semana santa y con mayor fuerza en la semana de pascua, que versaran sobre la determinación de dicho precio y otros más, se enfocaran a la descalificación en razón del retraso de unos minutos del IFT al dictar el referido valor.

Las “voces críticas” seguramente empezaran desde la “indebida” participación de la autoridad fiscal dependiente del Ejecutivo Federal en la fijación de dicho valor mínimo y la vulneración de la autonomía del IFT, no obstante que esté prevista en la Constitución la opinión no vinculante de la autoridad hacendaria sobre el pago de contraprestaciones por el otorgamiento del espectro radioeléctrico, obviando el debate de fondo que subyace en lograr equilibrios entre fines fiscales y fines de promoción de la inversión en las nuevas cadenas de televisión, y de buenas prácticas que se refieren en

Igualmente, circularan las descalificaciones sobre dicho precio mínimo de referencia, ya sea por considerarlo demasiado bajo o demasiado alto, bajo adjetivos de que es un precio recaudatorio que impone fuertes barreras de entrada o que se está regalando el espectro, pero habrá de tener cuidado ya que muy seguramente serán opiniones personales, carentes de ponderaciones sobre el valor de dichas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en otras licitaciones semejantes y que obvien considerar que el escenario es promover un mercado de televisión abierta con mayor oferta y pluralidad que presupone grandes inversiones para su consolidación, tal y como se plasmó por el IFT en el documento que se puede consultar en http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/04/IFT_EXT_150414_90_valor_minimo.pdf.

La nueva cadena de televisión pública

Su viabilidad próxima depende directamente de que este periodo legislativo se apruebe la nueva legislación secundaria de telecomunicaciones, que contiene la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, que sienta las bases legales para la nueva cadena pública estatal de radiodifusión como un organismo público descentralizado sin fines de lucro, que asegure contenidos plurales que fomenten la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente.

Sin embargo, algunos sectores se empecinan en que no haya avance alguno, y reprochan que el nombramiento del titular de dicho organismo lo haga el Ejecutivo Federal, igual replican que es incorrecto que esté sectorizado a la Secretaria de Gobernación dependiente del Ejecutivo Federal por lo que aducen que su línea editorial estará sesgada; habrá que explicarles que de acuerdo a nuestro marco jurídico vigente, un organismo público descentralizado (OPD), no es una isla o territorio autónomo, sino que forma parte de la Administración Pública Paraestatal dependiente del Ejecutivo Federal, e igual se debe precisar que la fracción V del Artículo Sexto Constitucional previene expresa y literalmente la creación de un OPD y que su titular sea designado por el Ejecutivo Federal con aprobación del Senado, por tanto no hay inconstitucionalidad alguna.

En seguimiento, la nueva cadena de televisión pública tiene mandatos muy claros de independencia editorial desde la Constitución, así como la existencia de un consejo ciudadano que garantice tal independencia, por tanto, los supuestos riesgos vuelven a develarse como cortinas de humo o simples conjeturas que desinforman y obstaculizan el nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones y radiodifusión.

¿A quién y por qué perjudica el retraso de la competencia en radiodifusión?

Sin lugar a dudas que a las audiencias, ya que siguen teniendo la misma oferta televisiva y no se logran los objetivos de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, de pluralidad con mayores opciones y calidad en contenidos de televisión abierta.

No resulte extraño que las mismas voces que se quejan de la propuesta de ley secundaria de telecomunicaciones del Ejecutivo Federal, y que le apuestan a que dicha legislación no sea aprobada en este periodo legislativo, sean los mismos que aspiran a retrasar el proceso de licitación de las nuevas cadenas de televisión o la creación de la cadena pública, bajo el presupuesto de que la dilación en el procedimiento les permita eventualmente participar, o bien, negociar su entrada al mercado de televisión abierta.

Interferencia perjudicial

Si logran hacer eco las opiniones que intentan descarrilar el proceso de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión y la aprobación del Sistema Público de Radiodifusión de México.

Interconexión

Si el valor mínimo de referencia en la licitación de las nuevas cadenas que lleva el IFT es acorde y logra generar sinergias que impulsen la aprobación de la nueva ley convergente.

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