“Seguimos con un modelo de policía que hemos heredado de la dictadura y los manuales con los que las fuerzas de seguridad están entrenadas, la forma de tratar con la gente y las manifestaciones en las calles, son los restos del régimen”.

Maria do Rosario Nunes, Ministra de Derechos Humanos bajo el mandato de la Presidenta Dilma Rouseff.

Las protestas que tuvieron lugar en Brasil en 2013 pueden ser vistas como parte de la ola de manifestaciones que durante los últimos años han tenido lugar en América Latina y el mundo. También se pueden ver como parte de la ya ahora “tradición” de protestas masivas en Brasil, las cuales se remontan a mediados de la década de 1980.

A pesar de que los levantamientos comenzaron como un reproche contra los aumentos de tarifas de transporte público, en un corto periodo se propagaron, asumiendo muchas otras preocupaciones populares.

Estas llamadas de atención, también hacen notar algunos de los conflictos que se plantean dentro de la cuestión de promover y proteger los derechos humanos durante los movimientos de protesta. Uno de los principales problemas es que no existe un derecho explícito para protestar dentro de los estándares internacionales de derechos humanos.

Brasil, como parte de los estados firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  tienen obligaciones legales claras para la promoción y protección de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación (por lo tanto al derecho a la protesta); además de dar validez a este derecho en el artículo 5º de su Consitución Federal, el cual garantiza todos los derechos a la libertad de expresión y asociación.

A pesar de esto, en este país hay una preocupante brecha legal con respecto a la protección del derecho en cuestión, por ejemplo: no existe una legislación específica sobre el uso de la fuerza por la policía durante las protestas y otras reuniones, lo que da al Estado amplios poderes cuando se trata de los manifestantes.

Esta falta de legislación específica ha llevado a crear un ambiente de inseguridad jurídica para las protestas lo cual, una vez que estas se intensificaron a partir de 2013, dio lugar a la criminalización de las mismas.

Ejemplo de esto son las graves violaciones al derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y asociación, cometidas desde dicho año por el Poder Judicial brasileño y la legislatura en curso. Varias decisiones judiciales y las enmiendas relativas a las protestas fueron en realidad meras herramientas de censura destinadas a prevenir o impedir a los protestantes expresarse.

Anteriormente, en 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó que la Policía Militar Brasileña fuera abolida, puesto que las fuerzas militares pertenecen a una época de guerra y no tienen lugar en una sociedad democrática; el estilo de estas fuerzas se vislumbra como un claro remanente del régimen dictatorial y en tiempos actuales sólo deben ser utilizadas como último recurso para contener serias amenazas al orden público.

Sin embargo, durante las últimas movilizaciones, las autoridades brasileñas las han usado de manera preventiva, reaccionando a los incidentes “amenazantes” con violencia extrema. Este tipo de represión genera aún más violencia y aumenta la probabilidad de protestas con giros impulsivos.

Otro rasgo de las protestas sucedidas desde 2013 fueron las detenciones arbitrarias, característica común en las 2,013 protestas llevadas a cabo en Brasil.

De acuerdo a la organización no gubernamental ARTÍCULO 19, al menos 2,608 personasfueron detenidas en 32 protestas, la mayoría en junio y octubre, muchos sin alguna justificación legal.

Según la ley, es primordial que una persona sea considerada inocente, y nadie puede detenerla sin pruebas de actividad ilegal. Sin embargo, muchas de las detenciones durante los levantamientos brasileños se realizaron antes de las respectivas investigaciones o sin pruebas convincentes.

Los principales cargos criminales utilizados por la policía fueron:

  • Conspiración.
  • Daños ambientales.
  • Daño a la propiedad pública.
  • Desprecio.
  • Configuración de los incendios.
  • Realizar actos lascivos.
  • Posesión de un arma ilegal o de fuego
  • Diversos cargos en virtud de la Ley Nacional de Seguridad.

Los puntos citados, además del uso de armas “no letales” en contra de manifestantes y periodistas, la desregulación de las normas a las cuales deben estar apegadas las fuerzas del orden, las acciones militares implementadas, y las infiltraciones y violaciones a la privacidad de los protestantes; muestran la gama de irregularidades en las que recae el estado Brasileño, además de revelar la falta de control, capacitación y protocolos respecto a la actuación policial en manifestaciones.

Mientras que la mayoría de los manifestantes recurren únicamente a pancartas, cámaras y videocámaras, los policías se arman con pistolas, balas de goma, y gases lacrimógenos.

El abuso del poder por parte del gobierno y las autoridades brasileñas gira en torno a la mala aplicación de la legislación de la cual se amparan y su amplia violación a los derechos humanos y a las conductas internacionales.

A medida que el centro de atención mundial recaía en Brasil para la Copa del Mundo 2014, la propia meta de Brasil eramostrar su efectiva respuesta a las protestas generalizadas previo a los juegos con una campaña de intimidación, la creación de una legislación apresurada, y la aplicación de las viejas tácticas usadas en el antiguo régimen autoritario por parte de la policía, que ven las protestas como amenazas a la “paz” en lugar de dedicarse a conducirlas legítima y responsablemente.

En respuesta, la comunidad internacional ha buscado definir el derecho a la protesta, examinar e identificar las restricciones legítimas que los Estados pueden imponer en cuanto al derecho de reunión y la libertad de expresión.

Aún así, sería sumamente valioso destacar la importancia que tiene hacer un exhorto al Estado Brasileño a poner un alto al despojo del pueblo a su derecho de protesta, revisando y modificando las nuevas leyes redactadas de manera acelerada, reformándolas, y modernizando las fuerzaspoliciales brasileñas, de modo que estas vean por el beneficio colectivo del país,  y así se logre un establecimiento equilibrado de una nación tolerante y humana favorable a los derechos.


Fuente Consultada: “Brasil’s Own Goal, Protests, Police and the World Cup” Article 19. 2014. Disponible en: http://www.article19.org/data/files/medialibrary/37570/Brazils-own-goal—WEB.pdf

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