a J.J.R.P. por revivir mi interés por el tema

Todas las sociedades y los individuos (excepto algunos que se abrazan a un tema y se mantienen tratando de llegar a su esencia última y definitiva) tenemos una gran semejanza con los “banderlog”, esos monos descritos por Kipling en El libro de las tierras vírgenes, los cuales abandonaban el interés por un asunto en cuanto ocurría otro evento (en su real significado, no el de un acto programado).

Apenas pasó el centésimo aniversario de la Constitución de 1917, lo que ameritó diversas reflexiones (como siempre unas más profundas y otras más oficialistas) todo parece estar centrado en la preocupación por el primer ladrillazo que puede venirnos, accidental o deliberadamente, del muro que se ha propuesto construir el personaje que hoy concentra nuestra mayor atención y merece cuanto epíteto se nos ocurre. Baste leer “Desunión nacional” de Enrique Krauze, en el cual casi imagina a los equivalentes de los generales Taylor y Scott tomándose un cafecito en un Starbucks del Paseo de la Reforma (el que está frente a la glorieta de Colón, por ejemplo); se trata un artículo impropio de un historiador de fuste y fusta, como diría Gil Gamés.

Pero vuelvo a las reflexiones acerca del texto aprobado en Querétaro en el 17 del siglo pasado. De ellas me ha quedado claro que su artículo 27 ha sido, en buena medida, un factor determinante de la vida económica, política y social de México.

Como este es un asunto del que no me he enterado por los libros, sino que la vida me dio la oportunidad de vivirlo, las reflexiones recientes han removido algunas de mis certezas, las cuales había mantenido estacionadas (aparcadas, dicen hoy los españoles, tan castizos ellos) en mi mente y, por ende, en mis convicciones.

Pues bien, una primera lectura de los contenidos de los textos publicados en revistas y diarios, a los cuales me ido asomando poco a poco y encontrando cosas grandes y maravillosas (dado el tamaño de mi ignorancia), ha puesto en tela de duda tales certezas e, incluso, me han llevado a pensar que si algún ordenamiento constitucional y su evolución han tenido un impacto negativo en el desarrollo nacional ha sido, precisamente, lo que se plasmó en el citado artículo 27 y en sus versiones subsiguientes.

Entre los textos que he leído, el de Emilio Kourí[1] (La promesa agraria del artículo 27, en Nexos de febrero de este año) es donde he encontrado elementos que deberían llevarnos a rastrear la gestación, redacción y cambios de ese artículo contitucional.

En ese rastreo, podemos dejar de lado –al menos por el momento- la puerta que abrió el 27 para dar fundamento jurídico a la expropiación petrolera y concentrar nuestra atención en su vertiente agraria.

Sin pretender adelantar conclusiones, pues estoy dando (quizá tardíamente) los primeros pasos en el conocimiento de la génesis y evolución del referido artículo 27, me parece que la lectura del texto de Kourí ofrece pistas que hay que revisar con cuidado, si el propósito es buscar mejores senderos para transitar hacia una mejoría en materia de desarrollo rural y sus impactos, en nuestro país.

No puedo dejar de admitir que en el tiempo en que me tocó estar en contacto directo con el tema, lo establecido en el contenido vigente del 27 ese momento era dogma de fe y que, cuando se reformó años después, para incorporar tierras ejidales al mercado del suelo urbano, aquello sonaba a herejía.

Kourí es de los pocos que hacen obvia la distinción entre nación y Estado (lo cual merece un aplauso) y tiene la virtud de ofrecernos una serie de referencias, que pueden servir de pistas para el análisis del 27, las principales de las cuales me limito a enlistar:

  • Significado de la palabra ejido en las leyes de España y de la Colonia.
  • La tenencia de la tierra en el Plan de Ayutla en 1854.
  • Ley Lerdo de 1856.
  • Artículo 27 de la Constitución de 1857.
  • Decreto del 6 de enero de 1915 (que todavía se celebra).
  • Versión original del artículo 27 en la Constitución de 1917.
  • Invento y configuración del ejido entre 1920 y 1940.
  • Reforma de 1934.
  • Reforma de 1942.
  • Enmienda de 1947.
  • Reforma de 1992.

Rescato una afirmación de Kuorí que me parece relevante en relación con una discusión más que sesquicentenaria: “…si bien el cardenismo le cerró la puerta a la posibilidad de subdividir la propiedad comunal en predios individuales con dominio pleno, la reforma constitucional de 1992 la ha vuelto a abrir, prueba de que ese fantasma sigue aún vivo”.

En el análisis de este trascendental tema se tiene que incorporar la valoración de los resultados económicos y sociales de la aplicación en la práctica del dichoso artículo 27.

Lo anterior sin olvidar lo correspondiente al manejo político de la materia agraria. Para tener un referente, baste con apuntar que el texto constitucional original consignaba que en el futuro los “Congresos federales y estatales expedirían leyes en las cuales ‘se fijará la extensión máxima de tierras de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida’…”.

Nomás imaginemos la clase de bocado de cardenal hubiera sido la aplicación de ese principio para gobernadores como el quintanarroense Borge Angulo. Sin dejar de recordar el papel que desempeñó ininterrumpidamente la Confederación Nacional Campesina (CNC) a lo largo de más de seis décadas, en apoyo a los gobiernos federales emanados del PRI.

Existe una amplia bibliografía acerca de la cuestión agraria en nuestro país. Uno de los trabajos más amplios es el estudio titulado Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, coordinado por el ingeniero Sergio Reyes Osorio y publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1974 (1174 páginas).

A pesar de que existen más de 30 mil núcleos agrarios (entre ejidos y comunidades), que ocupan más de la mitad del territorio nacional, con todas las implicaciones que ello conlleva, el debate del tema no parece ser una preocupación central en los ámbitos académicos e intelectuales, en general.

Desde luego, algunos de mis amigos me acusarán de iconoclasta y cosas peores (como neoliberal y neoporfirista, calificativos en boga en estas épocas preelectorales), por poner en tela de duda las bondades de la política agraria de los regímenes emanados de la Revolución.

Tal vez por eso viene a mí, el recuerdo culpable del himno que comenzaba diciendo: “Marchemos agraristas a los campos, a sembrar la semilla del progreso…etc.”

[1] Emilio Kuorí, es profesor e investigador del departamento de historia de la Universidad de Chicago y ha publicado un buen número de textos referidos a la situación agraria en México.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *